Texto: DPA / Foto: EFE
Madrid, España, 14 de marzo de 2018. La muerte del pequeño Gabriel, el niño de ocho años que apareció estrangulado en el maletero de un vehículo el domingo, ha avivado en España el debate sobre la “prisión permanente revisable” en vísperas de se vote su posible derogación en el país.
La máxima pena privativa de libertad del Código Penal español, una de las más duras de Europa, fue introducida en 2015 por iniciativa del gobernante Partido Popular (PP) para evitar que delincuentes condenados por crímenes graves salieran de prisión y reincidieran.
La oposición la recurrió poco después en bloque ante el Tribunal Constitucional al considerar que se trata de una “cadena perpetua encubierta” y que vulnera la Carta Magna, que establece que las penas deben estar “orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.
Pendientes todavía de la resolución del alto tribunal, los partidos votarán el jueves en el Parlamento una propuesta para derogar esta figura, que supone pena de cárcel por tiempo indefinido sujeta a revisiones cuando se cumplan entre 25 y 30 años de la condena.
También se debatirán dos iniciativas presentadas por el PP y por el partido liberal Ciudadanos para endurecer la pena.
Ya desde su entrada en vigor, la prisión permanente revisable estuvo rodeada de polémica. El PP la aprobó en solitario y cada vez que los medios informan de un crimen cruento en España, como el del pequeño Gabriel, el debate se reabre en un contexto social encendido.
Los familiares de víctimas de algunos de los crímenes más mediáticos de los últimos años en España recogieron recientemente 2.5 millones de firmas para reclamar que la pena siga vigente.
Entre ellos están los padres de la joven Diana Quer, cuyo cadáver fue localizado en diciembre en el norte de España tras una búsqueda de más de un año, y los de Marta del Castillo, una menor asesinada cuyo cuerpo sigue sin hallarse casi una década después de su desaparición.
“No es una cadena perpetua, nosotros sí tenemos una cadena perpetua”, dijo el pasado mes el padre de Diana Quer en un acto de presentación de las firmas en defensa de la prisión permanente revisable.
Según una encuesta publicada en enero por el diario “ABC”, ocho de cada diez españoles la respaldan. El sondeo se realizó días después de la resolución del caso de la joven desaparecida en Galicia.
Ahora, la muerte de Gabriel ha vuelto a desatar una ola de rabia e
indignación en el país, más aún después de conocerse que la autora confesa del crimen es la novia del padre del niño, que fue detenida el domingo mientras transportaba el cadáver en su coche.
El martes, tras el funeral del menor Gabriel Cruz, un grupo de asistentes reclamó a gritos el mantenimiento de la prisión permanente revisable y, a través de la redes sociales, ciudadanos y políticos de partidos como el PP pidieron en los últimos días que siga vigente e incluso que se endurezca. Al mismo tiempo, otros sectores apelan a la calma.
“A estas alturas, la madurez política y democrática debería habernos hecho aprender que el debate sobre cualquier cambio legal con respecto a las penas debe celebrarse en frío y no al calor de los sucesos que conmocionan el país”, expresó el martes en su editorial el diario español “El País”.
La madre del propio Gabriel envió esta semana un mensaje contra el odio en una entrevista radiofónica: “Que no se extienda la rabia, que nadie retuitee cosas de rabia porque ese no es mi hijo y no soy yo”.
El jueves, el debate sobre la prisión permanente revisable se trasladará al Congreso de los Diputados, donde los partidos votarán una proposición de ley presentada por el grupo parlamentario vasco para derogar la pena y, por otra parte, dos enmiendas presentadas por el PP y por Ciudadanos para ampliar los supuestos de su aplicación.
Los socialistas españoles (PSOE), que solicitaron retrasar el debate parlamentario hasta que se pronuncie el Constitucional, acusan al PP y a Ciudadanos de “hacer política con el dolor” de las víctimas y calificaron su postura de “electoralista y oportunista”.
“No es una cuestión baladí. Lo apoya el 80 por ciento de la gente”, contestó el martes el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando. “Lamento que haya gente que diga que esto es oportunista.
Es de justicia y el Código Penal está para prevenir”, añadió.
Desde su entrada en vigor, la prisión permanente revisable solo se ha aplicado a una persona: un hombre condenado por matar a sus hijas de cuatro y nueve años con una sierra eléctrica y un cuchillo de cocina.
(En la imagen: Ana Julia Quezada, de rojo con una capucha, supuesta responsables de asesinar al menor Gabriel)
Juez prorroga la detención de la mujer dominicana que mató a niño español
Un juez español prorrogó hoy miércoles hasta mañana la detención de la dominicana Ana Julia Quezada, que el martes confesó ser la autora de la muerte del niño Gabriel Cruz, un caso que ha conmocionado a España desde la desaparición del pequeño de 8 años el 27 de febrero pasado.
Quezada, de 44 años, prestó este miércoles declaración ante un juez de Almería, provincia del sureste español donde tuvieron lugar los hechos.
Según informaron a Efe fuentes judiciales, la prórroga de la detención se produce para realizar nuevas pruebas, por lo que la mujer volverá al juzgado mañana a declarar de nuevo.
Las fuerzas de seguridad encontraron el cadáver del niño el domingo pasado en el maletero de un vehículo que conducía Quezada, quien declaró que le dio muerte después de que el niño la agrediera durante una discusión.
Según su versión, lo golpeó con la parte roma de un hacha y luego lo asfixió, sin ayuda de nadie, el mismo día de la desaparición, en la localidad de Las Hortichuelas de Níjar (Almería). Según la autopsia, mostraba signos de muerte por estrangulamiento.
El cadáver había permanecido en un pozo de una finca del padre del niño hasta que la mujer lo sacó y lo trasladó a la localidad de Vícar (Almería), donde fue detenida.
Quezada, pareja sentimental del padre, se había implicado en la búsqueda y en los actos de apoyo a los padres del niño, Ángel y Patricia, que se mostraban cada vez más angustiados.
Pero los investigadores sospecharon de su actitud. La detenida era investigada desde que el pasado sábado 3 de marzo avisara a los agentes de haber descubierto, supuestamente, una camiseta blanca con restos del ADN de Gabriel en una zona que ya había sido rastreada.
