Gaspard Estrada
El pasado lunes el presidente Luiz Inacio Lula da Silva presentó públicamente el nuevo plan gubernamental para reindustrializar a Brasil. No se trata de algo menor: Lula anunció inversiones por más de 60 mil millones de reales, lo que corresponde a poco más de 12 mil millones de dólares en los tres próximos años. Si el monto parece tan significativo, es que el presidente brasileño espera que estas sumas de dinero permitan aumentar a la brevedad el crecimiento económico.
Durante el primer año del gobierno de Lula, el desempeño del país sorprendió a los analistas financieros, que pronosticaban un año difícil, con menos del 1 por ciento de aumento del PIB. Doce meses después, esta cifra fue de cerca del 3 por ciento. Gracias a una producción agrícola excepcional, y a buenos resultados en materia de consumo y de servicios (en particular, por parte de las familias más pobres), Brasil creció tanto a nivel económico como social.
Sin embargo, de la misma manera que el año pasado, las previsiones económicas para 2024 no son buenas. Para la mayoría de los bancos y el sistema financiero, el crecimiento será inferior al 2 por ciento, lo que serían malas noticias, en un contexto en que se llevarán a cabo elecciones municipales en todo el país. Los resultados en las grandes capitales, en particular en Sao Paolo y Río de Janeiro, serán escrutados con lupa por los analistas y la clase política. Es en este sentido que Lula y su equipo han decidido, desde hace algunos meses, realizar una revisión a profundidad de las áreas de oportunidad para dinamizar la economía, no sólo aumentando las ventajas competitivas de los sectores más fuertes, como el agrícola, sino para darle un nuevo impulso a otros, como el sector industrial. La idea es transformar la matriz económica, haciendo que ésta sea más verde e inclusiva.
Para ello, el gobierno le pidió a la economista italiana Mariana Mazzucato un estudio sobre un nuevo paradigma industrial, que podría servir de base a los lineamientos de esta reforma. En este sentido, no se trata de reeditar las políticas industriales de los años 1980, sino de permitir que Brasil pueda aumentar su capacidad de innovación y desarrollo, posicionándose como un actor importante en las nuevas cadenas regionales y globales de valor, tras la pandemia y las guerras en Ucrania y en Gaza. Infelizmente, los países sudamericanos, en particular Brasil y Argentina, han visto el peso de su sector industrial disminuir considerablemente en los últimos años. La perspectiva de la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea hacía pensar que esta fragilización del tejido industrial aumentaría. La paralización aparente del acuerdo tras las palabras del presidente Emmanuel Macron durante la COP-28 permiten pensar en otra perspectiva.
Aquí, la importancia de ligar la reindustrialización con la agenda verde es clave. No se trata de hacer más de lo mismo, sino de aprovechar las potencialidades de Brasil, en particular, en materia de transición energética, para juntar ambas agendas y conseguir captar recursos nacionales e internacionales para financiarlas. Gracias a la presentación, en agosto del año pasado, del plan de transición energética, se estructuraron una serie de dispositivos financieros para facilitar las inversiones del sector privado, en particular en materia de generación de energía eólica, solar y originada por la biomasa. Por otro lado, el respaldo de los bancos multilaterales de desarrollo, en particular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), va permitir a Brasil cubrir en parte el riesgo cambiario ligado al financiamiento de grandes programas energéticos, lo que facilitará la llegada de capitales externos y la implantación de estos proyectos estructurantes.
Sin duda alguna, la pandemia y la invasión de Ucrania por Rusia han transformado la geopolítica internacional, y puesto de relieve la necesidad para los países de tener el acceso y el control de sus cadenas de suministros, en particular en el sector industrial. Desde ese punto de vista, los demás países de la región deberían tomar ejemplo de la experiencia brasileña y apostar en el desarrollo de este tipo de políticas.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.
Twitter: @Gaspard_Estrada
