Investiga 57 quejas por tortura en el caso Ayotzinapa, informa la CNDH
Defenderán a la ONU-DH ante señalamientos
del gobierno por el informe, dicen padres de los 43
La tortura ensucia la investigación y aleja de la verdad y los torturados dicen lo que el torturador quieren, señalan Vidulfo Rosales y Mario Patrón. Los expertos independientes se acercaron a la verdad y el secretario Osorio Chong los corrió del país, asegura el vocero.
Texto: Guillermo Rivera Foto: EFE
Ciudad de México. “No defendemos a delincuentes pero tampoco verdades bajo tortura”, la ONU confirmó que la versión de que los estudiantes fueron incinerados es insostenible, “no descansaremos”, “no hay paso atrás” y “no permitiremos que el caso sea cerrado” fueron algunas de las declaraciones y posicionamientos de madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, luego de que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) informó que de los 129 imputados en el crimen al menos 34 fueron torturados.
Tras la presentación del informe Doble injusticia en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los padres resaltaron el valor del documento para el proceso de lucha y justicia que han enfrentado desde hace casi tres años y medio. “Es sumamente relevante”, coincidieron, y afirmaron que defenderán al organismo ante el intento del gobierno de desacreditarlo.
El vocero de los familiares de los 43, Felipe de la Cruz indicó que sus representados siguen luchando “por derrumbar las mentiras” del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
“Desde el inicio el gobierno orquestó el teatro de la ‘verdad histórica”. Han dicho de manera pública que la única teoría es la del basurero de Cocula pero nosotros sabemos por el trabajo del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que esa ‘verdad’ es falsa. Científicamente no es posible que hayan quemado a 43 jóvenes con todas sus pertenencias. Esa es la secuencia de mentiras que el gobierno ha querido sostener a capa y espada”.
De la Cruz señaló que el gobierno federal ha sometido a los padres a una dinámica “cansada y terrible”, “pero no nos ha podido vencer y no lo hará porque hoy se reafirma que la administración de Enrique Peña Nieto en vez de buscar la verdad y justicia, se ha encargado de encubrir a los responsables de este crimen. Los expertos independientes se acercaron a la verdad y, literal, el entonces secretario de Gobernación, (Miguel Ángel) Osorio Chong, los corrió del país”.
Agregó que se aproximan resultados que darán la razón a los padres, “vamos por el camino correcto, no vamos a permitir que el caso sea cerrado como pretenden con la supuesta detención de Erik Uriel, La Rana. Para nosotros sigue siendo cómplice de este crimen Peña Nieto, y si él piensa que al terminar su gobierno se va a caminar por la impunidad, pues no. Nosotros seguiremos buscando la justicia”.
“Se confirma que fue el Estado”
La mamá del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio, Cristina Bautista afirmó que el movimiento continuará, “exigimos la presentación con vida de nuestros hijos a casi 42 de meses de su desaparición forzada. El informe de la ONU confirma que fue el Estado el que asesinó a tres normalistas y desapareció a 43”.
El padre de César Manuel, Mario César González Gutiérrez denunció a “un gobierno mentiroso, asesino, que nos quiere imponer una verdad bajo tortura. Ahí están las pruebas de la participación de la Marina que asesinó a Emmanuel Blas Patiño ahogándolo con una bolsa de plástico. Los padres dijimos que se había torturado a personas… yo no sé por qué organizaciones internacionales tienen que evidenciar las mentiras de la Procuraduría (General de la República). Para nosotros es importante decir que este informe nos da más luz, no nos vamos a rendir para encontrar a nuestros hijos, no defendemos a ningún delincuente pero no queremos la verdad bajo tortura, así (los torturados) sólo dicen lo que la Procuraduría quiere escuchar”.
La mamá de José Eduardo Bartolo, María de Jesús Tlatempa Bello insistió en que la lucha de los padres es digna y se efectúa de acuerdo a la legalidad, “no permitimos la burla de este gobierno, entre ellos se encubren, no debe ser así. Agradecemos el informe de la ONU porque este gobierno quiere tapar a los involucrados. La PGR sigue protegiendo su ‘verdad histórica’ y nosotros estamos en la más firme de convicción de encontrar a nuestros hijos, ya basta de las desapariciones forzadas”.
El representante de los padres, Melitón Ortega expuso, “desde el inicio durante y hasta hoy el gobierno ha mentido en todos los aspectos de la investigación. Los responsables de las torturas son los funcionarios, la propia PGR y la Marina”.
Emiliano Navarrete mencionó la última vez que vio a su hijo José Ángel Navarrete. “le dije te quiero mucho, a donde quiera que estés iré por ti. Jamás imaginé que algo tan horrible pasaría a los pocos días. Cómo es posible que el gobierno haya cometido una atrocidad de este tamaño, el gobernador del estado Ángel Aguirre simplemente se deslindó y no pasó nada. Buscamos apoyo a nivel federal y lo que encontramos fue una mentira histórica. No hablamos de un gobierno estatal, municipal, sino el que nos representa a nivel internacional. Tras las mentiras de la PGR vamos a agostar todas la vías legales, no vamos a descansar hasta llegar a la verdad”.
