Diana Luz Vázquez exhibió en lugares públicos al padre de su hija Sabina porque no pagaba la pensión alimenticia y logró que el registro de deudores alimentarios fuera público en Oaxaca. A nivel nacional, este tipo de padrón de padres morosos existe sólo en Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Coahuila y Guerrero
Ciudad de México, 21 de octubre de 2021. En la explanada de Santo Domingo de Guzmán, en el mercado de Juchitán y en el Congreso de Oaxaca, Diana Luz Vázquez Ruiz ha montado tendederos de denuncias con más de 20 fotografías. Esta protesta no es para evidenciar, como tradicionalmente se hace, a agresores sexuales, sino a padres que adeudan la pensión alimenticia de sus hijas e hijos.
Cuatro años pasó Vázquez Ruiz en los juzgados sin tener éxito en obtener el monto que el papá de su hija Sabina está obligado a aportar según el Código Civil federal, y que ella tiene el derecho de pedir. Eso la llevó a encabezar en su entidad la lucha contra la violencia económica hacia las madres solteras.
“Tengo la historia de mi mamá, de mi abuela, de mis tías, en donde los hombres no se hicieron responsables. Yo no quise repetir esa historia encubierta con frases como: ‘déjaselo a Dios’ o ‘estás joven, puedes sola, no pidas limosnas’. Tenía que romper con esto”, cuenta en entrevista la también integrante de Las Constituyentes Feministas Mx.
Diana Luz Vázquez Ruiz se niega a pertenecer a ese 67.5 por ciento de madres solteras en México sin manutención para sus hijas e hijos, y que Sabina forme parte de la estadística de tres de cada cuatro niñas y niños de padres separados que no reciben pensión alimenticia, según datos de la Gaceta del Senado.
El 15 de septiembre de 2021, con su activismo Diana Luz logró que la 64 Legislatura local aprobara que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos fuera público y estableciera un certificado de no adeudo de pensión como nuevo requisito para acceder al matrimonio, contratos públicos y créditos financieros.
Ahora, junto con abogadas y otras colectivas feministas, lucha en el Senado para que la “Ley Sabina”, que lleva el nombre de su hija, se aplique en todo el país. A nivel nacional el registro de deudores alimentarios existe sólo en Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Coahuila y Guerrero.
Conforme a su experiencia, Vázquez Ruiz asegura que el camino para que los padres cumplan con el derecho de sus hijas e hijos está minado con trabas que las hacen desertar. Afirma que las madres que logran una sentencia en los tribunales muchas veces no tienen ninguna garantía del cumplimiento.
“Tuvimos la tragedia de encontrar muchas historias como la mía. El miedo, la vergüenza, la cultura patriarcal hacen que callemos”, lamenta.
TikTok como espacio de sensibilización
Desde otra trinchera Alba Bautista Ramos, abogada oaxaqueña, abona a esta lucha. A través de TikTok brinda orientación jurídica a mujeres y parodia los pretextos que ponen los padres de familia para no cumplir con su obligación.
La idea surgió por su propia historia. El papá de su hija argumentaba que no daba pensión alimenticia porque ella era “mala madre”.
“Empecé a hacer esto porque el contexto sanitario –por la pandemia de Covid-19– nos impedía hacer activismo de calle. Las redes sociales aumentaron su uso y era entrar a un espacio de socialización”, explica.
TikTok, dice Alba, “es un espacio generoso y fluido que me permitió visibilizar y desnormalizar la problemática en todas las partes del país a donde pudiera llegar el contenido. Quería ser un punto de reflexión y dar a conocer de una manera muy fácil que la mayoría de nuestras actitudes devienen de estereotipos”.
Desde su punto de vista, lograr la erradicación de este tipo de violencia requiere de acciones integrales y transversales con perspectiva de género que involucren a padres y madres de familia.
“Debemos de sensibilizar a los hombres sobre paternidades cariñosas y responsables”, enfatiza la abogada.
Pensiones alimenticias en otras latitudes
Rocío Corral Espinoza Monsiváis, directora general del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, ubicado en Ciudad de México, señala que el abstenerse de cumplir con las obligaciones alimentarias es una de las formas de violencia más recurrentes contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
A partir de esta realidad fue que en la capital del país se logró el primer Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam). La abogada feminista considera que, si bien éste no ha tenido el impacto que se esperaba porque los padres de familia siguen evadiendo su responsabilidad, sí es una herramienta necesaria.
“Aunque es buena por sí misma la iniciativa, se tiene que detallar más de manera que tenga el efecto que se buscaba al momento de su incorporación a la legislación. No es una lucha en vano, pero hay que estar atentas, como en todos los derechos que hemos ganado las mujeres. Si bien es cierto que hay sanciones para el deudor, también hay que estar conscientes de que no va resolver el incumplimiento”, reconoce.
Como obstáculos a la efectividad del Redam, Rocío Corral ubica la falta de perspectiva de género en los juzgados. “Si todos los papás fueran responsables y se pudiera llegar a acuerdos, por supuesto que no habría juicios. Cuando hablamos de hombres que incumplen con sus obligaciones alimentarias estamos hablando de hombres violentos, por lo tanto se requieren sanciones ejemplares”.
Por la vía penal, de enero hasta agosto de 2021, en toda la República habían sido presentadas 15 mil 495 denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Este delito lo comete “quien injustificadamente deje de satisfacer obligaciones alimentarias, no suministrando a otro los recursos necesarios para que subsista”.
Las entidades con mayor número de denuncias son Estado de México (mil 719), Sonora (mil 644) y Guanajuato (mil 331). En contraparte está Jalisco (0), Campeche (1) y Durango (63).
En el libro El Registro de deudores alimentario morosos, la abogada María del Carmen Montoya Pérez recopila las acciones que otras naciones han adoptado en este sentido. Por ejemplo, en Francia, desde 1985 cuando un padre incumple el Estado paga a los acreedores la pensión a título de adelanto y se la cobra al deudor, a quien se le retira la licencia de conductor.
En Suecia, Dinamarca, Alemania, Suiza, Noruega y Finlandia, el Estado también adelanta las cuotas alimentarias. En España se le retiene el salario a los papás deudores, así como las devoluciones de impuestos, hay embargo de cuentas bancarias y bienes, detracción de prestaciones de la seguridad social y hasta prisión.
Estados Unidos sanciona a los papás deudores con no renovar su licencia de conducir, cierre de cuentas bancarias, impedimento de acceder a su jubilación y, en caso de reembolso de impuestos, lo intercepta para cubrir la deuda.
Pero estas medidas no sólo ocurren en países desarrollados. En América Latina, Uruguay, El Salvador, Colombia y Ecuador les prohíben la salida del país.
Texto: Citlalli López
