29 marzo,2022 4:31 am

La Marina manipuló el basurero de Cocula y se comenzó a tejer la verdad histórica sobre los 43: GIEI

En su tercer informe, los expertos dan a conocer un video grabado con un dron de esa corporación el 27 de octubre de 2014, que les fue entregado por orden del presidente López Obrador, en el que se ve a marinos accionando en el lugar al que dos horas después llegan el procurador Murillo y Tomás Zerón. Infiltrados del Ejército reportaron desde autobuses de los normalistas los ataques de Iguala. Hubo orden expresa de seguir a los estudiantes de Ayotzinapa dos días antes del 26 de septiembre. Para obstaculizar la investigación, 20 personas que pudieron tener información de los hechos han sido asesinadas, señalan

 Ciudad de México, 29 de marzo de 2022. Un video grabado por el aparato de inteligencia de la Secretaría de Marina (Semar), y muestra una actuación que no está registrada en la investigación del caso Ayotzinapa, en la que elementos de la Marina manipularon el basurero de Cocula antes de las primeras diligencias oficiales y el mismo día en que comenzó a tejerse la “verdad histórica”, revela el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El documento, presentado en la Secretaría de Gobernación, contiene el análisis de las imágenes captadas el 27 de octubre de 2014 por un dron de la Marina, ANX 3501, que de acuerdo con fuentes consultadas sólo entra en operación con la autorización del secretario de Marina, del jefe de inteligencia naval o del presidente de la República.

La grabación de la aeronave no tripulada –que despegó de Zacacoyuca, Guerrero– comenzó a las 6:39 horas, cuando dos camionetas de la Marina ya se encontraban en la parte alta del basurero, a unos 15 metros de 3 bultos blancos que se ubican sobre la ladera que da hacia el fondo del vertedero.

En otro momento del video, luego que el dron sobrevoló por varios minutos otras zonas aledañas, se observa que los marinos han prendido una fogata y ya no se encuentran los bultos blancos.

A las 8:31 horas, al lugar llegar un convoy de seis camionetas de la PGR y la Semar, en las que se encuentra el entonces procurador Jesús Murillo Karam y el jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón.

En las imágenes no se aprecia qué contenían los bultos blancos. Ni se logra dimensionar el fuego. Pero ese día comenzó a tejerse la versión oficial de Murillo Karam, conocida como la “verdad histórica”, según la cual los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.

La investigación del caso fue asumida por la PGR el 7 de octubre de 2014 y 20 días después, cuando la Marina intervino antes que nadie en el basurero de Cocula, el procurador Murillo Karam, en compañía de Tomás Zerón, ofreció una conferencia de prensa en la que anunciaron la detención de cuatro integrantes de Guerreros Unidos y hablaron por primera vez del basurero de Cocula.

Entre los detenidos estaban Patricio Reyes Landa El Pato y Agustín García Reyes El Chereje, quienes fueron torturados y eran el sustento de la verdad histórica.

En los videos a los que tuvo acceso el GIEI y que fueron mostrados en la conferencia de prensa de este lunes, se observa que la mañana del 27 de octubre de 2014 hubo en algún momento más de 40 personas en el fondo del basurero.

En esa zona, donde el Equipo Argentino de Antropología Forense encontró restos humanos que no eran de los normalistas, los funcionarios de la Marina y la PGR estuvieron varios minutos removiendo objetos y, aparentemente, vertiendo otros.

A las 10:00 horas, un helicóptero se aproximó al basurero, como si hubiera querido aterrizar, pero sólo levantó polvo e hizo que el material de la zona saliera volando, y volvió a levantar el vuelo.

Pasado el mediodía, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) llegó al basurero de Cocula, pero antes todo el personal que estaba al fondo dejó esa zona y se colocaron para esperar a los forenses y bajar.

Al día siguiente de la grabación, el 28 de octubre, en otra diligencia que no fue registrada oficialmente, Tomás Zerón llevó a El Chereje al Río San Juan, lugar donde según la verdad histórica habrían lanzado los restos de los normalistas cremados.

En la conferencia de este lunes, Buitrago recordó que antes del análisis del video que se presentó, sólo sabían que marinos participaron en detenciones y traslados de presuntos implicados. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Semar le dijo que también envió buzos a la búsqueda en el río San Juan.

