(Primera de dos partes)
Gaspard Estrada
El pasado domingo, los venezolanos tuvieron una cita con las urnas para elegir a su próximo presidente de la República. No se trataba de una elección como las demás. Desde su llegada al poder, en 2013, por un margen mínimo (50.61% de los votos frente a 49.12% para su rival, Henrique Capriles), Nicolás Maduro ha estado en el filo de la navaja democrática. Si bien su antecesor, Hugo Chávez, consiguió obtener el respaldo de las urnas para sus políticas, con o sin la participación electoral de la oposición, no se puede decir lo mismo del actual presidente de Venezuela.
En 2015 se llevaron a cabo unas elecciones legislativas en las cuales la oposición se presentó unida frente a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). A raíz de este escrutinio, la oposición obtuvo por primera vez una victoria electoral desde la llegada al poder de Hugo Chávez (en 2002), con una mayoría calificada de escaños en el Congreso, pasando a ocupar 109 bancas contra 55 para los candidatos del PSUV. Sin embargo, en lugar de reconocer el resultado electoral y aceptar que la oposición pueda hacer uso de sus prerrogativas tras su victoria en las urnas, el régimen de Nicolás Maduro usó todos los instrumentos a su disposición para evitarlo. Mediante una jugada de la Corte Suprema –controlada por personalidades leales a Maduro–, la oposición perdió la mayoría calificada en el Parlamento tras la impugnación, por el PSUV, de los diputados Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, electos en el estado Amazonas como representantes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). La impugnación se basó en denuncias de irregularidades y un presunto fraude electoral. Estas denuncias llevaron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a emitir una medida cautelar el 30 de diciembre de 2015, suspendiendo la proclamación de los diputados electos por esa entidad.
Un año más tarde, en 2016, el TSJ anuló todas las decisiones de la Asamblea Nacional opositora, alegando que los legisladores incurrieron en desacato al incorporar a los tres diputados cuya elección había sido impugnada. Esta medida y otras decisiones del TSJ, limitaron significativamente la capacidad legislativa del Parlamento opositor y llevó al país a un nuevo nivel de confrontación entre poderes. Poco tiempo después, en 2017, el madurismo se impuso en el Legislativo por medio de la creación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La razón de ser de esta Asamblea era sostener un Parlamento paralelo, en el que solo fueron admitidos diputados del PSUV. Si bien la Constitución venezolana considera la creación de nuevos organismos, éstos deben ser aprobados por medio de un referéndum para ser reconocidos oficialmente; sin embargo, este último nunca fue convocado. De esta manera, el régimen se aseguró de arrebatarle a la oposición la posibilidad de seleccionar a las autoridades judiciales y electorales, debido a que esta facultad recayó en manos de este segundo Parlamento.
Esto no quiere decir, sin embargo, que la oposición haya jugado siempre el juego institucional. Tras la elección presidencial del 2018, en la cual la oposición no participó al no recibir las garantías de que el proceso sería transparente y democrático, un sector radicalizado decidió aprovechar la llegada al poder de la extrema derecha en Estados Unidos con Donald Trump, e intentó llevar a cabo un golpe de Estado contra Maduro. Juan Guaidó, un miembro del Poder Legislativo electo en 2015, se autoproclamó “Presidente encargado de Venezuela”, al tiempo que pidió al ejército respaldarlo. El problema fue que Maduro, desde su llegada al poder en 2013, aumentó profundamente el peso de las fuerzas castrenses dentro del andamiaje político y económico del oficialismo, al ascender a más de mil militares al cargo de generales, y al nombrar a muchos oficiales militares en la dirección de empresas públicas estratégicas. Al hacerlo, hizo mucho más difícil que estas últimas decidan abandonar al gobierno, y en última instancia, a Maduro, inclusive en tiempos de crisis. De ello hablaremos en nuestra columna de la próxima semana.
* Miembro del consejo asesor de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).
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