El gobierno acepta retomar el diálogo con las organizaciones indígenas y la Iglesia católica como mediadora
Madrid, España, 30 de junio de 2022. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado ayer un nuevo estado de excepción en cuatro provincias andinas durante 30 días por las protestas en el país, lideradas principalmente por organizaciones indigenistas, a las que se han contrapuesto a su vez otras movilizaciones de ecuatorianos contrarios.
El estado de excepción se circunscribe en las provincias de Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana “por ser aquellas donde se concentran la mayoría de actos violentos que atentan contra la integridad física de las personas, provisión de combustibles y el normal desenvolvimiento de las actividades económicas”, esgrime el decreto Ejecutivo 463, tal y como ha recogido ‘El Comercio’.
“Esta decisión tiene el objetivo de recuperar el orden público, controlar situaciones violentas, proteger áreas reservadas, asegurar la provisión de medicamentos, gases medicinales, oxígeno para hospitales y clínicas, combustibles y alimentos, y la integridad de la ciudadanía”, ha agregado en un comunicado de la secretaría de comunicación.
En el margen de este estado de excepción en Azuay, se ha establecido un toque de queda durante todos los días de 21.00 a 05.00 horas.
Del mismo modo, habrá restricción a la libertad de tránsito en Sucumbíos y Orellana pero desde las 19.00 horas hasta las 05.00 horas. En Imbabura se impondrá un toque de queda.
Asimismo, el decreto ha indicado que los cuerpos de seguridad deben observar “el estándar del uso progresivo de la fuerza”.
El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, ha solicitado ayer mismo a Lasso, que aplique el estado de excepción en la capital del país ante las protestas de organizaciones indígenas.
Desde que se inició el paro nacional en Ecuador el 13 de junio por el alto coste de vida, Lasso ha decretado en tres ocasiones estados de excepción parciales.
El ministro de gobierno de Ecuador, Francisco Jiménez, ha anunciado ayer que el Ejecutivo ecuatoriano ha aceptado retomar el diálogo con las organizaciones indigenistas con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
“Será la Conferencia Episcopal Ecuatoriana quien determine la metodología, los representantes, los temas y la fecha para poder instalar un nuevo diálogo”, ha detallado Jiménez en una rueda de prensa, añadiendo que las conversaciones se retomarán este jueves en la iglesia de la Basílica del Voto Nacional.
Jiménez ha recordado que el gobierno está dispuesto a ceder en una de las reivindicaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) sobre la prohibición de actividades extractivas en zonas protegidas.
En la primera y única reunión entre el Ejecutivo y las organizaciones indigenistas, Jiménez anunció la aceptación por parte del gobierno de la eliminación del decreto 95 y 151 –que establecen la política petrolera y la explotación minera– asegurando que no se realizarían actividades extractivas en lugares donde el territorio o el agua se vean amenazados.
Por otra parte, el titular de la cartera del Ministerio de gobierno ecuatoriano ha sostenido que no es posible retomar “ningún diálogo oficial” si los protestantes no deponen “sus medidas de hecho”. “Para cualquier diálogo que ellos busquen tienen que deponer sus medidas de hecho. No pueden seguir con agresiones a la población, seguir bloqueando vías, seguir intentando caotizar al país”, ha expresado Jiménez.
Por su parte, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, ha solicitado al presidente Lasso que aplique el estado de excepción en la capital del país ante las protestas de organizaciones indígenas y que sacuden la nación sudamericana desde hace ya más de dos semanas.
Texto: Europa Press
