Educación deficiente o abandono escolar. Trabajo antes de los 18. Matrimonios forzados, uniones tempranas, embarazo. Migración es el futuro predecible para millones de menores cuyo “código postal sí es un factor determinante” en su vida, dicen representantes de ONG. Como “los jóvenes de Ayotzinapa”, que “si no fuera por todo el proceso que representó llegar a la Normal, no tendrían otra opción más que morir en el campo, el crimen organizado o irse a Estados Unidos”. Es una discriminación estructural, definida y sostenida por el Estado, sin importar el gobierno en turno
El Sur / Ciudad de México, 30 de abril de 2024. En México, nacer en el estado de Guerrero significa una infancia con escasas posibilidades de desarrollo, por lo que al crecer la gran mayoría de guerrerenses se enfrentará, como opciones de superviviencia, a un campo abandonado por las autoridades, al crimen organizado o la migración a otras entidades o incluso fuera del país, de acuerdo con especialistas entrevistados.
Este futuro predecible se debe a la discriminación y a la violencia estructurales, pues el código postal sí es un factor determinante en el proyecto de vida, dijo Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
Lamentablemente, añade, México nunca ha tenido un desarrollo homogéneo y el rezago en el sur se ha extendido por décadas. “Los estados más pobres del país, con mayor precariedad, siguen siendo Guerrero, Chiapas, Oaxaca y hay que agregar a Puebla. No es fortuito –enfatiza–, pues ahí es donde se concentra el mayor número de entidades que tienen pueblos originarios”.
Recuerda que, “históricamente”, el país también ha sido racista, clasista, machista. “Todo lo demás que no es Ciudad de México, provincia, vale menos”, ironiza en conversación vía telefónica.
Las élites políticas en dichas entidades, “sin importar el partido político, no han trabajado nunca, literalmente, para su población. Son élites que se han enriquecido a costa de la pobreza de estas regiones”.
Por ello, niñas, niños y adolescentes crecen con serias limitaciones y representan hasta 40 por ciento de la población, como en el caso de Chiapas.
Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), proporciona algunos datos: Guerrero es el onceavo estado con mayor población de niñas, niños y adolescentes, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sin embargo, es la que tiene el mayor porcentaje de personas de cinco a 17 años en condición de trabajo infantil.
Además, las cifras registradas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2022, establecían que en Guerrero se encontraba el mayor número de personas de 0 a 17 años que presentaban carencia por calidad y espacios de vivienda y carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda.
Ese año, Guerrero ocupó el segundo lugar del país con mayor porcentaje de personas de 0 a 17 años que presentaban pobreza, pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. En 2020 figuró como la segunda entidad con mayor porcentaje de mujeres de 12 a 17 años en situación de matrimonio o unión temprana, y en situación de maternidad adolescente.
Vulnerabilidad y pandemia con rezago educativo
En cuanto a educación, 12 de cada 100 menores de tres a 17 años en Guerrero presentaba rezago educativo en 2022. Es decir, 125.5 mil niñas, niños y adolescentes. Guerrero fue la entidad número 13 con mayor porcentaje de población infantil y adolescente con rezago educativo ese año.
Ramírez Hernández recuerda que durante la pandemia por covid-19, muchas niñas y niños no tuvieron oportunidad de tomar clases en línea porque no podían acceder a internet. Es un escenario adverso en Guerrero, dice, pero también en los cercanos Chiapas y Oaxaca.
“En un hecho que los efectos de la pandemia se recrudecen cuando existen condiciones de vulnerabilidad previas. Si estamos hablando de la niñez en Guerrero, sobre todo en las localidades más alejadas, por supuesto que esto implicaba una vulnerabilidad al menos de la brecha digital o de la brecha tecnológica, que hizo que los efectos de la pandemia fueran más graves”, explica la directora ejecutiva de Redim.
Y como agravante, la socialización quedó fuera, agrega. “México fue el penúltimo país de nuestra región en volver a las clases presenciales”, subraya. “Ahora lo que estamos viendo con la vuelta a la presencialidad en las escuelas, son muchas dificultades en la sociabilidad. Primero se les dijo a los más pequeños: ‘no te acerques’, ‘desconfía’, ‘no toques’, y ahora ‘confía de nuevo, acércate’”.
Expone que a veces las escuelas son espacios de protección de otras violencias. “Es un espacio para que menores y adolescentes no sufran incluso reclutamiento de violencia forzada. Fue muy irresponsable de parte del conjunto de las autoridades de México no haber vuelto prontamente a la presencialidad y ahorita se están viendo las consecuencias”, lamenta Ramírez Hernández.
Pérez García, de Tejiendo Redes Infancia, apunta por separado que, en términos escolares, la mayor parte del sistema educativo en Guerrero es multigrado, lo que significa que un maestro o maestra imparte primero, segundo y tercer año; y otra maestra o maestro imparte tercero, cuarto, quinto y sexto.
