Saúl Escobar Toledo
¿Cuáles han sido los resultados de la privatización de las pensiones en América Latina? ¿Por qué ocurrió y qué ventajas y desventajas aporta la reforma de ese sistema aprobada en México el año pasado? Estas son algunas de las preguntas a las que responde un estudio muy detallado del doctor Carmelo Mesa-Lago, Evaluación de cuatro décadas de privatización de pensiones en América Latina (1980-2020): promesas y realidades publicado recientemente por la Fundación Ebert, disponible en www.fes.mexico.org.
El tema de las pensiones, a pesar de su enorme importancia, no recibe la atención que merece en los medios de difusión debido entre otras cosas a sus complejidades técnicas y conceptuales. Sin embargo, es un asunto vital para las sociedades contemporáneas. El futuro de millones de personas que han trabajado toda su vida está en juego. Una vejez que no recibe los ingresos necesarios para su sostenimiento empobrece a toda la familia y se convierte en un problema social que refleja la desigualdad, la exclusión y el abandono que distingue al capitalismo actual. Representa, también un desafío ante las tendencias demográficas de muchos países en los que se observa un aumento relativo de la población mayor de 65 años que no se compensa, al ritmo de las tendencias de décadas anteriores, con la incorporación de una mayor cantidad de jóvenes al mercado laboral.
El autor de este libro, un especialista que ha reflexionado en torno a estos asuntos desde hace muchos años, ha sido reconocido ampliamente por diversos organismos internacionales como la OIT y la CEPAL. Se ha convertido en una referencia obligada de los estudios acerca de la seguridad social y las pensiones.
El autor señala que “en esta obra integro, profundizo y actualizo toda mi obra anterior sobre el tema por casi 30 años, a la par de revisar la principal bibliografía existente, y evalúo las promesas de la privatización en los aspectos fundamentales de la seguridad social”. En sus páginas encontraremos una evaluación de los nueve sistemas privados de pensiones latinoamericanos todavía en funcionamiento que se enfoca en cinco aspectos: 1) la cobertura, es decir, el número de personas que trabajan o trabajaron y que cotizan en el sistema privado; 2) la solidaridad social, en especial en lo que toca a la igualdad de género; 3) si el sistema ha otorgado o puede otorgar a los jubilados un ingreso suficiente; 4) la eficiencia y el costo de operación de las administradoras privadas; y 5) su “sostenibilidad financiera y actuarial”, tratando de averiguar si estos esquemas y las reformas que se han llevado a cabo son viables dado el gasto público que representan.
Los organismos internacionales como el FMI y el BM, y diversos voceros de los consorcios financieros privados, cuando recomendaron sustituir el sistema público por el privado, hicieron un conjunto de promesas y cálculos que lamentablemente no se han cumplido en ninguno de los rubros observados. Hay que recordar que el primer país que fue obligado a adoptar este cambio fue Chile bajo la dictadura de Pinochet. Desde entonces, la presión política y económica llevó a que la receta se extendiera por casi toda América Latina, incluyendo a México. No hay duda de que se trató de una de las medidas más relevantes del ideario neoliberal. Su fracaso refleja la arbitrariedad, las mentiras, la demagogia, y el oportunismo político del que se hizo gala para “convencer” a partidos políticos y gobiernos de las bondades de la privatización.
Por ejemplo, tanto la cobertura del sistema como el monto de la pensión, la llamada Tasa de Reemplazo (TR), han sido inferiores a los calculados. Por ello, los gobiernos han tenido que recurrir a una pensión no contributiva, pagada enteramente con recursos del erario, para “completar” un poco el ingreso de los adultos mayores que ya no reciben un salario y ofrecer un apoyo a los excluidos, sobre todos a los que laboraron en la informalidad.
Por otro lado, se formó un mercado oligopólico, controlado por unas cuantas administradoras, lo cual, afirma el autor, ha resultado en costos muy altos, pagados por los trabajadores por el manejo de sus cuentas, y substanciales utilidades para las empresas del ramo.
El poder que han adquirido las administradoras, tanto por el volumen de recursos que manejan como por sus rendimientos, las han convertido en un factor de gran influencia política. Un penoso reflejo de esta situación se ha observado en el funcionamiento de la “puerta giratoria”: los funcionarios de alto nivel de las compañías privadas ocupan puesto clave en los gobiernos y los parlamentos y luego regresan a sus funciones anteriores, en un ir y venir constante entre el sector privado y el público
Otro grave problema consiste en los costos fiscales de la privatización, a cargo de los presupuestos públicos y pagados por los contribuyentes. Fundamentalmente, consisten en el pago de las pensiones de aquellas personas que todavía se están jubilando o se van a jubilar con el sistema público (costo de “transición”); la aportación que se hace para que los jubilados alcancen una pensión mínima garantizada que no les puede otorgar el sistema privado; las pensiones no contributivas que se han implementado; y para cubrir el déficit de algunos sistemas que no fueron privatizados, como el de las Fuerzas Armadas. Todo ello ha provocado que estos costos hayan sido mayores a los proyectados originalmente por el BM y que sigan aumentando.
Finalmente, Mesa-Lago hace un repaso de la reforma que se aprobó en nuestro país el año pasado. Dicha reforma parte del reconocimiento, manifestado en la iniciativa presidencial, de las fallas que ha presentado la privatización. Una TR promedio inferior a 30 por ciento; una cantidad equivalente al 64 por ciento de asegurados que no recibiría una pensión por no haber cumplido las semanas de cotización requeridas; la expectativa de que apenas un 6 por ciento del total de asegurados alcanzaría una pensión mayor a la mínima; y una caída de los afiliados que cotizan de 60.2 a 31.5 por ciento entre 1999 y 2019.
La reforma, aprobada por el Congreso, incluye una reducción de los años de cotización; un incremento de la pensión mínima garantizada; una TR promedio de 40 por ciento (mayor a la actual pero inferior al mínimo de la OIT de 45 por ciento); ajustes a las comisiones que cobran las Afores; aumento de la contribución de los empleadores del 5.15 al 13.875 por ciento en ocho años; y un reacomodo de las aportaciones públicas para concentrase en los salarios más bajos.
Todos estos cambios mejoran la mayoría de los principios de la seguridad social, dice Mesa-Lago. El problema, agrega, es que no se conoce un estudio actuarial que valide el cálculo de la nueva TR; la sustentabilidad del incremento de las contribuciones de los empleadores y de la cuota social del Estado; y el costo y la garantía del pago de la pensión no contributiva. No se encuentra ni en la propuesta presidencial ni en el dictamen de las cámaras del Congreso.
El documento de Meza-Lago es una aportación de gran valor para el estudio del sistema de pensiones en América Latina. Coincide con otros análisis de la OIT (El Trimestre Económico, núm. 343, julio-septiembre de 2019) que abarca varios países del mundo; y el de Berenice Ramírez (El Trimestre…, núm. 344, octubre-diciembre de 2019) dedicado especialmente al caso de México.
De acuerdo a estos trabajos y otros similares, puede afirmarse que la privatización de los sistemas de pensiones fue un esquema dogmático impuesto a nuestros países basado en supuestos y cálculos irreales. Su razón más íntima, y no declarada, consistió en imponer, a toda costa, de un empoderamiento del sistema financiero a cargo de los salarios y los recursos públicos. En eso han tenido éxito. Lamentablemente, tal situación no se ha traducido en un mayor crecimiento económico ni una disminución de la pobreza.
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