La falta de traductores lleva a que personas indígenas que enfrentan la ley desconozcan el estatus de su expediente judicial y se vulnere gravemente su derecho al debido proceso, dice el director de la ONG, Eduardo Martínez Gutiérrez. Guerrero es uno de los estados que más demandan servicios de interpretación, en México y EU. De los 2 mil 800 servicios que la Red ha brindado entre 2019 y 2025, Guerrero ocupa el segundo lugar, después de Oaxaca. Las principales lenguas atendidas son tu’un savi y me’phaa, particularmente en campos agrícolas de California y Nueva York
El Sur / Ciudad de México, 23 de diciembre de 2025. La Red de Intérpretes y Promotores Interculturales lanzó la campaña de recaudación Ayúdanos a que el idioma no sea una barrera para vivir, ante la falta estructural de especialistas que interpreten lenguas indígenas tanto en los procesos judiciales como en los servicios públicos. El objetivo central, enfatiza el director de la organización, Eduardo Martínez Gutiérrez, es fortalecer la formación, profesionalización y sostenimiento de traductores que acompañen a personas hablantes de lenguas originarias, particularmente en situaciones legales, médicas, sociales y relacionadas con el cambio climático.
“Si bien la sociedad civil puede y debe sumarse a la campaña, la exigencia principal es que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde, garantice presupuestos suficientes y deje de invisibilizar los derechos lingüísticos de las personas indígenas”, indica.
Tras el arranque de la campaña, que tuvo lugar el 11 de diciembre en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, Martínez Gutiérrez explica en entrevista vía remota con El Sur que el trabajo de la Red inició en 2019 en Oaxaca, pero que debido a la alta demanda de servicios de interpretación en todo el territorio nacional, sus actividades se han extendido a otras entidades de México. También proporciona sus servicios en Estados Unidos, en Cortes de California, Nuevo México y Nueva York, donde existe una alta presencia de personas indígenas, sobre todo en la producción agrícola.
Martínez Gutiérrez destaca que, pese al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y el aumento de las deportaciones, “el derecho a contar con un intérprete se encuentra garantizado en ese país, lo que ha permitido que la organización auxilie, desde México, a personas indígenas que se encuentran en conflicto con la ley” en el país vecino.
El crecimiento de la organización, continúa, les ha obligado a ampliar la formación de cuadros en Guerrero, Chiapas, Yucatán, Chihuahua y Michoacán, en un escenario donde predomina la ausencia de políticas públicas sólidas en materia de traducción e interpretación.
Martínez Gutiérrez recuerda que durante mucho tiempo eso fue competencia del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali); sin embargo, en los últimos años estos “han sufrido un severo recorte presupuestal y esto ha impedido la profesionalización de nuevos intérpretes y ha afectado la garantía de pagos dignos por los servicios prestados”.
Por falta de intérpretes se prolonga el encarcelamiento
Cuando una persona indígena requiere un intérprete en un proceso legal, ya sea en tribunales estatales o federales, la solicitud se realiza al Inali, que cuenta con un catálogo de intérpretes y se encarga de enlazarlos con el Poder Judicial, expone Martínez Gutiérrez. No obstante, “uno de los principales problemas es la falta de claridad sobre quién debe garantizarles su pago”.
En México, remarca, no existe una política integral de interpretación y traducción en los servicios públicos, ni una institución responsable de cubrir de manera regular estos servicios.
Comenta, por ejemplo, que en Oaxaca una anciana de 77 años de edad permaneció privada de su libertad más de siete años en el Centro de Reinserción Social de Tanivet, exclusivo para mujeres. “Su proceso judicial se dilató de manera excesiva por la ausencia constante de un intérprete que pudiera acompañarla durante sus audiencias”.
La mujer tenía que ser trasladada de Tanivet a Salina Cruz, en trayectos de hasta siete horas, con la movilización de personal penitenciario. Pero al llegar al tribunal, las audiencias se suspendían debido a que la persona que iba a traducir no se presentaba, lo que obligaba a regresar a la mujer mayor al centro de reclusión. “Esta situación se repitió en múltiples ocasiones, prolongando su encarcelamiento de manera injustificada”, lamenta Martínez Gutiérrez.
Cuando la Red tuvo conocimiento del caso, buscó a uno de sus miembros para que acompañara a la reclusa, y entonces se encontraron con que el propio intérprete se negó a participar porque el tribunal de Oaxaca le adeudaba el pago de más de 10 audiencias previas. Al investigar la situación, la organización detectó que el Tribunal del Poder Judicial de Oaxaca, a través del área de servicios periciales encargada de la traducción, no cuenta con un presupuesto claro ni suficiente para cubrir estos servicios.
Prácticas irregulares en el sistema judicial por la falta de intérpretes
No es un caso aislado sino parte de un problema sistemático: datos recolectados por la Red indican que siete de cada 10 personas indígenas privadas de la libertad en Oaxaca no tuvieron acceso a un intérprete durante su proceso judicial. A nivel nacional, la proporción es similar: seis de cada 10 personas indígenas privadas de la libertad no contaron con traducción en sus procesos penales. En México, existen alrededor de 7 mil personas indígenas encarceladas.
Además, dice Martínez Gutiérrez, “la falta de intérpretes ha llevado a prácticas irregulares dentro del sistema judicial. Hemos documentado que, en muchos casos, se presiona a las personas indígenas para que renuncien a su derecho a contar con intérprete. Se les sugiere declarar que hablan español, aun cuando no sea así, con el argumento de que conseguir una persona que traduzca retrasará su proceso”.