Precisó que hasta el 26 de octubre de 2014,  la versión del basurero de Cocula apareció en el expediente, obtenida bajo tortura.

Saben también que el basurero de Cocula estuvo resguardado por la Policía Estatal desde el 5 de octubre del mismo año.

El 12 de octubre, soldados de la Sedena estuvieron en el basurero, y reportaron que no hallaron nada, que consta en documentos oficiales.

Sin embargo, el 27 de octubre, la PGR reportó el descubrimiento de los restos en el basurero de Cocula, donde “hubo más de 40 personas recorriendo el basurero de Cocula desde 6:30 hasta las 11 de la mañana. Nunca se informó en la investigación”.

Ocultamiento, simulación, alteración y destrucción de evidencias

Desde el primer día y durante cinco años, hubo ocultamiento y simulación en la judicialización del caso Ayotzinapa, pese la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta administración, de proporcionar toda la información al GIEI, denunció Ángela Buitrago.

En conferencia de prensa con los expertos Claudia Paz y Paz, y Francisco Cox, Ángela Buitrago dijo que corroboraron simulación de funcionarios que ocultaron, modificaron información y negaron conocimiento de los hechos desde la desaparición de los 43  normalistas, en el inicio de la investigación por todas las autoridades en octubre de 2014, y cuando la Procuraduría General de la República, ahora FGR, atrajo el caso.

“El primer ejemplo de la simulación, es la decisión de captura de personas u objetivos que de una u otra manera llegan y dejan dentro del contexto particular, como posibles responsables. La verdad se perdió, no significa que no se pueda recuperar. La justicia se venció, la reparación va a ser muy compleja”.

Asimismo, mencionó denuncias anónimas que nunca existieron,“creadas de manera ficticia por funcionarios de la PGR”, documentos con aseveraciones y puestas a disposición falsas en diferentes instituciones.

Confirmaron no sólo la destrucción de evidencias en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, también que “gran porcentaje de diligencia refleja una serie de hechos que no corresponden a la realidad durante cinco años”.

Aclaró que desde 2018, la instrucción de López Obrador a todas las instituciones fue facilitar información a los expertos, incluso antes de formalizar el regreso del GIEI.

“No obtuvimos información en 2018, ni en 2019, a principios de 2020 nos entregan algunos documentos requeridos de manera específica”.

Como anécdota señaló que una de las respuestas fue: ¿Tienen los números de los oficios para poderlos mandar?. Así recurrieron dos veces al mandatario y con el apoyo de Alejandro Encinas, comenzaron a revisar archivos en 2021.

Sobre el video de la Marina detalló: “Por indicación clara del presidente, de que se nos debería entregar absolutamente todo, nos entregaron en Semar desde ese primer momento, este material que no se solicitó antes porque no lo conocíamos. En el primer contacto inmediatamente nos lo entregan. Son más de cien horas de grabación, unos 50 videos bajo resguardo.

Aunque hay instituciones que no les entregan los documentos. “Sí, responden al principio, y encontramos que las respuestas no corresponden a la realidad”.

Francisco Cox, aclaró que no es facultad del grupo señalar responsabilidad, lo cual corresponde a la unidad de investigación de la FGR.

La recomendación “es investigar a toda la cadena de mando, a quiénes hayan tenido una participación en los hechos, indagar hasta el fondo cuál es el nivel de conocimiento y cuál es la actividad que no dejaron de desplegar”.

Infiltrados del Ejército reportaron desde autobuses de los normalistas los ataques de Iguala: GIEI

 Dos días antes del 26 de septiembre de 2014, hubo una orden expresa de autoridades militares de dar seguimiento a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ya infiltrados por dos agentes de inteligencia que seguramente aportaron desde los autobuses información minuto a minuto de los ataques en la noche de Iguala, informó Claudia Paz y Paz del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En esta etapa del mandato, se confirmó que estudiantes detenidos desaparecidos fueron llevados esa noche a barandillas de la Policía Municipal de Iguala, y hubo procesos disciplinarios en el interior de las fuerzas armadas a quienes negaron haber estado en ese lugar la noche de los ataques; “hubiera sido de vital importancia (saberlo antes) para esclarecer el caso, pero no fue entregada a las autoridades, sino hasta ahora”, reclamó.

