Humberto Musacchio
Una información oportuna, clara y precisa de las instituciones públicas permite a los contribuyentes saber cómo se gasta su dinero. En el caso de la UNAM, el manejo honrado y eficiente de los fondos debe preocupar a todos, porque la autonomía no da derecho a ocultar datos de interés público.
Hace una semana, de acuerdo con la información que pude recabar, dije que “cuando la doctora Marcia Hiriart Urdanivia fue directora del Instituto de Fisiología Celular…, el entonces secretario de Ciencia y Tecnología del gobierno capitalino, René Drucker Colín, le otorgó un financiamiento de 50 millones de pesos”. El mismo día que apareció mi texto, la doctora Rosaura Ruiz me llamó para aclarar que no fueron 50 millones, sino 20, y que el destino de éstos había sido debidamente respaldado.
La doctora Ruiz, de todo mi respeto, cumplió con su parte en tanto que es ahora funcionaria del gobierno capitalino. No es el caso de las autoridades universitarias, quienes prefieren mantener un extraño silencio, lo que permite que el caso siga en la penumbra, actitud que da lugar a equívocos y permite ocultar asuntos de importancia. Tal vez por eso, quien ahora me responde es Arturo Hernández Cruz, investigador del Instituto de Fisiología Celular, y no las autoridades responsables.
Dice don Arturo que no fue el ex rector José Narro quien “hizo construir el edificio para el Laboratorio de Canalopatías”, sino el rector actual, el doctor Enrique Graue, pero agrega que quien autorizó los recursos para la construcción fue don José Narro. ¿Entonces?
Respecto de los citados veinte millones, “financiamiento para el IFC” (Instituto de Fisiología celular), proporcionados por el gobierno capitalino a la UNAM en 2013, responde don Arturo Hernández Cruz que “el proyecto finalizó en agosto de 2016, aunque la entrega del informe financiero se postergó hasta el 29 de septiembre de 2017”. Lo anterior significa que la preparación del informe ocupó a los responsables más de un año, lo que no es un ejemplo de transparencia ni un proceder eficiente.
He de reclamar a mis fuentes sus imprecisiones, pero aclaro que en ningún momento he puesto en duda la honorabilidad de la doctora Hiriart y tampoco me consta falta alguna del doctor Félix Recillas ni del coordinador William Lee. Lo central es que en la UNAM ocurren las cosas sin que la comunidad se entere.
En mi artículo de la semana pasada mencioné dos asuntos que requieren una explicación y, sobre todo, soluciones: la ocupación por gente extraña a la UNAM del auditorio Justo Sierra/Che Guevara y el grosero atentado al Espacio Escultórico que representa el edificio H. Para eso no hay respuesta.
Más grave resulta que por lo menos 80 por ciento del personal académico reciba salarios de hambre, mientras un sector, ciertamente privilegiado obtiene sumas muy superiores a cien mil pesos mensuales. Y no son únicamente los funcionarios, sino incluso los académicos que por distintas razones han sido beneficiados.
Los míseros ingresos de la mayoría de los profesores significan, sin duda alguna, abatimiento del nivel académico, mientras que la opinión pública ignora los índices de deserción del alumnado por la falta o insuficiencia de una adecuada política social.
Por otra parte, la apertura de instalaciones por todo el país, generalmente ha sido para crear espacios a personajes distinguidos en la vida universitaria o para beneficio de algunos gobernadores estatales, cuando lo sensato sería reforzar los centros de investigación existentes, que debido a las normas del Sistema Nacional de Investigadores propician meras repeticiones, refritos y autorrefritos a la manera de la Real y Pontificia Universidad de México, donde todo se fue–cito otra vez a Justo Sierra– en “argüir y reargüir en aparatosos ejercicios de gimnástica mental”, hasta que desapareció la institución.
