En un comunicado el centro de derechos humanos exhorta al Tribunal de Enjuiciamiento Penal a que resuelva “con imparcialidad e independencia” el caso, pues se adjudica a los agraviados “delitos que no cometieron”.
Chilpancingo, Guerrero, 15 de mayo de 2019. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representantes legales de los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), exigieron la inmediata e incondicional libertad de los 16 defensores comunitarios presos en el penal de Las Cruces, el cese a la criminalización, respeto a los sistemas normativos internos y derecho de consulta previa, libre e informada de los pueblos.
Y exhortaron al Tribunal de Enjuiciamiento Penal, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares, a que resuelva con imparcialidad e independencia, con perspectiva intercultural y conforme a los estándares nacionales e internaciones en derechos humanos, el caso de los 16 detenidos en enero de 2018 acusados de “delitos que no cometieron”.
En un comunicado, Tlachinollan informó que el 22 de mayo será el juicio oral para determinar la situación legal de los 16 detenidos del Cecop, “acusados injustamente de delitos que no cometieron, en represalia por su labor en defensa del territorio”.
Exigió “la inmediata e incondicional libertad de los 16 defensores comunitarios, el cese a la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero, y que se respeten a los sistemas normativos internos y al derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas”.
También solicitaron al Tribunal a que “resuelva conforme a los principios de imparcialidad e independencia, con la debida perspectiva intercultural y conforme a los estándares nacionales e internacionales más altos en materia de derechos humanos”.
Manifestaron que las organizaciones civiles y sociales atenderán los resultados de las audiencias, “a fin de que las víctimas obtengan justicia verdadera y los defensores comunitarios inocentes no sean criminalizados”.
Llamaron a la comunidad nacional e internacional de defensores de derechos humanos a unirse en la exigencia de libertad firmando una petición en línea publicada por AVAAZ, “el mundo en Acción a través de la cual se hace un llamado internacional para la pronta liberación de los defensores”.
“Frente a la audiencia que se avecina, personas defensoras y organizaciones nacionales e internacionales permanecerán atentas/os de los resultados de la misma, ya que –una vez más– a través de este caso se evidenciará si las autoridades están comprometidas con el respeto a los derechos humanos y al debido proceso o se seguirá torturando y encarcelando a quienes defienden sus derechos”.
En el comunicado de Tlachinollan se relata que desde hace un año y cuatro meses, los 16 integrantes del Cecop permanecen en prisión acusados de homicidio calificado, y que el Ministerio Público obtuvo “mediante tortura, detenciones arbitrarias e incomunicación varias pruebas con las cuales se les ha llevado a juicio”.
Los detenidos son Ernesto Valeriano Morales, Manuel Estrada Pineda, Santos Pino Elacio, Catalino Valeriano Estrada, Fernando Chona Chávez, Olegario Montes de Oca Mejía, Antonio Cabrera Morales, Francisco Cabrera Morales, Felipe Romero Galeana, José Francisco Flores, José Elacio Martínez, Manuel Everardo Suástegui, Pablo Carmen García; el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz; Vicente Iván Suástegui Muñoz y Javier Melchor Santiago.
Todos fueron detenidos el 7 de enero del 2018, después de un enfrentamiento entre policías comunitarios y personas que estaban en un baile en la comunidad de La Concepción, que dejó un saldo de ocho muertos: dos comunitarios y seis pobladores.
“Más tarde arribaron a la comunidad cuerpos de seguridad para hacer las primeras investigaciones, pero en lugar de ello empezaron a disparar a los presentes, detuvieron de manera arbitraria a varios campesinos que fueron a la asamblea, los torturaron e incomunicaron y así obtuvieron pruebas para imputarles el homicidio”. Los detenidos fueron 25, y actualmente son 16 los que siguen en prisión.
Tlachinollan asegura que “el verdadero motivo de su detención es frenar su histórica lucha contra la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota”, lucha que se inició en 2003 cuando el gobierno federal intentó imponer el megaproyecto sin la consulta previa de los pueblos.
Texto: Redacción / Foto: Archivo