El papá de Cristian, Clemente Rodríguez compartió que antes de los ataques del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, “en mi pueblo pensaba que México era tranquilo, que no pasaba nada, creía que Peña Nieto era un ejemplo para los mexicanos. Ahora digo esto: tenemos una porquería de gobierno que desapareció a nuestros hijos y no nos da respuesta. Hemos tocado la puerta de montones de dependencias y siempre nos dan la espalda, nuestra postura es que vamos a proteger con uñas y dientes a la ONU”.
Al final, Epifanio Álvarez, papá de Jorge, señaló que los padres están enfadados ante “tantas mentiras, no pueden tapar al sol con un dedo, no lo harán”.
El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales enfatizó, “no estamos aquí para decir si son inocentes o no aquellas personas procesadas, sino para indicar cómo se conduce la PGR para hacer investigaciones en el país. ¿Por qué acudir a la tortura?, eso ha hecho turbio el proceso, eso ha ensuciado la investigación, por eso no podemos acceder a la verdad. De este gobierno sólo podemos esperar mentiras, pero vamos a dar un voto de confianza para que en estos meses restantes se detenga a los policías federales y municipales”.
El director del Centro Prodh, Mario Patrón destacó el informe y dijo que cuando la ONU señala “que hay un patrón de detenciones arbitrarias seguidas de tortura, no se trata de defender a las personas torturadas, sino que cuando hay tortura lo que se declara es lo que quiere escuchar el torturador. No queremos una verdad bajo tortura”.
Patrón afirmó que el presidente Peña Nieto cada vez se acerca más a la responsabilidad internacional, “ya han sido dos mecanismos, el de la ONU y el de la CIDH. La única manera de hacer a un lado las mentiras del gobierno antes de que acabe esta administración es la ruta de las cuatro líneas que dejó el GIEI: la responsabilidad de la Policía Federal y del Ejército, el involucramiento de las autoridades estatales y que no solamente participaron las policías de Cocula e Iguala sino también las de Huitzuco, Apaxtla, Taxco”.
Consultado después, el vocero Felipe de la Cruz expuso, “para nosotros es claro que quieren cerrar el proceso con la detención de La Rana. No lo permitiremos. Aunque cambie el gobierno llevaremos el caso hasta sus últimas consecuencias, a la Corte Interamericana, porque como es crimen de lesa humanidad no termina, no prescribe. Los abogados se están encargando de juntar todos los elementos necesarios para conducirnos por esa dirección”.
–¿Se van a reunir con candidatos presidenciales?
–Si uno de ellos, el que sea, muestra disponibilidad para buscar responsables, sería un requisito para algún acercamiento, si así lo quieren los padres.
Llama Amnistía Internacional a seguir las
recomendaciones de la ONU sobre Ayotzinapa
Texto: Agencia Proceso
Ciudad de México. Amnistía Internacional (AI) urgió al gobierno mexicano a implementar “de manera oportuna y efectiva” las 15 recomendaciones del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en particular las relativas a establecer un sistema “auténticamente independiente e imparcial” de investigación penal sobre el caso Ayotzinapa.
La petición es luego del informe condenatorio de la ONU sobre la investigación del gobierno mexicano en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
En el informe se revela la detención arbitraria y la tortura de sospechosos, la manipulación y ocultación de pruebas y se subraya la necesidad urgente de reformar las investigaciones penales llevadas a cabo en México.
Por ello AI consideró que “el gobierno mexicano debe abrir de inmediato una investigación independiente y exhaustiva basada en las conclusiones de este informe”.
Y subrayó: “Todos los funcionarios públicos sospechosos de estar implicados en actos de tortura u otras violaciones de derechos humanos deben ser suspendidos de su puesto, en espera de los resultados de la investigación”.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI recalcó que las conclusiones de la ONU confirman lo que activistas y organizaciones de derechos humanos llevan años exponiendo y denunciando: “el uso generalizado de la tortura por parte de las autoridades mexicanas y la manipulación de pruebas para encubrir terribles violaciones de derechos humanos y garantizar la impunidad de sus autores”.
La investigación “indignantemente deficiente sobre uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de México”, dijo, ilustra la manera en que las autoridades abusan del sistema Judicial y cómo se niegan a hacer frente a las violaciones de derechos humanos.
AI recordó que el 26 de septiembre de 2014 la policía atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, y 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada sin que a la fecha se conozca su paradero, mientras que otros tres estudiantes y tres transeúntes fueron asesinados.
Desde entonces, siguió, los expertos internacionales han echado por tierra la teoría de la PGR, según la cual la Policía Municipal entregó a los estudiantes a miembros de una banda local de narcotraficantes, quienes los asesinaron, quemaron sus cadáveres en un vertedero en la cercana Cocula y arrojaron sus cenizas al río San Juan.
El informe publicado el jueves por la ONU-DH, abundó, “muestra que la investigación de la PGR implicó múltiples violaciones de derechos humanos”, entre ellas 34 casos de detención arbitraria y tortura, y la posible ejecución extrajudicial de un sospechoso, Emmanuel Alejandro Blas Patiño, muerto presuntamente por tortura a manos de miembros de la Armada el 27 de octubre de 2014.
“También revela cómo las autoridades mexicanas violaron los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, pues documenta irregularidades en la investigación en el río San Juan y la obstrucción de una investigación interna sobre detenciones ilegales a manos de agentes de la PGR”, señaló AI.
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