22 marzo,2024 10:03 am

La investigación del asesinato de Kothan no se encamina a la verdad y justicia, advierten

 

El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, insiste en que se abra la línea sobre la presencia del normalista en la protesta en Palacio Nacional. El gobierno sabía que estudiantes de Ayotzinapa tenían la camioneta atacada por policías estatales. Se debe investigar a Ludwig, Solano y la ex fiscal, sostiene. SSP, FGE y FGR, responsables de la fuga del policía que le disparó al normalista

 

 

Chilpancingo, Guerrero, 22 de marzo de 2024. En la investigación del asesinato del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta falta abrir la indagatoria de la responsabilidad de los altos funcionarios que renunciaron, de la fuga del policía que disparó y la línea sobre la participación del normalista en la protesta en el Palacio Nacional de la Ciudad de México un día antes del crimen en Chilpancingo.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, analiza en entrevista los acontecimientos y considera que como se observa actualmente, la investigación no se encamina a la verdad y la justicia.

El 18 de junio un juez federal con sede en Acapulco vinculó a proceso a dos policías detenidos como responsables del homicidio, identificados como Francisco “N” y Sigifredo”N”, y un tercer policía, David “N”, el principal implicado porque presuntamente es quien disparó la bala en la cabeza del estudiante, sigue prófugo. Según información recabada con defensores de la familia de Kathan, los principales elementos que presentó la Fiscalía General de la República en el juzgado prueban que los agentes actuaron con uso excesivo de la fuerza.

 

La protesta en el Palacio Nacional

El abogado de Tlachinollan plantea que el uso excesivo de la fuerza es una línea, pero es fundamental investigar si el asesinato de Yanqui Kothan tiene relación con su participación en la primera línea de la protesta en el Palacio Nacional, el 6 de marzo, cuando los normalistas derribaron una puerta del histórico edificio.

Los manifestantes pretendían entregar al presidente Andrés Manuel López Obrador un documento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos que piden diálogo con el mandatario. Ahí estuvo Yanqui Kothan, como se muestra en los videos difundidos.

Al día siguiente en la noche, Kothan y dos estudiantes más iban de Ayotzinapa a Chilpancingo en una camioneta que alumnos tomaron el 29 de febrero y la tenían en la escuela. En la entrada a la ciudad , fueron detenidos por policías estatales del grupo especial Centauro que dispararon y causaron la muerte del joven de 23 años y detuvieron ilegalmente a sus dos compañeros. De inmediato, la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno del estado fabricaron un informe que dice que los policías actuaron en un retén en persecución de una camioneta robada y que los estudiantes dispararon primero.

Esa versión es desmentida por las pruebas. Vidulfo Rosales argumenta que “las condiciones en que es asesinado: no hay retén, no hay arco de Repuve en ese lugar, dicen ellos que es una camioneta que tiene reporte de robo la que están persiguiendo. En efecto, esa camioneta fue tomada por los estudiantes, el 29 de febrero, y se levantó una carpeta de  investigación, el gobierno tenía pleno conocimiento de que los estudiantes de Ayotzinapa la tenían.  Y ya sabemos que los estudiantes toman camionetas y después negocian y las dejan.

“El gobierno sabía que en esa camioneta iban estudiantes de Ayotzinapa. Por eso es importante la investigación que incorpore la línea relacionada con la protesta en el Palacio Nacional el 6 de marzo”.

Dice que la Fiscalía debe empezar a direccionar la investigación hacia allá, que no quede  fuera de la órbita de las pesquisas la protesta en Palacio  Nacional. Hoy en día la  investigación solamente está girando en torno al exceso policial, al uso excesivo de la fuerza,  es una línea, la más evidente, la más clara, pero no solamente debe investigarse el uso excesivo de la fuerza, sino la protesta”.

 

Renuncias de altos funcionarios, sólo para desinflar protestas

La renuncia de los secretarios de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de Seguridad Pública Rolando Solano Rivera, y la destitución de la fiscal general teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el 14 de marzo, deben ser un paso para que se investigue su responsabilidad, es necesario que se abra investigación contra ellos, plantea el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales.

Expone que las renuncias de los funcionarios, no deben ser un movimiento en el tablero  del ajedrez político nada más para  desinflar la inconformidad social, para aminorar las protestas que tienen lugar y el enojo de los  normalistas y de los padres y madres de familia.

“La destitución de estos funcionarios sería el primer paso para realizar una investigación imparcial, pronta, porque si nada más es un movimiento político, estratégico, para desinflar la inconformidad, el enojo, la protesta, eso no es garantía de justicia, no es garantía de verdad”.

