Gaspard Estrada
La muerte de 132 personas durante una operación policial en Río de Janeiro ha abierto un profundo debate en Brasil sobre el uso de la fuerza estatal, el racismo estructural y la ineficacia del modelo de seguridad pública que el país arrastra desde hace décadas.
El operativo, considerado la redada más letal en la historia moderna de Brasil, fue lanzado el martes por la policía estatal de Río, con el objetivo de desarticular al Comando Vermelho (Comando Rojo), una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas del país. Según la Defensoría Pública, la cifra real de muertos –132 personas– duplica ampliamente el balance oficial del gobierno, que reconoció 58 fallecidos, incluidos cuatro policías.
La operación, que movilizó a 2 mil 500 agentes y soldados, fue planificada durante meses. La estrategia consistía en acorralar a los sospechosos hacia zonas boscosas donde unidades especiales los esperaban para emboscarlos. Allí ocurrió la mayoría de las muertes. Testimonios de vecinos describen ejecuciones sumarias, allanamientos violentos y cuerpos abandonados en las calles.
El gobernador de Río, Cláudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, celebró el operativo como un “éxito histórico”, destacando la incautación de 118 armas y más de una tonelada de drogas. Pero la escena de familiares alineando cuerpos frente a la sede del gobierno y gritando “¡asesinos!” convirtió la narrativa oficial en símbolo de un Estado que responde a la pobreza con balas.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostró “horrorizado” por la magnitud de la tragedia y pidió al ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, exigir explicaciones al gobierno regional. El magistrado Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo, ordenó una investigación sobre la legalidad del operativo y convocó una audiencia con las fuerzas policiales.
Más allá de la coyuntura, la masacre evidencia un problema histórico: el modelo de seguridad militarizada que domina las políticas brasileñas desde la dictadura. Las incursiones en favelas –espacios donde conviven desigualdad, informalidad y ausencia estatal– suelen justificarse como “lucha contra el crimen”, pero en la práctica dejan cientos de muertos cada año, la mayoría jóvenes, negros y pobres.
La redada en la Penha y el Complejo del Alemão revive recuerdos de episodios como Jacarezinho (2021), con 29 muertos, o Carandiru (1992), cuando 111 presos fueron ejecutados por la policía. En todos los casos, el patrón se repite: operaciones masivas, altos costos humanos y escasos resultados estructurales.
El Comando Vermelho, nacido en las cárceles en los años 70, creció en los márgenes de la desigualdad urbana y hoy controla parte del tráfico de drogas y armas en todo el país. Su expansión, según analistas, demuestra que las estrategias represivas no han debilitado al crimen organizado, sino que lo han fragmentado y multiplicado.
El gobierno de Lula enfrenta ahora una doble presión: combatir la violencia sin reproducir los abusos policiales. Aunque el presidente ha insistido en la necesidad de “una política de seguridad con derechos humanos”, la falta de coordinación entre los niveles federal y estatal –y la resistencia de las fuerzas policiales– limita cualquier intento de reforma.
Las consecuencias políticas también son inmediatas. A menos de dos años de las elecciones nacionales, la seguridad se perfila como uno de los temas centrales del debate público. Según una encuesta del instituto Paraná Pesquisas, la mitad de los brasileños percibe un deterioro en la seguridad durante el actual gobierno.
Para muchos analistas, lo ocurrido en Río no fue solo una redada fallida, sino la expresión más cruda de una guerra social no declarada, donde el Estado combate a los síntomas –las bandas criminales– sin atender las causas estructurales: la desigualdad, la exclusión y la impunidad policial.
Mientras el país asimila la magnitud de la tragedia, las familias de las víctimas siguen esperando justicia y reconocimiento, en medio de un clima de miedo y silencio que, una vez más, retrata a Brasil como una nación atrapada entre el crimen y la represión.
* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)
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