Marcial Rodríguez Saldaña.
Este 30 de noviembre, los diputados federales del PRI, PVEM, PANAL y PES con la oposición de los legisladores de Morena y otros diputados, aprobaron la Ley de Seguridad Interior presionados por Peña Nieto y el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos lo cual ha suscitado un debate nacional respecto del tema de la seguridad, la delincuencia y la estrategia para combatirlas.
1.- La inseguridad en México es el principal problema que resiente la población, así lo indican todas las encuestas realizadas por empresas, los estudios académicos y la ciudadanía. Coincido en que debe darse una solución contundente al problema de la inseguridad pero la cuestión fundamental es como resolver ese asunto. Los gobiernos del PAN –Felipe Calderón- y del PRI –Peña Nieto-, optaron por violar la Constitución General de la República toda vez que esta dispone textualmente: “Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.”
2.- El artículo anterior no tiene ninguna otra interpretación más la que literalmente expresa. Calderón y Peña han incurrido en grave violación normativa en razón de que todos los servidores públicos –comenzando con el Presidente de la Republica- al momento de asumir su encargo juran respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan. El ejercito en todos los países del mundo, en tiempos normales, de paz, su función es la defensa de la soberanía nacional, del territorio y en casos de calamidades –inundaciones, incendios, terremotos etc.,- auxiliar a la población, pero no realizan funciones que le corresponden a la autoridad civil, como en este caso investigar delitos aún los de mayor gravedad como la siembra y la venta de drogas y perseguir a quienes los cometen.
3.- Una Ley de Seguridad Interior –como la que acaban de aprobar los diputados– que legaliza la participación del ejercito y la marina en funciones que le corresponden a la autoridad civil es contraria a la Constitución General de la República y a los tratados internacionales sobre derechos humanos. El ejercito y la marina en tanto corporaciones formadas para la defensa de la soberanía nacional no están preparadas para realizar acciones de persecución de los delitos y delincuentes civiles, por ello es que los constituyentes sólo les atribuyeron funciones de guerra en donde hay confrontación armada con ejércitos o grupos armados de otros países, y cuando se les envía a realizar acciones que corresponden a la autoridad civil, pueden incurrir en graves violaciones a los derechos humanos como ha ocurrido recientemente en nuestro país.
4.- El gobierno y sus publicistas oficiosos no se cuestionan sobre la raíz de este asunto, puesto que les resulta muy fácil justificarse diciendo ¿entonces como le vamos a hacer? La gravedad del problema de la inseguridad y la delincuencia no debe ser una justificante la violar la Constitución puesto que el fondo de este asunto lo encontramos en los gobiernos federales que hemos tenido quienes son cómplices de la situación en que nos encontramos debido a que observaron el problema, lo dejaron crecer y ahora como no saben que hacer les resulta fácil utilizar al ejercito y a la marina –violando la Constitución- para buscar resolver este asunto, sin embargo, hasta la fecha no ha dado resultados en razón de que ha crecido la violencia y la inseguridad y los grupos criminales buscan cada vez más otros giros de delincuencia que afectan severamente a la población.
5.- Esta Ley no es producto de un debate razonado en la opinión pública ni en la Cámara Federal de Diputados, sino que es producto de la presión del Peña Nieto y el secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda. La ley de Seguridad Interior aprobada por los legisladores federales pone en entredicho el Estado de Derecho, pues este se funda en el respeto absoluto a la Constitución y a los derechos humanos, por ello en este caso la ONU a través del Alto Comisionado están plantando a los senadores que no aprueben esta ley entre otras razones por: su ambigüedad en sus conceptos; violación al principio de necesidad; papel indebido de las fuerzas armadas; ausencia de controles; ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones; indebida regulación del uso de la fuerza; indebida protección y garantía de los derechos humanos; ausencia de transparencia; lesión a la autonomía de los órganos autónomos; ámbito de excepción del Derecho Procesal Administrativo; falta de precisión de los principios rectores. El combate a la inseguridad y a la delincuencia no se puede construir sobre la violación de la Constitución, el Estado Democrático de Derecho y poner en riego los derechos humanos.
Twitter: @marcialRS60
