Saúl Escobar Toledo
Hace unos días, la directora-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebraba el respaldo del Consejo Directivo de esa institución para una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEGs) equivalente a 650 mil millones de dólares. Se trata –dijo– de la mayor asignación en la historia del FMI y servirán para enfrentar, a nivel global, las necesidades que tienen muchos países para mantener sus reservas monetarias, en esta etapa –agregó– en que el mundo vive la peor crisis desde la Gran Depresión (1929).
Ahora se requiere presentar un proyecto para dotar, país por país, esos DEGs. La directora del FMI señaló que esta inyección servirá para aliviar las necesidades de liquidez de todos los países miembros del FMI, y con ello, se alimentará la confianza, la capacidad de respuesta y la estabilidad de la economía global. Consideró que el reparto de los DEGs deberá beneficiar principalmente a los países más vulnerables. Ello requerirá la voluntad de las naciones más ricas para apoyar a las más pobres y ayudar así a combatir la pandemia y alentar el crecimiento económico.
Pero ¿qué son los DEGs y por qué es importante este anuncio? Aunque puede resultar un poco difícil de explicar para aquellos que están alejados de la jerga económica, cabe aclarar que los DEGs no son una moneda sino un activo (asset), creado y distribuido por la Junta de Gobernadores del FMI, es decir por todos los estados nacionales, bajo ciertas reglas que le dan un gran poder de decisión a las naciones más prósperas, en especial a Estados Unidos. Este instrumento está destinado, principal, aunque no únicamente, a fortalecer las reservas monetarias de los gobiernos nacionales que normalmente se depositan en los bancos centrales. Estas reservas sirven para evitar devaluaciones bruscas o una carencia de divisas (principalmente el dólar), necesarias para importar bienes como medicinas (vacunas), alimentos, insumos (como el petróleo o el gas) y maquinaria. También para el pago de sus obligaciones de deuda externa. En otras palabras, una dotación suficiente de DEGs pueden ayudar a que, sobre todo los países más endeudados o pobres, puedan utilizar sus recursos para beneficio de sus habitantes y de su economía, en lugar de depositarlos en sus bancos centrales.
Los DEGs fueron creados en 1969, basados en una idea de un economista latinoamericano, Raúl Prebisch. Se trata de un activo meramente contable (no existe un billete o una moneda) y se define mediante una canasta de cinco divisas: el dólar de EU; el Euro; el renminbi chino; el yen de Japón; y la libra esterlina. En sus primeros años, se utilizaron como un complemento de las reservas monetarias para que éstas no dependieran sólo del dólar estadunidense y del oro. La idea era evitar una guerra monetaria y un desorden mayúsculo. No se logró. Y en 1973, ante la fluctuación permanente de las tasas de cambio de las monedas más fuertes en el mundo, la emisión de DEGs cayó casi en total olvido.
Como consecuencia de la crisis de 2008, los DEGs revivieron y se utilizaron para aliviar un poco los efectos de esa crisis. Desde el año de su creación y hasta ahora, se habían asignado un total de 293 miles de millones de dólares, de los cuales más del 90 por ciento se crearon en 2009 a raíz de la Gran Recesión.
De esta manera, la decisión de asignar una cantidad de DEGs equivalente a 650 mil millones de dólares significa un cambio radical. Más de lo doble de lo que se había destinado en toda su historia. El problema, en esta ocasión, es que su distribución beneficie a los países más pobres pues según las reglas del FMI, los DEGs se otorgan de acuerdo con las cuotas que los países aportan al Fondo. Los más ricos se quedan con una mayor asignación de DEGs. Sin embargo, los países miembros del FMI decidieron en 2009 un reparto más equitativo. Esta vez, debe apegarse, muchos más, a la debilidad financiera de cada país. El otro asunto es la cantidad. Según varias instituciones y centros de estudio en realidad se requieren algo así como 3 billones de DEGs, una cantidad aproximada de 4 billones de dólares. Es decir, cinco veces más de lo que ya se autorizó.
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en su Informe especial Covid-19, 8 de julio de 2021, ha reconocido que la iniciativa más importante para proteger las reservas internacionales y evitar la volatilidad de los tipos de cambio, la fuga de capitales o la posibilidad de crisis bancarias, particularmente en América Latina, consiste en la propuesta de una nueva emisión de DEGs equivalente a 650 mil millones de dólares, y su asignación a las economías en desarrollo. Esta institución afirma que la distribución de los DEGs se dividirá en tres partes. La primera consistiría en aumentar el financiamiento del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP), lo que beneficiaría a los países de menores ingresos. La segunda consistiría en un fondo fiduciario para financiar la lucha contra el cambio climático, la transformación digital y los gastos relacionados con la salud. La tercera parte se destinaría a apoyar préstamos de bancos multilaterales de desarrollo (que otorgan créditos en dólares a una tasa de interés muy baja).
El informe señala que América Latina y el Caribe se beneficiarían de una nueva emisión de DEGs, al fortalecer algunas de las economías más pequeñas y endeudadas, disminuyendo así su prima de riesgo y liberando recursos para el financiamiento de gastos para enfrentar la pandemia. Precisa que la contribución de una nueva emisión de este activo como porcentaje de las reservas internacionales favorecería principalmente a Venezuela, Bolivia, Guyana, Surinam, El Salvador, Belice y Haití. México no recibiría muchos recursos por este concepto.
Sin embargo, la Cepal advierte también que para sostener el gasto público y evitar una crisis financiera, se requiere un “mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana para hacer frente, sobre todo, a las obligaciones contraídas con los acreedores privados; y una agencia multilateral de calificación crediticia (en lugar de las privadas como Moody’s y Standard & Poor’s). Asimismo, considera que se debe ampliar el alcance de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, acordado por el G20, más allá del 2021 y que debe incluirse a los países de ingresos medios, no sólo a los más pobres. Es decir, a naciones como Brasil, Argentina y México. Estas propuestas no han recibido una respuesta, hasta el momento, de los organismos multilaterales como el FMI, ni de los gobiernos de los países más poderosos.
En resumen, hay esfuerzos sin precedentes para ayudar a superar los problemas actuales, que en cierta medida rompen con el modelo neoliberal, pero todavía son insuficientes. Si no se fortalecen y se toman en cuenta medidas más drásticas como las que propone la Cepal y otros centros de investigación, la posibilidad de que se produzca al mismo tiempo una crisis mundial de grandes dimensiones, tanto financiera (por falta de pago de las deudas) como social (debido a la ausencia de recursos para luchar contra la pandemia y reactivar las economías), es una posibilidad que cada vez más se perfila en el futuro inmediato. México, a pesar de haber sostenido una política económica muy conservadora en materia de gasto y deuda, no podría escapar de este negro escenario porque la magnitud de sus obligaciones externas ha crecido (como proporción del PIB), y por los efectos de contagio que pueden producirse por la situación internacional.
Una acción conjunta, sostenida por México, Argentina (miembros del G20), y quizás ahora Perú, apoyada también por otras naciones como Bolivia, podría servir mucho para ampliar la asignación de DEGs y llevar a la mesa las propuestas de reestructuración de las deudas como propone la Cepal. Si el gobierno de López Obrador persiste en su política de restricción del gasto público, al menos podría mostrar una cara más progresista en el escenario mundial.
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