Promotoras de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG) llamaron a la población a señalar fallas e inconsistencias de las instituciones en casos concretos de violencia contra las mujeres, ayer en el taller de información en Chilpancingo, para socializar las acciones que implica este mecanismo de emergencia en Guerrero.
La activista Marina Reyna Aguilar denunció que en este proceso han recibido información de que en la montaña hay muchas denuncias de desapariciones de adolescentes, al parecer por enganchadores que llegan de otro estados y que las familias no denuncian.
Dijo que han dado seguimiento a dos casos de feminicidios donde las familiares desistieron por temor y falta de condiciones de continuar su exigencia de justicia.
Denunció la desaparición de la estudiante de la Normal Rural de Amilcingo Morelos, Yanet Tapia Palacios, originaria de Mártir de Cuilapan (Apango), desaparecida el 22 de abril de 2016, caso difundido en diferentes medios.
Reyna Aguilar informó que a pesar de que se abrió una carpeta de investigación en el Ministerio Público donde testimonios implicaron al exnovio de la normalista, originario de Chiapas, y que hubo un protocolo por su desaparición, su cuerpo fue encontrado siete meses después en el Servicio Médico Forense de Morelos, donde estuvo sin ser identificada.
Añadió que padres de la joven recibieron los restos en diciembre del mismo año, a las 5 de la madrugada, con la orden de que tenía que ser enterrado en no más de 3 horas. Desde del sepelio decidieron no hablar más con los medios de comunicación, tampoco se había informado del hallazgo ni que el caso sigue impune.
La defensora reprochó la actuación de las autoridades de Morelos en este caso, principalmente porque también ahí fue decretada una DAVG.
Con menos datos habló de la muerte de una joven de 17 años y siete meses de embarazo en el municipio de Tierra Caliente, donde también se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado, y no tuvo seguimiento porque el implicado está involucrado con grupos de la delincuencia organizada.
De las desapariciones en La Montaña dijo que “es un secreto a voces, que es una de las actividades del crimen organizado, que no les genera costos, puras ganancias”, pues se menciona que los enganchadores incriminan a las jóvenes con que se fueron con el novio, cuando se desconoce su paradero.
Entonces convocó a todos los ciudadanos a involucrarse en el seguimiento del mecanismo de la DAVG a nivel gubernamental, para observar, señalar cuando sea necesario las deficiencias, omisiones o maltrato en casos específicos.
“Tratamos de ser puente para otras mujeres para que se les brinde un mejor servicio, cuando van solas, sabemos que se enfrentan a funcionarios insensibles”, agregó.
En otro tema informó que este miércoles el Tribunal Superior de Justicia convocó a algunas organizaciones de mujeres a conocer el programa estatal de capacitación que va a coordinar la Secretaría de la Mujer.
Destacó la actividad y opinó que debe ser observada cuando se ejecute y conocer los resultados “que no sea sólo (un asunto) de relumbrón”.
Añadió que al parecer se contrató a la consultoría del abogado Miguel Carbonell que presentó directamente el programa.
A pregunta de uno de los asistentes, María Luisa Garfias Marín aclaró que si en una zona geográfica se está violentando a las mujeres, se les impide desarrollarse y vivir libres, se debe cambiar la cultura patriarcal que atraviesa toda la sociedad.
Dijo que debe haber voluntad, “si no se erradica la violencia a las mujeres será un monstruo que nadie podrá detener. Las autoridades deben garantizar la vida, la igualdad, entendemos que no puede haber un policía para cada mujer, se necesita modificar leyes, cambiar las políticas y cambiar esta cultura, por otra donde no se violente a las mujeres por ir a un bar, por su forma vestir. Las mujeres no pueden vivir escondidas para evitar que las maten o las violen”.
Texto: Lourdes Chávez