–¿De qué se puede acusar a los secretarios y a la fiscal?

–Hay varios cargos que ahí se pueden dar, cargos  por omisión que pueden ser obstrucción a la justicia, ejercicio indebido de la función pública, hasta privación de la libertad personal por haber permitido que los jóvenes (que viajaban en la camioneta y fueron retenidos ilegalmente) estuvieran desaparecidos, pueden enfrentar cargos de tortura a los mismos detenidos.

–¿Cómo se puede entender la fuga del policía?

Creo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lo dejó en libertad, y eso es producto de que no hay la intención de sancionar a los policías, la SSP nunca los vio como  responsables, al grado de que nunca los puso a disposición del Ministerio Público, ¿cuál debió ser la actuación de la SSP?, inmediatamente que hay una persona asesinada, debió concentrar a los policías, abrir un procedimiento administrativo, quitarles las armas y ponerlos  a disposición de la  autoridad para una investigación, cosa que no hizo.

Explica que los policías fueron  retenidos por la Fiscalía en la vía de los hechos, cuando llegaron con el estudiante detenido. Pero  la Fiscalía comete un error de no decretar su detención legal sino  dejarlos en libertad.

–¿Sería un error?

–Yo creo que fue error de la Fiscalía. Decidió que como la SSP no se los puso a disposición, entonces los dejó libres y no decretó la detención legal.

 

Se va construyendo un andamiaje para la impunidad

El policía David se fugó de las instalaciones de la SSP el martes 12 de marzo porque no estaba detenido sino libre. Vidulfo Rosales explica:

“En primer término es responsable la SSP porque no abrió un proceso administrativo por  uso excesivo de la  fuerza, ni aseguró a los policías ni los puso a  disposición (del MP).

“Y el segundo error es de la Fiscalía General de Justicia que los retiene y les asegura el arma en la vía de los hechos, pero de manera formal no lleva a cabo la detención y los deja en libertad, regresan a la SSP, y la SSP sigue con su omisión, de nueva cuenta no abrió un proceso administrativo, lo abre después. Entonces están en condición de libertad los policías, ahí ya tienen  responsabilidad esas dos instituciones”.

Explica que cuando los policías estuvieron en la FGE, y el MP les tomó declaraciones y pruebas, éstos demandaron amparo por la detención, en contra de la FGE. Esto demuestra que la FGE sí los tuvo detenidos, aunque no hizo los documentos correspondientes, y los deja libres. Formalmente la detención  nunca se llevó a cabo, no hay un documento.

De la responsabilidad de la FGR en la fuga explica que ésta “recibe el expediente desde el viernes en la noche (un día después del crimen), ya totalmente integrado, ya con datos de prueba suficiente para una orden de aprehensión, y no lo hace, pasa domingo, lunes martes y hasta el miércoles gira la orden de aprehensión.

–¿Por qué esa  dilación?

–Desconocemos por qué, ellos (los agentes de la FGR) sabían que los policías estaban retenidos, que estaban en espera de que se les notificara la orden de aprehensión,  entonces no hubo coordinación de la FGR con la SSP para que en lo que se estaba tramitando la orden de aprehensión hubiera una detención legal, hubiera un proceso administrativo por lo menos o arresto, de 36 horas, tiempo suficiente para que la FGR hubiera actuado. Hubo  descordinación y desde mi punto de vista dilación de la FGR, la emisión de la orden de aprehensión fue tardía, y  propició la fuga.

–¿Es incompetencia o hubo una intención de  no detener a los policías?

–Yo creo que en el fondo de estas omisiones e irregularidades estamos hablando de una investigación desaseada,  turbia, en la que la vida de un  estudiante de Ayotzinapa poco vale, poco interesa, da lo mismo que esté un detenido u otro detenido, al fin es un estudiante de Ayotzinapa, no va a haber mayor repercusión aunque haya maquinaciones y turbiedades.

“Pero también hay la intención deliberada de ir construyendo un andamiaje para la impunidad, que al rato permita la salida de los policías. Jurídicamente hay rutas que pueden permitir la liberación. Por ejemplo los policías que estuvieron retenidos, en el juicio de amparo su defensa va a querer invalidar las pruebas que se recabaron mientras ellos estuvieron retenidos en la Fiscalía pero sin que se les declarara detenidos formalmente, ¿y eso qué es?, es un andamiaje de falencias e irregularidades para garantizar la impunidad”.

 

Texto: Maribel Gutiérrez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero 

 

 

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