Advierte el abogado que se está negociando con el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y “los Figueroa”, mediante el grupo de padres que controla el empresario Pedro Segura. Dice que la investigación para dar con los estudiantes está “en un franco retroceso” y que el presidente va a liberar a “todos los militares” implicados
Iguala, Guerrero, 22 de enero de 2024. El abogado de las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene una percepción falsa, errónea y dolosa al señalar que los grupos que los acompañan y sus abogados los tienen de rehenes, atribuyó que lo hace con el afán de querer dividirlos, y denunció que está negociando con el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y “los Figueroa”, mediante el grupo de padres que controla el empresario Pedro Segura Valladares.
Advirtió que están al final de la investigación en este sexenio “en un franco retroceso” con un Fiscal (especial del Caso, Rosendo Gómez Piedra) débil, una subsecretaría de Derechos Humanos y un presidente de la Covaj, Félix Arturo Medina Padilla, que no conoce el caso, y que más que responder a los intereses de la investigación, “responde a los intereses del presidente, un títere del presidente, y básicamente ya no tenemos nada en la investigación”.
Rosales Sierra advirtió que en los próximos días habrá más liberaciones de implicados en este caso, “este es el cierre del gobierno de López Obrador, su compromiso con los militares, él va a liberar a todos los militares, bajo muy distintas figuras, ahorita es la el cambio de la medida cautelar indebida que decretó este un tribunal federal, por medidas irrisorias, por ir a firmar cada ocho días y una garantía de 50 mil pesos”.
Criticó que la liberación de ocho militares señalados de participar en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, es parte del acuerdo de López Obrador de “lavar la cara” del Ejército, y liberar a todos los militares presos bajo distintas figuras, como el cambio de la medida cautelar, “al estilo del viejo régimen que les dieron el sabadazo”, dijo en referencia a la liberación que habría sido en la madrugada del sábado.
“Hoy en día quiere responsabilizar a las organizaciones que nosotros promovimos recursos para liberar a los detenidos, cuando quiera el presidente y cuando quiera el gobierno, estamos abiertos a un debate, para que con claridad se explique de dónde las organizaciones promovimos nosotros ese amparo, nosotros no promovimos ese amparo, ese amparo lo promovió la defensa de los detenidos y fue un Defensor Público Federal quien la promovió”, destacó en respuesta a la aseveración de López Obrador de que las organizaciones promovieron y “celebraron” esas liberaciones.
En declaraciones por teléfono ofrecidas ayer, Rosales Sierra indicó que “ojalá el presidente se pueda pronunciar en su (conferencia) mañanera contra la Juez que los liberó a estos militares, y a ver qué dice, pero yo te aseguro que ahí sí va haber un silencio”.
El viernes durante su conferencia mañanera el Ejecutivo federal señaló que hay grupos que buscan tener como rehenes a los padres y madres de los 43 jóvenes que les impiden tener reuniones directas con él.
El mismo viernes se conoció que la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, ordenó dejar en libertad a ocho militares involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, por lo que llevarán su proceso penal en libertad por el delito de desaparición forzada.
El representante legal de los padres denunció que López Obrador recurre a la división, a la cooptación de los padres de familia, y tiene un afán por querer hablar directamente con los padres en un asunto que es técnico y jurídico, “este (movimiento) no es un sindicato ni una organización campesina, eso le debe quedar claro al presidente; estamos hablando de una organización de víctimas que tienen frente a sí un caso de desaparición forzada en la que están de por medio sus hijos”.
Consideró que sería “ventajoso” y “antiético” para este gobierno abordar con los padres de manera directa este caso, “agarrarlos solos pues, porque el gobierno estaría aprovechándose de la vulnerabilidad y la fragilidad en la que se encuentra este grupo de víctimas”.
Dijo que si el presidente va a hablar de los archivos militares, de los avances que tiene la investigación y de los expedientes, obviamente que los padres necesitan de una asistencia técnica que esté al lado tuyo para que te explique los alcances que tiene una u otra información, “máxime con un gobierno, que hoy en día ya está jugando en contra de ellos, que ya no es aliado de ellos, y que busca fragmentarlos”.
Dicho de otras palabras, indicó, lo que el presidente está diciendo “es yo voy a reunirme solamente con ustedes para engañarlos, para darles información y cuentas alegres”. Puntualizó que hay muchos padres que no están de acuerdo en ir solos a una reunión con López Obrador, “porque han perdido la confianza”.
Al grupo de Pedro Segura debe atendérsele por separado
Dijo que el otro grupo del que habla el presidente son tres o cuatro padres que ya fueron expulsados porque persiguen intereses meramente económicos y “responden a los intereses de los perpetradores”.
Señaló que es un “grupito” de padres “es gente de Pedro Segura Valladares, y responde a los intereses de los Abarca y de los Figueroa”, por lo que pidió a López Obrador que atienda a ese grupo por separado.
“Pero el tema de justicia lo van a atender con los padres de los 43, no con Abarca. Con Abarca que trate aparte sus asuntos. Este grupo son emisarios de Abarca, entonces, que vean el asunto de ellos por separado. Nosotros no trabajamos con Abarca, sino con las madres y los padres de familia, y atendemos a lo que ellos solicitan”, señaló.