En la presentación del tercer informe, donde se detallan las obstrucciones para el acceso a la verdad y la justicia, el experto Francisco Cox, también informó que 22 personas, que pudieron tener información de los hechos, están muertas y sólo dos fallecieron por muerte natural.

“Llama atención el caso de Salgado Román, muerto  con 22 disparos en un operativo policial”, indicó en conferencia de prensa en la Ciudad de México.

En la exposición del documento, la experta Claudia Paz y Paz, señaló que tienen información de que al menos durante diez años, hasta el día de los hechos, hubo “un seguimiento histórico casi contra insurgente” a las actividades de la escuela y de los estudiantes, infiltrados entonces por dos elementos de inteligencia.

“Inclusive, uno de los desaparecidos se encontraba en situación de fachada dentro de la escuela”, confirmó la versión extendida de que un desaparecido era un militar en activo.

Recordó que los militares “manejaban el C-4, contaban con Obvis (agentes en carretera) siguiendo el trayecto de los estudiantes, también, de los hallazgos, los mismos estudiantes que iban en los autobuses estaban infiltrados. Ahora tienen datos confirmados de que había agentes de inteligencia, que llaman ‘fachada’ en los documentos militares, que se encontraban en los autobuses, y seguramente estaban informando de lo que acontecía”.

Sin embargo, cuando se le requería información, por ejemplo de la violencia en el estado y particularmente de Iguala, se negaban a proporcionarla, cuando el Centro de Coordinación Guerrero Seguro contaban con datos pormenorizados de siembra, trasiego, cultivo de enervantes, fabricación de heroína, y del trasiego en autobuses, una línea de investigación que propusieron desde el primer informe.

“Que se transportaba (droga) a través de autobuses, no era ninguna novedad, pero esa información siempre se nos ocultó, es como la noche del 26, cuando se tuvo información clara de intervención de comunicaciones en tiempo real, por parte de autoridades en Iguala y a nivel nacional, de lo que estaba ocurriendo en la detención y posterior desaparición  de los estudiantes”.

Consideró que “hubiera sido de vital importancia para esclarecer el caso, pero no fue entregada por las autoridades, sino hasta ahora”.

Por las contradicciones que identifican en las declaraciones de integrantes del Ejército, ahora también saben que hubo  investigaciones paralelas a las que todavía no tienen acceso.

Una de estas informaciones, son acciones disciplinarias al interior de las fuerzas armadas contra efectivos, por negar información relevante, como el hecho de que estuvieron en barandillas el día de los hechos, donde sí hubo estudiantes detenidos.

archivos militares y de inteligencia ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cox lamentó no poder informar el destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa, debido a la destrucción de evidencias, el ocultamiento de información y construcción de una mentira desde las más altas esferas”.

En este proceso de obstrucción, aclaró que no se puede dejar de mencionar la labor que desempeña el crimen organizado, “hay 22 personas relacionadas que pudieron tener información,  que han muerto, sólo dos por muerte natural. Entre ellos, Salgado Román, con 22 disparos, en un operativo policiaco.

En este último periodo que han conseguido más información, recomendó  que la Sedena ponga a disposición de la unidad especializada de investigación, toda información certificada que se le ha requerido, para que se judicialice.

Lamentó que tampoco haya indicios de vida de los 43 normalistas desaparecidos; las informaciones sólo dan cuenta de fosas, por lo que consideró fundamental que las autoridades encargadas de entregar información, tengan la sensibilidad de no crear falsas expectativas a los familiares de los 43, procesando antes cualquier información que se tenga del caso, para no generar revictimización.

Recordó que el GIEI siempre ha dado recomendaciones estructurales, en este tenor, señala que todas desapariciones en el país, “cien mil al menos”, tienen derecho a que las máximas autoridades instruyan a la instituciones  militares a proponer la información que disponen.

Así como los familiares de los 43 tienen reuniones periódicas con autoridades, debe haberlas con los familiares de otros desaparecidos.

Como punto final, Ángela Buitrago elevó una denuncia para que se investiguen absolutamente todos los hechos, no sólo de lo que observaron en este informe, sino otros que se entregarán directamente a la FGR.

La señora Hilda Hernández, mamá César Manuel González Hernández, uno los 43 estudiantes desaparecidos, reconoció la importante labor del GIEI, y añadió que hoy el movimiento fijará una postura en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.

Texto: Agencia Reforma y Lourdes Chávez / Foto: Cuartoscuro

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