“La calidad de la educación es bastante precaria porque, además, maestros y maestras se trasladan a estas comunidades. Son largas distancias y, particularmente en el estado de Guerrero, la presencia de grupos criminales en los últimos años ha sido cada vez mayor. Eso ha llevado a que haya amplios territorios sin escuela”. Por ejemplo, menciona, en las comunidades protegidas o acompañadas por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) los niños y niñas no van a clases porque el grupo criminal Los Ardillos intenta adueñarse de todo el territorio.
“Literal: los menores no pueden estudiar. Los maestros y maestras tampoco están yendo ya a las escuelas rurales por temas de seguridad, ya sea por el crimen organizado, por confrontaciones entre los grupos, o por extorsión, desaparición. Con frecuencia –continúa la directora ejecutiva de Redim– el sindicato magisterial suspende las clases en ciertas zonas como medida de protección. Esto lleva años. El derecho de niñas y niños queda en un plano secundario”.
El otro escenario es la incorporación a cuerpos armados. El más visible fue el de la CRAC, el performance de los niños, para llamar la atención. “Lo más crudo es reclutamiento por parte de grupos criminales. Y el Ejército, que recluta a jovencitos que acaban de cumplir 18 años, para llevárselos como soldados”, sintetiza.
Violencia y diversas formas de esclavitud
Las infancias en México han crecido desde hace más de 15 años entre balas, se les dice a los especialistas. Tania Ramírez responde que, a nivel Federación, estados y municipios, “se debe atender esta crisis de violencia e inseguridad que ha provocado casos de incorporación de menores a grupos de autodefensas.
“Son escenarios extremos. Es un grito desesperado de las comunidades diciendo ‘no podemos seguir así’, cuando la vida se convierte en algo insostenible ante la falta de eficacia en la atención de la inseguridad”. Pero no es la única violencia que padecen los menores de edad, dice.
“En Oaxaca se observa que decrecieron las cifras de matrimonio adolescente, pero aumentaron las de unión libre. Se dio esa trampa. Lo que vemos son personas adultas, veinteañeros, treintañeros, a veces hasta cuarentañeros, con niñas desde los 11 a los 14 años.
“Es una práctica de obtención de recursos humanos para el desahogo de las tareas del cuidado, las labores domésticas o del cuidado de las personas enfermas o de las personas mayores. Prácticas que hasta podrían ser trata, explotación, nuevas formas de esclavitud, que se encubren en una relación sentimental y se le llama unión libre a algo que en realidad es una transacción con la vida, con los cuerpos y con la capacidad de producción de las mujeres”, analiza Ramírez Hernández.
En Guerrero, Oaxaca y Chiapas, de nuevo, las violencias familiar, sexual y física están bastante presentes. Y se mezclan con las deficiencias a nivel estructural, como el acceso a vivienda, alimentación, pobreza extrema.
Esto claramente, alerta Tania Ramírez, dibuja un mapa en donde niñas y niños “quizás no siempre están seguras ni seguros en sus hogares, escuelas y calles. Es un escenario muy adverso. Nos está quedando muy claro que si la vida es dura, lo es más para niñas y niños por esta violencia que también se ha enraizado en un encuadre de adultocentrismo en donde se sigue pensando que niñas y niños son propiedad, no sujetos de derechos.
“Es la mezcla de una violencia endémica que estamos viviendo en Guerrero y otros estados”, advierte.
Pocas opciones de desarrollo, de futuro
Las opciones de desarrollo para niños y niñas guerrerenses están claramente limitadas por la precariedad económica, el racismo y la violencia, resume por su lado Juan Martín Pérez, de Tejiendo Redes Infancia.
No hay que olvidar que Guerrero, Oaxaca y Chiapas “son los que aportan a la agroindustria del norte los jornaleros agrícolas, que son familias completas, lo que incluye a niños y niñas.
“En este contexto, es importante hablar de las infancias indígenas. Matrimonios forzados, uniones tempranas, embarazo temprano. Esas son las tres entidades con las tasas más altas. Más el abandono escolar. En el estado de Guerrero, niños y niñas no tienen proyecto de futuro. Lo que tienen es sobrevivencia”, sentencia.
“Eso, por supuesto, no es un dramatismo de que todo el tiempo sufren y no sonríen. Son comunidades –pueblos originarios, afromexicanos y mestizos– en las distintas zonas de Guerrero que tienen tradiciones, disfrutan, celebran la vida”.
Pero eso no los exime, finaliza, de “la discriminación estructural que viven. Claramente el código postal determina el proyecto del futuro. Nacer en el estado de Guerrero cancela el futuro para la mayoría. Por eso es que la migración estudiantil o universitaria es casi obvia y normal, porque de otra manera no habría posibilidades.
“Los jóvenes de Ayotzinapa, la gran mayoría fueron de estos niños y niñas indígenas o afroamericanos que, si no fuera por todo el proceso que representó llegar a la normal, no tendrían literalmente otra opción más que morir en el campo, el crimen organizado o irse a Estados Unidos. Es una discriminación estructural, definida, sostenida, por el Estado, sin importar el gobierno en turno”.
Texto: Guillermo Rivera
