Acapulco, Guerrero, 30 de diciembre de 2017. Al inicio de la segunda mitad del año, la Secretaría de Cultura (Secultura) de Guerrero finalmente aceptó los problemas financieros que arrastró durante meses, y en una especie de política institucional de debo, no niego; pago, no tengo, fue como se desarrolló la crisis.
Sin dinero y sin plan de trabajo, luego de dos años de gobierno priista, con la colaboración de un Consejo Estatal de Cultura indolente y una comunidad cultural apática.
El jueves 24 de agosto, El Sur publicó un reportaje en el que se hicieron públicos los adeudos de la Secretaría con trabajadores de la oficina, así como creadores y promotores culturales y hasta proveedores.
En total, se evidenció un adeudo por un monto de cientos de miles de pesos por concepto de salarios, talleres, cursos, servicios de alimentación, transporte y hospedaje, generando una crisis en la dependencia.
Así lo daban a conocer diversas fuentes consultadas fuera y dentro de la propia Secultura, y que se sumaban a los señalamientos de la ex coordinadora de Difusión de la dependencia, Cristina Sierra Rosas, hechos en una carta enviada a El Sur, publicada el 18 de agosto, en la que exigía el pago de salarios adeudados.
Ella fue separada de su cargo para colocar en su lugar al periodista Fernando Rojas, personaje cercano al DIF estatal y que participó en las protestas de la Orquesta y Coro Renacimiento en contra del entonces director Amilcar Montero.
Entre los creadores a los que la Secultura dejó colgados con sus pagos están el bailarín y coreógrafo Serafín Aponte, el dramaturgo José Dimayuga –que murió a principios de noviembre–, el artista plástico David de León, el fotógrafo Carlos Carbajal y los escritores Federico Vite y Lauri García Dueñas. Algunos, incluso, siguen esperando sus pagos.
Y mientras trabajadores, a condición del anonimato, señalaban al encargado de Finanzas de la Secultura, Juan Martínez, de los problemas, el titular de la dependencia, Mauricio Leyva Castrejón, revelaba que la Secultura tenía un pasivo “entre salarios y adeudos, de entre 2 y 2.5 millones (de pesos) en este año” (El Sur, edición del 27 de agosto).
Luego de reconocer además una deuda histórica de la dependencia por 13 millones de pesos, argumentaba que esta situación se debía a que a la fecha aún no habían recursos federales que de manera extraordinaria se habían conseguido.
Fue hasta octubre cuando finalmente 8.6 millones de pesos llegaron para el sector cultural desde el gobierno federal, pero para entonces el daño ya estaba hecho.
Sin dinero y sin plan de trabajo luego de dos años de gobierno
El 16 de noviembre, Leyva Castrejón, durante su comparecencia ante diputados locales como parte del desglose del segundo informe del priista Héctor Astudillo Flores, aceptó que la Secultura aún no opera como tal –adujo que todavía se trabaja en “la ruta jurídica”–, y admitió que a dos años de iniciado el gobierno, no tiene un proyecto de trabajo a largo plazo.
En esa oportunidad, el funcionario, por medio de una serie de diapositivas y en un periodo de no más de 30 minutos, sólo pudo presumir que se fortalecieron iniciativas ya establecidas, como el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Guerrero (PECDAG, con dinero estatal y federal) o el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc, con recursos federales), así como los premios literarios y varios festivales.
En total, dijo, se llevaron a cabo 387 actividades culturales en el estado, de las cuales 159 fueron eventos gratuitos en el Auditorio Sentimientos de la Nación, 97 fueron eventos folclóricos y 131 conciertos, llevados a cabo entre el Sistema Estatal de Orquestas y Coros Renacimiento y la Orquesta Filarmónica de Acapulco, que por cierto, pertenece a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y no a la Secultura.
Eso fue todo. Bueno, eso y la inversión realizada para el desarrollo de diferentes proyectos que aún no se concretan, como la sede de la Orquesta y Coro Renacimiento, o el domo ubicado en la Unidad Habitacional de El Coloso, ambos en Acapulco, y adelantos sobre otros proyectos.
