Texto: Vania Pigeonutt
Fotos: Cuartoscuro
Ciudad de México.- Abogados y activistas, así como su esposa Agustina García entregaron en la oficina representación del gobierno de Guerrero casi 40 mil firmas recabadas en la campaña electrónica de Avaaz, en cuya petición se exige la liberación del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera quien está preso desde hace cuatro años pese a que ha demostrado su inocencia.
Acudieron al encuentro con el titular de la oficina ubicada en Polanco, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado de la misma organización a cargo de la defensa del comunitario, Rogelio Téliz, junto a Agustina, así como los actores Daniel Giménez Cacho, Ofelia Medina y el activista Mardonio Carballo, y Ángel García García, un ex preso político de la CRAC.
El hijo del ex gobernador y actual subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, René Juárez Albarrán recibió alrededor de las 11 al grupo encabezado por Agustina García, quien a cuatro años de distancia pese a estar enferma de la columna y manteniendo a sus cuatro hijas e hijo tras el encierro de su esposo, acudió a la ciudad.
Rogelio Téliz quien lleva el caso de Arturo Campos preso en el penal de Ayutla, explicó que durante la campaña se lograron reunir 34 mil firmas, por la socialización de varios activistas. Ahí demandan al juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos en Tlapa, a agilizar el caso y dictar sentencia lo más pronto posible, así como tomar en cuenta las pruebas ofrecidas y decretar su libertad inmediata.
Juárez Albarrán aseguró que no conocía el caso y que Arturo Campos, así como otros comunitarios de la CRAC que fueron apresados en 2013 durante el gobierno del defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero, como el de la ex comandanta de Olinalá Nestora Salgado y el promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina González encarcelado en Chilpancingo, pero se comprometió a llevar su caso y las firmas al poder Judicial de Guerrero.
Rogelio Téliz informó que le entregaron las firmas por escrito y de manera electrónica, “para poderle exigir por su conducto puedan a la brevedad dictar una sentencia, platicamos con él para que le haga llegar la información al poder Judicial y agilizar el tema. Le expusimos que el proceso está cerrado, el viernes fue la última audiencia, el expediente está con el juez y éste está en condiciones de dictar sentencia, no esperarse hasta los 15 días que establece la ley”.
Arturo Campos está preso desde el 1 de diciembre de 2013 acusado de secuestro, robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla y delincuencia organizada, ha quedado absuelto de tres causas penales pero está pendiente el delito de secuestro, por un expediente radicado en Tlapa.
Detalló que el único proceso que seguía vigente en su contra por secuestro en la causa penal 196/2013-1 ya fue desahogado.
Agustina García le dijo a Juárez Albarrán que no confían en el gobierno de Guerrero y pidió que no le fabriquen más delitos.
También preocupa a sus abogados, según dijo Téliz, “que la Fiscalía (General del Estado) no tenga otro expediente oculto, que pudiera sacarlo cuando ya esté en libertad o vaya a salir de la cárcel”.
Pidió que durante este proceso le puedan resarcir el daño causado a él y a su familia, “y hasta que esté libre sabremos si hubo voluntad política… Él no tiene ninguna culpabilidad, la gente que lo acusaba no logró mantener firme esa acusación, el gobierno nunca ha agilizado estos procesos pese a que tenemos expedientes completamente cerrados”.
Recordó que tanto Nestora Salgado como Bernardino García y otros cinco comunitarios presos por secuestro fueron absueltos por jueces de Guerrero, confía que esos criterios puedan emplearse en el caso de Arturo Campos y la sentencia salga antes dos semanas.
Mencionó que la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, mantiene pendiente una propuesta de punto de acuerdo para que el Senado se pronuncie a favor de su liberación bajo los mismos criterios jurídicos que en el caso de Nestora Salgado García, apresada en agosto de 2013 y quien recuperó su libertad en abril de 2016, porque se reconoce a la CRAC como un sistema de impartición de justicia y a sus integrantes como autoridades.
Durante la reunión el activista Mardonio Carballo consideró que el gobierno de Guerrero, “debe asumir los derechos indígenas en tratados internacionales y legislación interna para reconocer a la Policía Comunitaria en el marco de la configuración multicultural de México. Es paradójico que como en el caso de los 43 a Arturo también lo acusen el mismo número de personas en el Estado. La Policía Comunitaria salvó al pueblo ante la inseguridad”.
Las firmas siguen recolectándose en la comunidad global de movilización online Avaaz.
Tlachinollan informó que “desde hace más de dos décadas existe en La Montaña y en la Costa Chica de Guerrero una Policía Comunitaria (CRAC-PC), se trata de un ejercicio de las comunidades decidiendo en asamblea y seleccionando a los ciudadanos de mejor conducta para resguardar a sus propias comunidades”. Pide respeto a este sistema y a sus integrantes, como Arturo Campos.
