Critica que los jueces que liberaron a 79 acusados no hayan tomado en cuenta testimonios de integrantes de Guerreros Unidos que señalan cuál fue su participación aquella noche y la de otras personas. Afirma que los responsables materiales de la desaparición son los policías de Iguala, Cocula y Huitzuco, y los miembros de la organización delictiva son los responsables intelectuales. Califica de improcedente la comisión de seguimiento del caso Ayotzinapa en el Congreso local y que se llame a declarar a funcionarios estatales
Chilpancingo, Guerrero, 12 de octubre de 2019. Los jueces que dejaron libres a algunos de los implicados en el caso Ayotzinapa omitieron elementos de prueba sustanciales recabados en las investigaciones iniciales de la Procuraduría de Justicia del Estado (hoy Fiscalía), y transcripciones de llamadas telefónicas de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), “que no estaban afectadas de nulidad ni viciadas como los de la Procuraduría General de la República (PGR)”, y se fueron por el camino más fácil, criticó el ex procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera.
Blanco Cabrera era procurador de Guerrero cuando ocurrieron los ataques a los normalistas en Iguala y fue quien inició las investigaciones del caso hasta que fue atraído por la PGR.
Declaró vía telefónica que entre estos elementos de prueba que no fueron tomados en cuenta por el juez, están las declaraciones de integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos que reconocen y señalan cuál fue su grado de participación aquella noche, y cuál fue la participación de otras personas, entra éstas Gildardo López Astudillo, El Gil o El Gallero, uno de los líderes del grupo delictivo, ya liberado.
Dijo que también están transcripciones derivadas de intervenciones telefónicas de la DEA, “que es un elemento de prueba y dato muy importante porque en esos audios, podemos advertir cómo distintos integrantes o líderes de Guerreros Unidos, están dando instrucciones en tiempo real de lo que estaba ocurriendo esa noche”.
El ex procurador declaró que desconoce por qué fueron desechados estos elementos que vinculan a los que fueron liberados con la delincuencia organizada, y otros que tienen que ver con el destino de los normalistas. De paso, reclamó que los coadyuvantes y auxiliares de las víctimas directas e indirectas, en este caso los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), no hicieron nada para combatir esas resoluciones.
El ex funcionario solicitó a El Sur una entrevista para cuestionar declaraciones del abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien el 8 de octubre, después de la intervención de algunos padres de los 43 normalistas desaparecidos en la tribuna del Congreso local, se pronunció por la integración en el Congreso del Estado de una comisión de seguimiento del caso Ayotzinapa, que se llame a comparecer a distintos funcionarios entre éstos al actual fiscal del estado y al secretario de Seguridad Pública, así como al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Asimismo, que se ponga a disposición de la autoridad a policías ministeriales que podrían estar implicados en los hechos.
Para Blanco Cabrera estas propuestas son improcedentes porque el caso desde hace cinco años se federalizó y ya no corresponde dar seguimiento a las instancias del ámbito local.
“Me parece un tanto absurdo que se solicite la creación de una comisión de seguimiento y análisis y que el fiscal general del estado ponga a disposición a elementos de la Policía Ministerial que pudiesen estar implicados en los hechos, porque a la fecha no hay señalamientos contundentes de la participación de elementos de la Policía Ministerial en los hechos de la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre del 2014”, declaró.
En la entrevista se le preguntó por el avance que llevaban las investigaciones cuando fueron atraídas por la PGR.
Recordó que la Procuraduría estatal, sentó las bases de la investigación. Recordó que detuvieron a los primeros 22 policías municipales de Iguala y ampliaron el ejercicio de la acción penal en contra de otras 11 personas, entre ellos el ex alcalde (del PRD) de Iguala José Luis Abarca y su secretario de Seguridad Felipe Flores Velásquez.
Explicó que las nuevas autoridades federales que están reencauzando las investigaciones, no inician de cero, luego de que se detectaron irregularidades en la investigación de la PGR en la anterior administración, al obtener declaraciones mediante tortura, tratos crueles o degradantes a los detenidos, abuso de autoridad, detenciones ilegales, detenciones arbitrarias, lo que vició la investigación del caso.
“No olvidemos que hay 800 tomos de la indagatoria, averiguaciones, procesos abiertos, órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse. Todo eso sirve como punto de partida”.
Celebró que el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo haya dicho en días pasados que se va a retomar la investigación de la Fiscalía del Estado de Guerrero, porque ésta no está viciada ni afectada de nulidad.
Además informó que hay otras pruebas preexistentes con motivo de la investigación del asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona en las que hay testimonios, números telefónicos, direcciones, así como el hallazgo de fosas clandestinas, osamentas, e incluso el desmantelamiento de un narcolaboratorio como resultado de estas investigaciones.
“Todo eso sirve a manera de contexto y no está viciado en modo alguno, por lo que debe ser tomado en cuenta por el Ministerio Público y en su oportunidad por los jueces”, declaró el ex procurador.
Con respecto a la liberación, hasta ahora, de 79 de un total de 142 presos por el caso Iguala, criticó las sentencias que han emitido los jueces, entre éstos Samuel Ventura Ramos del Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, porque dijo que se benefició a distintas personas “que tienen probados vínculos con la delincuencia”.