Todo lo anterior, a pesar de que el funcionario aseguró que para el gobierno de Astudillo Flores “la cultura debe ser un eje fundamental para ir desactivando la violencia en los jóvenes y niños”.
Por eso destaca que en el segundo informe del gobernador Astudillo, el arte y la cultura merecieron apenas dos cuartillas, mismas que resultaron una relatoría inconexa e inconclusa de actividades, la mayoría institucionales, y que ya hacía la dependencia antes de su administración (El Sur, 25 de octubre).
¿Alguien sabe dónde están la comunidad cultural y el Consejo Estatal de Cultura?
El sábado 6 de mayo, en el Auditorio Sentimientos de la Nación, ubicado en Chilpancingo, reunieron a los que el secretario Leyva Castrejón llamó “grandes creadores guerrerenses” para conversar sobre las políticas culturales en la entidad.
Los pintores Bernardo Rosendo, Irma Palacios o Leonel Maciel; los actores Dagoberto Gama y Rafael Aparicio; el cronista de Atoyac, Víctor Galindo Carmona; la artesana Victorina López; las promotoras Gela Manzano –incluido su esposo, Isaías Alanís– y Blanca Reina o el bailarín y coreógrafo Serafín Aponte Nájera, estuvieron entre los asistentes.
Y soñar no cuesta nada: museos, concursos, exposiciones colectivas, fueron las propuestas constantes, rescatando al menos una seria y congruente: una institución que imparta arte en el estado, presentada por el director de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, Eduardo Álvarez Ortega; “no hay una institución (en el estado) que realmente les dé (a los jóvenes) cabida y enseñanza profesional”, argumentó. (El Sur, edición del 7 de mayo).
Temas de trascendencia y más valor, como la responsabilidad de los municipios en el desarrollo cultural del estado, la asignación de presupuestos que permitan dicho desarrollo o terminar el proceso de legalización de la Secultura, no fueron mencionadas.
Mientras tanto, el Consejo Estatal de Cultura, creado en 2015 y formado por creadores y promotores culturales de las ocho regiones del estado, teniendo entre sus funciones analizar y desarrollar propuestas para el diseño de políticas culturales y si fuera el caso, denunciar a las autoridades cuando consideren que no se apegan al ejercicio presupuestal o al de sus funciones operativas en las políticas y programas, así como los principios y ordenamientos de la ley sobre cultura vigente en la entidad, sólo sirvió para dar nota, y eso, a veces.
Un extrañamiento que haría y que quedó en el aire por el recorte hecho desde el Congreso local a la cultura este 2017 (El Sur, edición del 14 de enero); la exigencia de reunirse con la presidente de la Comisión de Cultural del Congreso local, Silvia Romero Suárez, por el caso de la promotora Erika Andrade Valenzuela, cuya asociación civil recibió más de 3 millones de pesos para un proyecto cultural que no ejecutó (El Sur, edición del 17 de febrero), son algunas de sus actividades documentadas.
Sí destaca, sin embargo, su participación en el fallido programa estatal PazAporte –una versión del también fallido programa Caravanas Culturales, del ex gobernador interino Rogelio Ortega Martínez. La única novedad de este gobierno data de 2016, y a la fecha aún se está pagando y ejecutando los proyectos, debido a los retrasos en la entrega de recursos.
Ahora, luego de participar en la selección de proyectos –más de 70– del año anterior, se prepara para revisar los resultados de los que sí se llevaron a cabo y saber a cuáles se les podría apoyar en una segunda emisión del programa, anunciada apenas el 20 de diciembre pasado.
Hasta hoy, no hay fecha para dicha revisión y entrega de las conclusiones.
Ese abandono de las obligaciones de trabajo, esa dejadez, desidia e indolencia, se vio también en las comunidades culturales del estado, siendo un ejemplo Acapulco, donde este año hubo un desastroso trabajo por parte del municipio y de su Dirección de Fomento a la Cultura.
Texto: Óscar Ricardo Muñoz Cano/ Foto: El Sur.
