Gaspard Estrada
Desde la elección el domingo 30 de octubre pasado del ex presidente Lula como nuevo jefe del ejecutivo brasileño, la actividad del gobierno federal de ese país parece haberse paralizado. No solamente porque Bolsonaro ha dejado de expresarse públicamente, ya sea presencialmente a través de sus tradicionales enlaces vía Youtube o bien por la vía de su cuenta en Twitter. Sino porque buena parte de la actividad de la administración pública federal parece haberse detenido: el pasado lunes, la oficina a cargo de la expedición de pasaportes anunció la suspensión de la emisión de pasaportes hasta nuevo aviso, por falta de presupuesto. Todo parece ser como si Brasilia esperase un nuevo gobierno para volver a funcionar normalmente, después de cuatro años de distopía.
Sin embargo, el silencio del líder de extrema derecha aparece como una fachada. Tras bambalinas, Bolsonaro y su familia están operando a todo vapor para nombrar a aliados en cargos estratégicos –incluyendo jueces en cortes superiores como el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), o en las cortes de revisión en las seis regiones judiciales del país. También, numerosos puestos en agencias reguladores, como la Autoridad Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), a cargo de regular los flujos de autobuses en el país, así como la Comisión Administrativa de Derecho Económico (CADE), a cargo de los temas de competencia económica, tema extremadamente sensible.
Pero esta política de fin de gobierno no se limita a los asuntos de política interior: Bolsonaro también tiene la firme intención de copar buena parte de las embajadas en el exterior (casi dos decenas), incluyendo algunas estratégicas para la política exterior de Brasil: Argentina, Francia, Italia, Vaticano, Organización de Estados Americanos (OEA), Organización para Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO, por sus siglas en inglés), entre otras. Además de estos cargos estratégicos, Bolsonaro nombró a tres aliados políticos en la Comisión de Ética Pública de la Presidencia de la República –una entidad encargada, entre otras cosas, de vigilar la acción del Presidente y de su equipo más cercano (durante los cuatro años de mandato de Jair Bolsonaro, esos cargos estuvieron vacantes).
Pero no es todo. Además de esta estrategia, Jair Bolsonaro y su familia respaldan las múltiples movilizaciones de militantes de extrema derecha, en particular en el sur del país –en estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná–, que se han aglomerado frente a los cuarteles del ejército para exigir una intervención militar y así impedir que Lula tome posesión como Presidente de la República el primero de enero del próximo año. Por otro lado, el todavía Presidente de Brasil ha presionado a la cúpula militar para que respalde a los manifestantes y de pie a un aumento de las manifestaciones en las calles.
Finalmente, el partido que postuló a Jair Bolsonaro, el Partido Liberal, decidió impugnar los resultados de la segunda vuelta electoral en 250 casillas, bajo el pretexto que su avanzada edad les impediría dar resultados confiables, sin presentar ninguna prueba de ello.
Es decir, Bolsonaro está empeñado en darle fuerza al discurso del “fraude” electoral para continuar alimentando su base política. El problema es que contrariamente a lo sucedido hace cuatro años atrás, la extrema derecha ha perdido el poder. Buena parte de la clase política le ha dado la espalda a Bolsonaro, y ha empezado a negociar espacios con el gobierno electo de Lula. Por su lado, los grandes empresarios también han cambiado de bando. Finalmente, el escenario internacional es totalmente adverso al gobierno saliente, de manera que un golpe militar luce muy improbable. Para bien de Brasil.
Eso no quiere decir, sin embargo, que las instituciones están funcionando normalmente en ese país. El desafío del gobierno electo de Lula da Silva será de regresar a la normalidad democrática después de una década de distopía.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París
Twitter: @Gaspard_Estrada
