Interponen un recurso de apelación a la sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión de la joven. La magistrada Indalecia Pacheco determinó que sí se violaron los derechos humanos porque es mujer indígena, migrante y pobre
Chilpancingo, Guerrero, 1 de diciembre de 2022. La abogada de la indígena nahua Aurelia García Cruceño, encarcelada desde 2019 y acusada de homicidio en razón de parentesco por un “aborto espontáneo”, Ximena Ugarte Trangay denunció ayer en conferencia de prensa que la vulneración a la mujer es sistemática y que no es un caso aislado en Guerrero.
Además señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) armó el caso el mismo día de su detención, además pretendió crear testigos y víctimas indirectas.
Reprochó que Aurelia es acusada, no por cometer un delito, sino porque se pretende poner como un ejemplo falso de moralidad de que las mujeres pobres, indígenas y migrantes tienen que estar en la cárcel.
Ayer en conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, la integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres y del Observatorio de Violencias contras las Mujeres, Ana Gabriela Candela Garzón denunció que Aurelia García cumple una condena por un aborto fortuito en la cárcel de Iguala, donde está en condiciones que han afectado su salud ante la falta de atención médica.
Dijo que Aurelia, quien tiene 23 años, está recluida en un penal donde no hay una debida separación de hombres y mujeres presos.
Agregó que el aborto fortuito no es un delito y buscan justicia para Aurelia, porque no sólo se le castiga a ella sino a las mujeres que viven en las comunidades en condiciones de desigualdad y sufren distintas violencias por ser mujeres indígenas o afro y monolingües.
Una de las abogadas de Aurelia, de la asociación civil Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Ximena Ugarte Trangay contó que como defensa han observado que la detención de la joven indígena el 3 de octubre de 2019 fue ilegal, arbitraria, cuando estaba delicada de salud, y se le criminalizó solamente por ser mujer indígena, migrante, pobre y vivir varios tipos de violencia en su comunidad de origen, Xochicalco, municipio de Chilapa.
Dijo que los estigmas y prejuicios han permeado durante el proceso desde que no tuvo una representación jurídica adecuada, por lo que fue obligada a aceptar un “procedimiento abreviado”, que significó aceptar la responsabilidad de cometer el delito de homicidio en razón de parentesco.
Detalló que interpusieron un recurso de apelación a la sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión de Aurelia, y que la magistrada Indalecia Pacheco determinó que sí se violaron sus derechos humanos de Aurelia por ser mujer indígena, migrante y pobre, y resolvió reponer el procedimiento abreviado que se le había obligado a aceptar a la víctima.
Dijo que tras la etapa de juicio oral donde se están desahogando las pruebas de la Fiscalía para tratar de determinar la responsabilidad de Aurelia, se ha revelado que se armó el caso en su contra porque los peritajes no se hicieron conforme a las técnicas adecuadas, porque no fue legal la detención de los policías de investigación, e incluso señaló que un agente cambió cuatro veces su versión de la detención.
Manifestó que curiosamente la investigación se hizo el mismo día que se detuvo a la joven, y también el mismo día ya tenían el peritaje, por lo que afirmó que se pretende poner a Aurelia como “un ejemplo falso de moralidad, de que las mujeres pobres, indígenas, migrantes, con poco recursos, tienen que estar en la cárcel”.
Añadió que la joven sigue presa debido a una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, porque así lo determinó una jueza quien dijo que no se le modifica la medida, porque no se garantiza que Aurelia tenga dinero para llegar a las audiencias o al juzgado, ni tampoco podía dar una garantía monetaria que garantizara su presencia en el juicio, porque es pobre.
Reprochó que “la pobreza sigue siendo un elemento que permea la justicia, que no permite la imparcialidad de los juzgadores y que en particular en el caso de Aurelia está siendo un elemento que la está juzgando más allá de las pruebas objetivas y materiales, que evidentemente el Ministerio Público no ha realizado de manera adecuada y que no va a lograr demostrar”.
Expuso que la Fiscalía pretendió crear testigos y víctimas indirectas que presuntamente señalan que vieron los hechos, lo que no es cierto porque cuando sufrió el parto fortuito Aurelia estaba sola.
La también abogada de la víctima, Verónica Garzón Bonetti reveló que García Cruceño tuvo que huir de su comunidad porque fue agredidad sexualmente por una autoridad comunitaria, y tuvo miedo porque su familia le decía que “a las mujeres que tenían sexo fuera del matrimonio tenían que ser quemadas vivas, esta circunstancia generó un miedo en Aurelia y es la razón por la que huye de su comunidad y encuentra asilo en Iguala”.
Destacó que la detención de la joven se hizo cuando aún no se recuperaba del aborto fortuito, lo que evidencia que al Estado la salud de las mujeres no le es importante, señaló que hay “criminalización y discriminación institucional que sigue ocurriendo dentro del Estado y del sistema de justicia en contra de las mujeres indígenas”.
Aseguró que la FGE presentó como única prueba una docimasia pulmonar, que consiste en colocar un fragmento de los pulmones del producto en agua y si flota es porque hay aire en los pulmones porque el producto respiró, y si se va al fondo es que no hubo aire, no respiro y no hubo vida.
Manifestó que la docimasia pulmonar ya fue catalogada por la comunidad científica nacional y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una prueba que tiene un margen de error amplísimo, no es confiable y no se puede sustentar ninguna acusación y menos una sentencia con base solamente en esta prueba.
“Se evidencia que el médico forense no buscó otras posibles causas de muerte, no intentó ni siquiera investigar si había una enfermedad congénita. Tampoco investigó el contexto del parto de Aurelia para determinar si el producto pudo haber tenido algún tipo de afectación o lesión”, afirmó.
Aseveró que además en el hospital le pusieron a Aurelia sin su consentimiento “un implante anticonceptivo”, mencionó que el caso de la joven no es aislado sino que ocurre de manera sistemática, al menos tiene el registro de un caso similar en la misma cárcel de Iguala.
Pidió a la jueza, Mariela Alfaro Zapata, quien lleva el juicio oral de la joven indígena, que dicte una sentencia libre de estereotipos y prejuicios por razón de género y por su pertenencia a una comunidad indígena.
Ximena Ugarte adelantó que hoy jueves se realizará a la 1 de la tarde otro audiencia de juicio oral, donde se espera desahogar el resto de pruebas, la Fiscalía presentará dictámenes y testimonios y la defensa también presentará tres dictámenes en materia de antropología social y perspectiva sociocultural con perspectiva de género, un testigo y un dictamen de un análisis técnico que hizo una médico forense sobre el dictamen de necropsia presentado por la FGE.
Mencionó que esperan que antes de que concluya el año ya haya una sentencia a favor de la liberación de Aurelia García.
Texto: Emiliano Tizapa
