13 enero,2022 1:44 pm

Llevan a Corte IDH caso por ley antiaborto de El Salvador

 

 

Ciudad de México 13 de enero de 2022.-

 

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres celebraron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) finalmente vaya a discutir el caso de Beatriz, una mujer salvadoreña a quien el Estado de El Salvador le negó la interrupción voluntaria del embarazo pese a estar en riesgo su vida.

 

La decisión, señalaron, abre las puertas a que el Estado salvadoreño se vea obligado a cambiar la legislación que prohíbe de forma absoluta el aborto, una de las leyes más restrictivas en el mundo.

 

Gisela de León, directora jurídica de CEJIL, una de las colitigantes de la causa, detalló ayer que el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2013, y dicha instancia finalmente lo presentó ante la Corte el pasado 5 de enero.

 

“Con eso esperamos que se dé un paso más para la obtención de justicia para Beatriz y su familia, y, en segundo lugar, que el Estado salvadoreño adopte medidas para evitar la repetición de hechos como los que le ocurrieron a Beatriz”, dijo este miércoles en una rueda de prensa, en la que también participaron los familiares de Beatriz y representantes de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, colitigantes de la causa.

 

A los 22 años, Beatriz, una mujer de escasos recursos y residente de Jiquilisco, una zona rural de El Salvador, padecía lupus con afectación renal cuando, en febrero de 2013, le fue confirmado un embarazo anencefálico de 11 semanas, en el que el feto tenía nulas posibilidades de vivir fuera del útero.

 

Los 15 médicos que la atendieron determinaron que era necesario interrumpir la gestación, dada su condición de salud así como la inviabilidad del feto, pero para poder hacerlo, necesitaban una autorización judicial para no ser criminalizados por dicho procedimiento.

 

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia denegó el amparo solicitado por Beatriz, y no fue sino hasta la intervención de la Corte Interamericana, 81 días después, en junio, que le fue practicada una cesárea, dando a luz a una niña que murió pocas horas después dada su ausencia de cerebro.

 

“Este proceso de litigio inició con una decisión de Beatriz después que salió del hospital, recuerdo que la primera reunión que tuvimos para conversar esto fue el 27 de junio de 2013, nos dijo: ‘sí, yo quiero presentar esta demanda (ante la CIDH) porque no quiero que otras mujeres vivan lo que he vivido'”, contó Manuela Herrera representante de la Colectiva Feminista.

 

Beatriz murió en 2017 tras sufrir un accidente de tránsito, mientras su salud ya se encontraba visiblemente deteriorada por las enfermedades que padecía.

 

La CIDH emitió cinco recomendaciones al Estado salvadoreño en noviembre de 2020 para la reparación de los daños a la familia de Beatriz y para evitar la repetición de los hechos, incluida un cambio en la legislación antiaborto. Sin embargo, tras no haber cumplido con ninguna de las medidas, elevó el caso ante la Corte IDH.

 

“Si bien celebramos el avance de este caso, también esto habla de la poca seriedad del Gobierno salvadoreño en implementar las recomendaciones que ya la Comisión le hizo (…) Hemos visto iniciativas de ley que no han sido seriamente discutidas en el Congreso”, enfatizó María Antonieta Alcalde, directora de IPAS Centroamérica y México.

 

“Beatriz falleció por un Estado indolente que hasta el momento ni ha traído justicia a la familia de Beatriz ni ha implementado los cambios necesarios para asegurar que este caso no se vuelva a repetir, y la interrupción absoluta del embarazo sigue cobrando vidas o sigue poniendo injustamente a las mujeres en la cárcel”.

 

A fines del año pasado, la Corte IDH emitió una sentencia contra el Estado salvadoreño por el caso de Manuela, una mujer condenada a 30 años de cárcel tras sufrir una emergencia obstétrica, pero acusada por personal médico de practicarse un aborto. La mujer murió en prisión dos años después por complicaciones de un cáncer que padecía y que había contribuido al aborto espontáneo.

 

Con dicha sentencia, el tribunal ordenó al Gobierno regularizar el secreto profesional médico, para evitar que más mujeres sigan siendo criminalizadas bajo la ley del aborto por sufrir emergencias obstétricas, pero condenadas a penas de hasta 50 años de cárcel por el delito de homicidio agravado.

 

Texto y foto: Agencia Reforma