Franco Manuel Casella milita en el partido Voluntad Popular, el mismo que al que pertenece el autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó. La Constituyente venezolana despoja de la inmunidad a todos los diputados señalados por el Tribunal Supremo.
Ciudad de México, 15 de mayo de 2019. El diputado venezolano Franco Manuel Casella Lovaton, uno de los cuatro opositores señalados este martes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por su implicación en los sucesos del 30 de abril, se refugió en la Embajada de México en Venezuela.
El legislador milita en el partido Voluntad Popular, el mismo que al que pertenece el líder opositor y autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en un comunicado que ha recibido al diputado de la Asamblea Nacional. “El Gobierno de México, siguiendo su tradición diplomática, recibió hoy en la sede de su residencia en Caracas, para brindarle protección y resguardo, al diputado Franco Manuel Casella Lovaton, presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario e integrante de la fracción del Partido Voluntad Popular”, recoge el texto.
La nota señala que con esa medida, “en apego al Derecho Internacional, México reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política”.
El gobierno mexicano expresó así su preocupación por la situación de los Derechos Humanos, el derecho al debido proceso y la inviolabilidad de la inmunidad parlamentaria en Venezuela, en especial de los integrantes de la Asamblea Nacional de dicho país.
Asimismo, reiteró su postura de no intervención, su apertura al diálogo y su colaboración para encontrar una solución democrática y pacífica a la situación por la que pasa Venezuela.
La Constituyente despoja de la inmunidad parlamentaria
a todos los diputados señalados por el Tribunal Supremo
La Asamblea Constituyente de Venezuela despojó de su inmunidad parlamentaria a otros cinco diputados, dejando así sin protección legal a los 14 legisladores que han sido señalados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por los sucesos del 30 de abril.
En un primer momento, la Asamblea Constituyente actuó contra Carlos Paparoni y Miguel Pizarro, si bien posteriormente ha sumado a Freddy Superlano, Sergio de Jesús Vergara y Juan Andrés Mejía, los tres que tenía pendientes desde la semana pasada.
Además, el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, aclaró que en los casos de Franco Castella y Winston Flores, señalados igualmente por el TSJ, “no ejercían como titulares de curules”, por lo que ya “carecían de inmunidad” parlamentaria.
La semana pasada, el TSJ puso en el punto de mira a diez diputados, de los cuales siete perdieron la inmunidad parlamentaria, a la espera de que la Asamblea Constituyente actuara de la misma manera contra Superlano, Vergara y Mejía, los tres restantes.
El martes, el alto tribunal cargó contra Paparoni, Pizarro, Casella y Flores, contra los que ya se ha pronunciado la Asamblea Constituyente, por lo que la institución ‘chavista’ ya no tiene más diputados a los que arrebatar su inmunidad parlamentaria.
En todos los casos, el TSJ ha considerado que los legisladores opositores han visto “comprometida” su responsabilidad penal por la “comisión flagrante” de los delitos de traición, rebelión, usurpación de funciones, concierto para delinquir, instigación a la insurrección y al odio.
De estos 14 diputados, Mariela Magalles y Américo de Grazia se han refugiado en la embajadas de Italia en Caracas, mientras que Richard Blanco lo ha hecho en la de Argentina y Casella en la de México. Además, Luis Florido ha huido a Colombia.
Además, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, fue detenido el pasado 9 de mayo. Su familia ha pedido en los últimos días una “fe de vida” debido a los “fuertes rumores” que circulan en redes sociales sobre su estado de salud.
Por todo esto, el autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, ya había denunciado un “golpe al Parlamento”. A ello hay que sumar la “toma militar” que sufrió el martes la Asamblea Nacional por la irrupción de uniformados, incluidos agentes de Inteligencia, que impidieron el acceso a diputados, trabajadores y periodistas.
La Asamblea Nacional ha informado de que la sesión del martes, en la que tenía previsto abordar “la destrucción del poder adquisitivo del venezolano”, las acciones judiciales contra diputados y la reincorporación de Venezuela a la Convención Americana de Derechos Humanos, se ha aplazado a este miércoles, aunque no ha precisado dónde tendrá lugar.
Crisis política
La crisis política en Venezuela empeoró el 10 de enero, cuando Nicolás Maduro decidió iniciar un segundo mandato de seis años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude.
En respuesta, Guaidó se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de cesar la “usurpación”, crear un gobierno de transición y celebrar “elecciones libres”. Estados Unidos, la mayoría de los países latinoamericanos, incluido Colombia, y numerosos europeos, entre ellos España, le han reconocido.
La situación se ha agravado a raíz del 30 de abril, cuando Guaidó y un liberado Leopoldo López capitanearon un alzamiento militar que, de acuerdo con la versión de Estados Unidos, se vio frustrado a causa de la intervención de Rusia y Cuba.
Texto: Europa Press
Foto: Agencia Reforma