Reprochó que los jueces se han ido por el camino sencillo y por la salida fácil, porque hay testimonios limpios, que no están afectados de nulidad que obtuvo la Procuraduría estatal y que de ello ha dado cuenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Entre éstos dijo que están los testimonios de los integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos que señalan cuál fue su grado de participación aquella noche y cuál fue el grado de participación de otras personas, entre ellos Gildardo López Astudillo, El Gil o El Gallero, sin abundar más porque dijo que está en curso la investigación.
Declaró que también están las transcripciones derivadas de las intervenciones telefónicas de la DEA, “ese es un elemento de prueba y dato importante porque guarda estricta correspondencia en buena parte con la investigación que en un primer momento inició la Procuraduría de Guerrero y a la cual dio continuidad la PGR por cuanto a quienes participaron aquella noche en carácter de autores materiales e intelectuales”, dijo Blanco Cabrera.
Para el ex funcionario los responsables materiales son los policías municipales de Iguala y de Cocula y muy probablemente de Huitzuco, “al servicio, en colaboración, o infiltrados por una organización delictiva denominada Guerreros Unidos”, cuyos miembros son los responsables intelectuales.
Informó que en esos audios y transcripciones se advierte cómo distintos integrantes o líderes de Guerreros Unidos, están dando instrucciones en tiempo real por cuanto a lo que está ocurriendo”.
“Yo desconozco si fueron aportados en tiempo y forma por el Ministerio Público federal, lo que sí sé es que como elementos o como datos allí están y no están viciados en forma alguna”.
Argumentó también que los jueces pasaron por alto una jurisprudencia de junio pasado en la que se menciona que para aquellos casos que se establezca por parte de las autoridades judiciales que hay pruebas afectadas de nulidad por provenir de tortura, debe descalificarse y desestimarse, pero con el resto del cúmulo probatorio actuar en consecuencia.
Opinó que los jueces debieron haber dado una salida más sana, haber determinado la reposición del procedimiento y de esa manera no afectar, como lo han hecho, a las víctimas directas o indirectas que no pueden hacer valer o que no encuentran una respuesta para hacer valer el derecho a la verdad y el derecho del acceso a la justicia.
Cuestionó que el abogado Vidulfo Rosales en su calidad de representante legal, coadyuvante y auxiliar de las víctimas directas e indirectas, no haya hecho nada para combatir estas sentencias y resoluciones de los jueces con las que dejaron en libertad a la mayoría de los detenidos.
–¿Qué tan determinantes son para el caso las primeras investigaciones que realizó la Procuraduría de Guerrero, ahora que se dice que se van a tomar en cuenta?.
–Nosotros sentamos las bases de la investigación, en un primer momento detuvimos a 22 personas, posteriormente se amplió el ejercicio de la acción penal contra otras 11 y derivado de nuestra investigación se pudo establecer quiénes eran los integrantes de un grupo denominado Los Bélicos que operaba al interior de la Policía Municipal de Iguala. Era un grupo de operación inmediata y sanguinario.
“Pudimos establecer que era este grupo el que se encargaba, en otros casos, de levantar, secuestrar o privar de su libertad a las personas y posteriormente entregarlas a integrantes de Guerreros Unidos para que ellos se encargaran de negociar o de ejecutar a esas personas”.
Contó que en esas investigaciones iniciales existe la declaración de Ernesto Pineda Vega, integrante de Guerreros Unidos que informó cuál era la estructura y el modus operandis de esta organización.
“Esta investigación no está viciada, son pruebas limpias y creo que por eso se dice que la van a tomar en cuenta para reencauzar la indagatoria. Todo esto no fue contaminado, como hoy sabemos ocurrió por desgracia en las autoridades federales”.
–Por qué cree que la PGR desechó u omitió las primeras investigaciones de la Procuraduría Estatal en el expediente?.
–Desconozco por qué fueron desechados algunos datos, no podría yo decir cuáles, pero algunos tienen que ver con el destino de los normalistas. A la fecha hay una investigación en curso y no puedo, por un deber de cuidado, revelar qué aspectos se están investigando, pero tienen que ver con el destino de los muchachos.
Con respecto a su comparecencia ante la Fiscalía General de la República a la que asistió con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, el 1 de octubre pasado, informó que las preguntas se centraron en qué fue lo que hicieron al interior del Grupo de Coordinación Guerrero, las primeras acciones que realizaron, cuáles eran los grupos que operaban, cuál era modus operandi, su estructura organizacional, y a qué tipo de información tenían acceso.
Expuso que hoy se sabe que la entonces PGR tenía mucha más información de esto pero que nunca la compartió a la autoridad local, por ejemplo que desde hace 10 años sabían que el entonces alcalde de Iguala José Luis Abarca realizaba operaciones con recursos de procedencia ilícita, “y la pregunta es por qué no hicieron valer la medida cautelar de arraigo (después de los ataques a los normalistas) en tanto perfeccionaban la averiguación previa y la determinaba”.
Al respecto aseguró que la Procuraduría estatal no tenía elementos ni datos de prueba para promover el juicio de procedencia o la revocación del mandato contra Abarca Velásquez. “No olvidemos que él tenía fuero y la información que estábamos generando la compartíamos directamente con la PGR porque era un tema de delincuencia organizada, no era un tema del fuero común.
–Sin embargo se acusó de omisión al gobierno estatal por dejarlo escapar.
–El asunto era de competencia federal. Tan es así que a José Luis Abarca se le consignó por delincuencia organizada y secuestro agravado en el caso Hernández Cardona.
Texto: Redacción / Foto: Lenin Ocampo Torres / Archivo
