Octavio Klimek Alcaraz
El 8 de febrero del 2012 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación reformas en materia ambiental al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Destaca la adición de un párrafo sexto a dicho artículo que dice lo siguiente:
Artículo 4: Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Además, en el artículo tercero transitorio tercero del decreto de la reforma constitucional, se mandata lo siguiente:
Tercero.- El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas.
Conforme a dicha reforma, se hace realidad el derecho humano al agua para consumo personal y su saneamiento. Pero para ello, el artículo tercero transitorio de la reforma, el Congreso de la Unión debía de expedir, en los primeros días de febrero del 2013, una nueva Ley General de Aguas, que entre otras cosas definiera las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos, estableciendo la participación de la federación, entidades federativas y municipios del país y de la propia ciudadanía.
Por ello, se considera que la nueva Ley General es una oportunidad para realizar una reingeniería a fondo del actual modelo tradicional de la política del agua en México. Sin embargo, ocho años después de esta reforma constitucional, el Congreso de la Unión ha incurrido en omisión legislativa al no emitir la Ley referida. Esto, pese a que se han realizado diversas propuestas de iniciativas de diferentes Grupos Parlamentarios a lo largo de las dos legislaturas anteriores. Sin embargo, no ha sido posible construir los acuerdos para dar cumplimiento al mandato de expedir la nueva Ley General.
En esta ocasión, de manera inédita, la ciudadanía, a través de la Coalición Agua para Todos ha presentado a principios de este año una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas con casi 200 mil firmas de ciudadanos. El Instituto Nacional Electoral avaló la legalidad de dichas firmas y la Cámara de Diputados ha iniciado el proceso legislativo para dictaminarla. Legisladores del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados hicieron suya también esta iniciativa ciudadana, además de que legisladores del grupo parlamentario de Morena en dicha Cámara han presentado una iniciativa propia. Se anuncia, que la próxima semana será presentada otra iniciativa de Ley General de Aguas por diputados integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Igualmente, senadores del grupo parlamentario de Morena también registraron la iniciativa ciudadana que fue presentada a los diputados.
Seguramente hay diferencias en las diversas iniciativas, pero estoy convencido que existen muchas más coincidencias. Creo que las iniciativas en discusión tienen la preocupación común de cómo ser más sabios con la gestión del agua en el país, ya que, con el actual marco legal, es simplemente una utopía lograr el acceso y uso equitativo y sustentable del agua para la gente y los ecosistemas.
Es notorio que a lo largo y ancho de nuestro territorio existen graves conflictos por el agua. En algunos sitios se presentan verdaderas guerras por el agua, ante su escasez, en otros sitios simplemente en cada temporada de ciclones se inundan. Es cada día más difícil identificar un acuífero, río o cualquier otro cuerpo de agua superficial no contaminado por descargas industriales y domésticas o simplemente sus aguas son sobreexplotadas como si fuera el Salvaje Oeste.
Peor aún, se identifican todo tipo de intereses y actores en torno a la propia gestión del agua. Claro ejemplo es que el agua no debería ser una mercancía para las personas, pero el comercio con el agua embotellada pura o en refrescos –causantes principales de la epidemia de diabetes en México– está ahora en manos de unas cuantas empresas. Todo esto, gracias a un sistema de concesiones y permisos totalmente permisivos y discrecional para este tipo de actividades. Por ello debemos pasar de una gestión del agua centralista y tecnocrática a una gestión más democrática, más ciudadana y cercana a las comunidades.
Nosotros, desde hace años hemos planteado un enfoque ecosistémico para la gestión del agua. Requerimos, si queremos tener viabilidad como país en tiempos de cambio climático y pandemias sanitarias, recuperar y conservar el buen estado ecológico de los ecosistemas hídricos del país. Tenemos que dejar de pensar y actuar en torno al agua como un recurso que puede ser usado sin considerar de manera integral al ecosistema natural del cual forma parte.
Por ello, debemos dejar de promover la oferta del agua de manera sectorial para el uso de las actividades humanas a través de la construcción de infraestructura, en muchos casos con impactos adversos en los ecosistemas, sin considerar una gestión integral ante la complejidad de los ecosistemas. Hay una visión muy arrogante en la historia de la gestión del agua en México, tiene mucho que ver con ignorar el avance de la ciencia y supeditarse a los intereses de los grandes contratos de empresas constructoras y funcionarios coludidos. Por ejemplo, con el actual grado de conocimiento científico es imposible seguir defendiendo como solución mágica los trasvases entre cuencas o las grandes presas. Ahora debemos invertir más recursos públicos en la gestión y adecuado mantenimiento de las infraestructuras existentes, hay que incentivar la reducción del uso y del deterioro cualitativo del agua, hay que restaurar los ecosistemas acuáticos.
Seguramente hay muchos asuntos que en este texto no se abordan. Lo que sí creo es en el poder del diálogo y de la cooperación. No creo en que deban existir vencedores y derrotados en el proceso que ha iniciado el Congreso de la Unión. Si todos los actores que están trabajando en torno a la nueva Ley General del Agua se suman a trabajar de manera proactiva; si todos tienen altura de miras, tendremos la Ley General de Aguas que requiere el país.