Reconoció que en ese grupo sí hay padres que también tienen sus hijos desaparecidos, pero ellos se han apartado de la exigencia de justicia y tienen otros intereses, que se atiendan
Respondió asimismo que es falso que hay organizaciones que tienen como rehenes al grupo mayoritario, pues los abogados no toman las decisiones, y “el interés de los padres de familia, simple y sencillamente es que se sepa dónde están sus hijos”.
“Es decir que hoy en día, Andrés Manuel López Obrador está trabajando con (José Luis) Abarca, ya se alió con Abarca y con los Figueroa, porque este grupo de Pedro Segura responde a los intereses de los Figueroa. Entonces se empeña en trabajar con los Figueroa y con los Abarca, y ha dejado a los padres de familia a un lado”.
Al momento de la llamada, a las 4 de la tarde, dijo sin más detalles, que tenía conocimiento que en ese momento se estaban reuniendo en Chilpancingo con los tres o cuatro padres, “ese es el juego sucio del presidente, esos son los golpes bajos que este presidente está dando, prácticas añejas autoritarias de la captación y de la división, a eso está recurriendo”.
La exigencia de los 800 folios
El abogado reiteró que según las investigaciones que realizaron entre 2019 y 2020 con la revisión de más de 70 mil archivos militares, se detectó que faltan 800 folios ligados a estas investigaciones.
Subrayó que la demanda de los padres es profundizar en las líneas de investigación, avanzar en la extradición de Tomás Cerón de Lucio, y avanzar sobre el paradero, es decir dónde están los jóvenes.
Rosales Sierra cuestionó a López Obrador a cuáles documentos se refiere cuando habla de entregar toda la información en tres meses a los padres que tiene en su poder el Ejército, y le dijo que lo que deben entregar son los 800 folios faltantes, “que no confunda el presidente porque en sus mañaneras ya no se habla de eso”
Señaló que la revisión de los archivos tiene que estar estrictamente ligada con las líneas de investigación, y que quien vaya a revisar los archivos, debe de llevar una metodología clara que debe responder estrictamente a las líneas de investigación, y que quienes saben, dijo, es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y la CoVAJ, concretamente el ex subsecretario Alejandro Encinas.
Mencionó que de la revisión de 70 mil archivos militares se obtuvo información relevante, entre ella el tema de los 17 jóvenes que probablemente fueron trasladados a Barandillas Municipal, que 11 fueron llevados a Chilpancingo, que otros a Huitzuco y otros datos interesantes que están hablando de intercepciones telefónicas diversas que se hicieron la noche del 26 de septiembre de 2014, “tenemos un cúmulo de información sumamente relevante pero hace falta más”.
Cuestionó “¿dónde están los teléfonos celulares de El Gil, de (Francisco) Salgado Valladares que fueron intervenidos?, ¿quién hizo esa intercepción?, ¿dónde está el dispositivo donde fue almacenada esa comunicación?, no sabemos, como esa y otras informaciones truncas que tenemos y que nosotros creemos que pueden estar dentro de esos 800 folios faltantes”.
“Si el presidente se refiere a entregar la información de esos 800 folios, nosotros estamos prestos si dentro de esos tres meses se van a entregar los 800 folios, eso es lo que se quiere, adelante”, expuso.
Del señalamiento reiterado de López Obrador de que las organizaciones celebraron la liberación de algunos de los detenidos relacionados con la desaparición de los jóvenes, Rosales Sierra afirmó que “es también una infamia y una falsedad”, y dijo que los padres están debidamente informados de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa, Tamaulipas, misma que se “celebró porque fue la que echó abajo la llamada verdad histórica”.
“Nosotros no festejamos la liberación de los detenidos, ni promovimos este amparo, lo que nosotros sí dijimos, que saludábamos esa sentencia en virtud de que echaba bajo la verdad histórica y daba la razón a lo que todo el tiempo los padres estuvieron denunciando”.
Recordó que en esa sentencia está inspirada la CoVAJ y el Decreto que el presidente firmó al inicio de su gobierno, “por eso en aquel tiempo se celebró”.
Señaló que ellos se enteraron cuando ya se había emitido la resolución, “la revisamos y nos pareció que era una resolución que nos daba la razón, que durante mucho tiempo nosotros en el gobierno de Peña Nieto estuvimos cuestionando la verdad histórica y estuvimos diciendo que esa teoría del caso, que decía que los estudiantes fueron cremados en el basurero de Cocula, fue obtenida mediante prueba ilícita, mediante tortura y una investigación irregular, enlodada, sucia y turbia.
“El presidente juega hoy con las palabras, tiene una actitud maniquea, sucia y de mala fe, y está utilizando esa estrategia para sembrar duda en los padres, en el público y en el pueblo diciendo que nosotros defendimos a los culpables, no, jamás nosotros defendimos a los culpables, lo que nosotros cuestionamos fue la verdad histórica” que se impuso mediante la tortura de los detenidos.
Texto: Alejandro Guerrero/Texto: Archivo