Esta práctica, añade, es generalizada, especialmente en entidades con alta población indígena como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, pero también en lugares con alta población migrante como Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana y Ciudad Juárez.
“La ausencia de intérpretes provoca que las personas indígenas desconozcan el estatus de su expediente judicial, ignoren sus derechos, no comprendan los motivos de su detención y no puedan comunicarse adecuadamente con sus abogados, lo que vulnera gravemente su derecho al debido proceso”, puntualiza el experto.
“Hacemos la chamba que le toca al Estado”
La organización que encabeza, indica Martínez Gutiérrez, realiza una labor que, en estricto sentido, debería ser obligación del Estado mexicano; “ante la ausencia de políticas públicas claras y de instituciones responsables, la Red ha asumido la tarea de garantizar el derecho a la interpretación para personas indígenas, aun cuando no le corresponde hacerlo. Estamos haciendo la chamba que le toca al Estado”.
La magnitud del problema, agrega, se refleja en la cantidad de solicitudes que reciben a diario. Actualmente, la Red atiende entre dos y tres requerimientos de interpretación al día, lo que evidencia que no existe una institución pública que esté asumiendo de manera efectiva esta responsabilidad.
“Cada solicitud implica la búsqueda de un intérprete capacitado y la negociación con las instituciones involucradas para definir quién cubrirá el pago del servicio”, insiste.
De manera constante, se pretende que estos servicios se brinden de forma gratuita, bajo el argumento de “hacerle el favor” a la persona indígena privada de la libertad. “Si bien la Red ha brindado apoyos solidarios en múltiples ocasiones, es fundamental dignificar el trabajo de los intérpretes, quienes han pasado por procesos de formación y profesionalización y, por lo tanto, merecen un salario digno”.
Discriminación y racismo hasta en la traducción
El director de la Red compara la situación en México con lo que ocurre en Estados Unidos, donde los servicios de interpretación se pagan por hora. Su organización, dice, lucha para que un intérprete de lengua indígena reciba el mismo pago que un intérprete de inglés, francés o cualquier otra lengua, pues el trabajo intelectual que se realiza es el mismo.
Señala que “la diferencia en el reconocimiento y la remuneración no tiene justificación, más allá de prácticas de discriminación y racismo que asignan mayor valor a unas lenguas sobre otras”.
La campaña de recaudación Ayúdanos a que el idioma no sea una barrera para vivir apela a la sociedad civil, la academia, el sector empresarial y al público en general para que se sumen a su causa. Con los recursos recaudados, la Red continuará con la profesionalización de intérpretes con los que pueda garantizar la prestación de servicios de interpretación durante al menos un año.
La campaña consiste en solicitar donaciones voluntarias al público en general, mediante un enlace disponible en las redes sociales de la organización. Las personas pueden contribuir con la cantidad que deseen, en una sola exhibición o mediante aportaciones mensuales. Martínez Gutiérrez menciona que, más allá de la recaudación económica, “se busca amplificar las voces de las personas indígenas y sensibilizar a la sociedad sobre una problemática que no pertenece al pasado, sino que sigue ocurriendo en pleno 2025.
“El abandono institucional y la invisibilización de las personas indígenas continúan siendo una constante, tanto en México como en el contexto migratorio en Estados Unidos, donde la situación resulta aún más compleja, pues las personas indígenas enfrentan sistemas de justicia que operan en inglés, mientras que muchas de ellas tienen un dominio limitado del español y son hablantes de lenguas originarias como el tu’un savi o el me’phaa. En estos casos, el juez habla en un idioma que no entienden y las sentencias se dictan sin que las personas comprendan plenamente su situación legal”.
Coordinación con organizaciones de migrantes de EU
Guerrero es uno de los estados con mayor demanda de servicios de interpretación, tanto en México como en Estados Unidos, a decir de Martínez Gutiérrez. De los 2 mil 800 servicios de interpretación que la Red ha brindado de 2019 a la fecha, Guerrero ocupa el segundo lugar en requerimientos, sólo después de Oaxaca. Las principales lenguas atendidas son el tu’un savi y el me’phaa, particularmente en los campos agrícolas de California y en la zona de Nueva York.
Relata que, en ocasiones, la organización recibe alertas de operativos migratorios realizados por autoridades estadunidenses en campos agrícolas, donde son detenidas personas originarias de Guerrero. En esos casos, “activamos nuestras redes de intérpretes para estar disponibles durante la madrugada y atender las necesidades de interpretación que surjan. Este trabajo se realiza en coordinación con organizaciones migrantes en Estados Unidos, que buscan articularse con las instituciones para garantizar el derecho a un intérprete”.
Martínez Gutiérrez destaca que durante el último año la Red llevó a cabo procesos de formación de intérpretes en Nueva York, en colaboración con grupos locales que requerían profesionalizar a personas migrantes como intérpretes. De los 18 intérpretes formados en ese proceso, 11 eran originarios de Guerrero, hablantes de tu’un savi, me’phaa y náhuatl. Esto confirma “que tanto Oaxaca como Guerrero concentran la mayor demanda de servicios de interpretación, especialmente entre personas indígenas que trabajan en los campos agrícolas de California, Arizona y Nuevo México”.
La campaña de la Red se identifica con los hashtags #SinInterpreteNoHayJusticia #RedInterpretes #REDIN; se puede obtener más información en @redinterpretes y www.redinterprete.org.
Guillermo Rivera
