Representantes de esa organización anuncian la presentación de un “árbol biográfico” de las personas desaparecidas y asesinadas en la Montaña baja, como una manifestación en contra de la estigmatización y la criminalización
Chilpancingo, Guerrero, 26 de octubre de 2024. Producto de la violencia que va en aumento en el estado, el número de desaparecidos sigue incrementándose, mientras que los gobiernos federal y estatal continúan desestimando el problema y, por el contrario, criminalizando a las familias de las víctimas, que además son estigmatizadas, denunciaron integrantes del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
Representantes de esa organización , ofrecieron este viernes una conferencia de prensa en la que anunciaron la presentación del Árbol Biográfico de Personas Desaparecidas y Asesinadas en la Montaña Baja de Guerrero, como una manera de manifestarse en contra de la estigmatización y criminalización de las víctimas y sus familias.
El Centro Morelos informó que en Guerrero hay un registro de al menos 4 mil 500 desaparecidos, pero que la cifra es mayor, sólo que muchas familias no denuncian por temor, y algunas incluso llegan a ser amenazadas por los grupos criminales.
“La desaparición forzada de personas es una práctica de control social y despojo del patrimonio, recursos naturales, tierra y territorio de pueblos y comunidades, que violenta múltiples derechos humanos de las familias de las víctimas”, denuncia el grupo en un comunicado entregado a los medios de comunicación.
En la conferencia de prensa estuvieron los representantes del Centro Morelos, Casiana Nava Rodríguez, Celi Guzmán y Saúl Badillo.
En su documento agregan que el fenómeno de las desapariciones crece cada día y es administrado por los tres órdenes de gobierno, “que no cumplen con lo que les mandata la Constitución Política Mexicana y la legislación internacional en materia de derechos humanos”.
“Quienes no han sufrido la desaparición de un ser querido, no saben el calvario que pasan las familias de los desaparecidos. Sufren escarnio, crítica, criminalización. Además, el aislamiento de su propia comunidad”.
El documento refiere que cuando logran recibir algún apoyo, “son víctimas de la envidia y las autoridades comunitarias no les perdonan el cumplimiento de sus trabajos o cooperaciones. Incluso, llegan a insinuar o decir abiertamente que están recibiendo mucho dinero por la pérdida de su familiar. En fin, la violación de sus derechos humanos va más allá de lo que pudiéramos imaginar”.
Sin embargo, indican que los apoyos que reciben las familias de los desaparecidos no son acordes con sus necesidades.
“Ello, aunado a que la mayoría son indígenas que carecen de los alimentos básicos para el desarrollo saludable de sus integrantes, lo que es un factor que agrava su situación, y con ello se violan los derechos de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres y hombres que han sido víctimas de este delito imprescriptible”.
Además, reprochan que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no cumplen con su deber de prevenir, investigar, sancionar a los responsables y adecuar las normas internas, “tal y como se los exige la Constitución Política y los tratados internacionales adoptados y ratificados por el gobierno mexicano”.
Agrega que en este contexto, de interminable violencia y violación sistemática de los derechos humanos, el Centro Morelos, el Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas; así como el Instituto Mexicano de Derechos y Democracia AC y Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC, realizarán la presentación del Árbol Biográfico de Personas Desaparecidas y Asesinadas en la Montaña Baja de Guerrero.
El objetivo es manifestarse en contra de la estigmatización y criminalización de las víctimas y sus familias, así como para exigir un marco legal que les garantice la búsqueda, localización, justicia y reparación integral del daño.
Para este acto, que se realizará a partir de las 10 de la mañana en el monumento Las Banderas, el 28 de octubre, el Centro Morelos convocó a organizaciones sociales, colectivos de familiares de desaparecidos y a organismos civiles nacionales e internacionales de derechos humanos.
Consultada por teléfono, la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra, explicó que el árbol biográfico es un documento que fue elaborado por el Centro Morelos y las demás organizaciones, con el objetivo de dimensionar y hacer visible el problema de los desaparecidos en la Montaña de la entidad.
En la conferencia de prensa, el Centro Morelos se pronunció por la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero.
Además, pidió un rubro especifico en el presupuesto de egresos de Guerrero, para cumplir con los derechos de las víctimas de desaparición forzada y sus familias. En este caso, la búsqueda y localización de las víctimas, la reparación integral del daño a las familias que ya recibieron los cuerpos o restos de sus familiares desaparecidos, verdad y justicia, y el aumento del monto de la canasta básica similar al que entrega la CEAV federal.
Casiana Nava Rodríguez informó que mientras la CEAV federal entrega 4 mil pesos, la CEEAV estatal apenas 2 mil mensuales. Indicó que esta cantidad es la misma que reciben las familias de las victimas desde 2018.
Nava Rodríguez informó que el Centro Morelos trabaja con 42 familias de víctimas de desaparecidos, de los municipios de Chilapa, Zitlala y Atlixtac.
Insistió en que muchas de las víctimas no aparecen en las cifras oficiales, porque sus familiares no denuncian por miedo.
Citó como ejemplo la irrupción de comisarios y pobladores de varias comunidades de Chilapa, del 9 al 14 de mayo de 2015, en la cabecera municipal, cuando sólo en un fin de semana desaparecieron 80 personas, pero sus casos no fueron denunciados porque quienes se los llevaron regresaron a las casas de las víctimas y amenazaron a sus familiares para que no presentaran las denuncias.
“Se sabe que muchas familias tuvieron que partir a Estados Unidos y abandonar a sus desaparecidos”, denunció Nava Rodríguez.
En esa ocasión, se informó que quienes irrumpieron a la cabecera municipal fueron integrantes de la organización Comunitarios por la Paz y la Justicia, una agrupación armada vinculada con el grupo delictivo Los Ardillos.
Texto: Zacarías Cervantes/ Foto: Jessica Torres Barrera
