Saldrán del Campo Militar 1 y seguirán su proceso en libertad. Anuncia la FGR un procedimiento legal contra la jueza y tres magistrados. Condena la CoVAJ la medida, el Centro Pro advierte que el proceso se está derrumbando
Ciudad de México, 22 de enero de 2024. Una jueza federal ordenó el sábado dejar en libertad provisional a ocho militares que estaban presos desde junio pasado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y les fijó el pago de una garantía de 50 mil pesos para que accedan a este beneficio.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que iniciará un procedimiento legal contra la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, y también procederá en contra de los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio a quienes señala de conceder ventajas indebidas para los miembros de las Fuerzas Armadas acusados de desaparición forzada y además desconocieron resoluciones de jueces.
En tanto, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) condenó el cambio de medida cautelar dictada y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y presidente de la CoVAJ, Arturo Medina Padilla, señaló que, con esta determinación, “no se exonera de los cargos a estos elementos de las Fuerzas Armadas, quienes continuarán sujetos a proceso hasta el dictado de la sentencia correspondiente”.
La jueza revocó la prisión preventiva oficiosa a los elementos castrenses y les estableció tres medidas cautelares para que a partir de ahora lleven en libertad su proceso por el delito de desaparición forzada.
Además de garantizar el pago la juzgadora les impuso su presentación ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, así como la entrega del pasaporte y la prohibición de salir del país.
Duarte Cedillo consideró que habían cambiado las condiciones por las que el pasado 22 de junio les habían dictado la prisión preventiva oficiosa, por lo que ya no existía el riesgo de que alguno de los imputados pudiera darse a la fuga.
Los militares beneficiados son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz a quienes se señala de colusión con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
Una vez que cubran la garantía, abandonarán el Campo Militar Número 1, lo que se espera que ocurra en las próximas horas.
Los procesados forman parte de la lista de 16 militares contra los que el pasado 13 de junio se ordenó la aprehensión por el delito de desaparición forzada.
Los ocho se entregaron voluntariamente ante la FGR, una semana después de que se ordenaran sus capturas. Y fueron llevados ante la justicia tras los dichos del testigo protegido Juan, quien afirma que los soldados, todos ellos de los Batallones 27 y 41 de Infantería, estaban en la nómina del grupo criminal Guerreros Unidos señalado como el responsable de la desaparición de los normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Con la inminente excarcelación de este grupo de soldados, sólo quedarán presos cinco militares por el Caso Iguala: el general brigadier José Rodríguez Pérez, ex jefe del 27 Batallón; el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y los soldados Eduardo Mota Esquivel y Francisco Narváez Pérez.
La FGR
El domingo, la FGR indicó que la jueza Duarte Cedillo, “en una secuela procesal absolutamente cuestionable”, concedió “ventajas indebidas” a los ocho miembros de las Fuerzas Armadas con su resolución del pasado sábado.
La FGR aseguró que la juzgadora aplicó procedimientos de amparo y de ampliación de amparo con el propósito de generar una evidente situación de injusticia, que está afectando a los 43 normalistas desaparecidos, a sus familias, a su seguridad e incluso a la nación.
La FGR acusa a la jueza y a los magistrados señalados de resoluciones de fondo ilícitas, de ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebida, y también en retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia.
“Ante dicha cerrazón, absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado Mexicano dada la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa, esta representación social federal presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que señala el artículo 225, fracciones VI, VII y VIII del Código Penal Federal, que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen”, cncluyó.
CoVAJ
La CoVAJ-A) condenó el cambio de medida cautelar dictada por la jueza en cumplimiento de la sentencia dictada por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para beneficiar a ocho miembros de la Sedena, “presuntamente involucrados en los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 normalistas”.
Señaló que “una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados sabadazos, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos”.
El subsecretario de Gobernación Arturo Medina Padilla, adelantó que se coordinará con la Ueilca para asegurar que se agoten todas las instancias legales y el debido proceso para cumplir el principio de cero impunidad en un caso “que tanto ha lastimado a madres, padres, familiares y amigos de los normalistas, así como al pueblo de México”.
Mencionó que estará atento a que se respete “el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes” desaparecidos
Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señaló que la liberación de los militares muestra que el proceso se está derrumbando.
“Lamentamos liberación de militares acusados en caso #Ayotzinapa. Muestra que el proceso se está derrumbando. A las decisiones parciales de jueces, se suma la inoperancia de la Fiscalía Especial y la intervención de Sedena que brinda asistencia legal y apoyo a los acusados”,escribió en su cuenta de X, antes Twitter.
Encinas
Alejandro Encinas, ex funcionario federal y ex titular de la CoVAJ criticó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intervenga con abogados en el juicio para favorecer a ocho militares, lo que va en contra de las instrucciones del presidente López Obrador.
“Es más lamentable aún que abogados de la @Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el Presidente de México”, escribió en X (antes Twitter).
Texto: Redacción y Agencia Reforma/Foto: Archivo
