El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer la decisión que tomó (no por unanimidad) para obligar a Telmex y a su subsidiaria Telnor a escindirse y dar pie a dos nuevas empresas. En opinión de algunos consejeros del IFT, la medida no resolverá el problema del declive del servicio de telefonía fija, la escasa competencia ni el hecho de que México esté en último lugar, entre los países de la OCDE, en penetración de banda ancha. La separación, opinan trabajadores de la empresa insignia de la telefonía mexicana, es una simulación negociada de Carlos Slim y el gobierno federal con el único fin de deshacerse del sindicato del ramo, que, por cierto, amagó ya con movilizarse
Jenaro Villamil / Agencia Proceso
Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México. Telmex, considerada “la joya” del imperio construido por Carlos Slim desde la privatización en 1990, y su subsidiaria Teléfonos del Noroeste (Telnor) deberán escindirse en un plazo de dos años para dar pie a la creación de dos empresas distintas: una que les dará servicios mayoristas a sus propios competidores, y otra que seguirá dando servicio a los usuarios finales, según la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), divulgada el pasado lunes 5.
Esa “separación funcional” de Telmex no concitó el respaldo ni de sus propios competidores, como Televisa, pues no garantizará la desconcentración del mercado; además, levantó ámpula entre los trabajadores, quienes serán los principales afectados.
Especialistas en telecomunicaciones consideran que no servirá para impulsar la fibra óptica ni el servicio de banda ancha, y mucho menos para eliminar el rezago en interconexión que existe en el país: sólo hay un millón 800 mil líneas de fibra óptica para un país de 122 millones de habitantes.
La decisión del IFT no contó con el apoyo unánime de sus siete consejeros (tres votaron en contra). América Móvil la impugnó desde el primer momento y anunció que su consejo de administración “ha tomado la determinación de no subsidiar ni financiar las operaciones de la entidad separada”, con lo cual prácticamente la nueva empresa nacerá quebrada.
Sin duda los más afectados serán los 45 mil 722 trabajadores sindicalizados –76% de todos los empleados de Telmex, según el reporte de diciembre de 2016 de la empresa ante la Bolsa Mexicana de Valores–, porque la “separación funcional” ordena que la empresa que surja deberá “contar con personal independiente, por lo que los empleados no podrán laborar al mismo tiempo en otra de las empresas integrantes” del agente económico preponderante (AEP), es decir Telmex.
El sindicato de telefonistas amenazó con un paro el próximo 4 de abril. Su dirigente, Francisco Hernández Juárez, advirtió: “de ninguna manera vamos a subsidiar a la competencia”, y amenazó al gobierno federal con emprender movilizaciones si no se respeta la negociación realizada el año pasado con el entonces secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.
En entrevista con Proceso, Hernández Juárez calcula que hay “más de 60 mil trabajadores” sindicalizados (oficialmente Telmex sólo reconoce 45 mil), con quienes se iniciará una serie de acciones hasta el próximo 5 de abril.
“Estamos dispuestos a hacer todo. No vamos a esperar que se cumplan los dos años. Empezaremos desde ahora. El IFT se lava las manos y dice que ellos no son parte del problema. La empresa misma se está haciendo guaje. Lo mejor es que exista una mesa de negociaciones y arreglarnos por la buena, pero no nos vamos a cruzar de brazos”, afirma.
Hasta la disidencia sindical de los telefonistas está contra la “separación funcional”, porque la consideran una “simulación negociada” del propio Carlos Slim con el gobierno de Enrique Peña Nieto para deshacerse del sindicato, de los pasivos laborales y transferir las mayores ganancias, facturas y contratos de Telmex a tres empresas de las que casi no se habla: Consorcio Red Uno, Uninet y Triara.
La primera es un proveedor de servicios de integración de redes de telecomunicaciones; la segunda proporciona los servicios de fibra óptica y datos a grandes corporativos o instituciones gubernamentales; la tercera “integra, comercializa y vende los servicios de tecnología de la información”.
Slim sacó “los servicios de datos de Telmex y los transfirió a Red Uno, Uninet y Triara. Ellos tienen el monopolio de los bancos de datos. No les afectará la separación funcional”, advierte en entrevista Miguel Ángel Lara Sánchez, jubilado en 2012 después de trabajar 33 años en la compañía y quien no formó parte de la corriente sindical de Hernández Juárez.
Añade que “formalmente” estas tres empresas son subsidiarias de Telmex, pero el sindicato no tiene contrato con ninguna de ellas. Calcula que la relación entre trabajadores contratados por outsourcing y sindicalizados es “de 20 a 1” en la compañía de Slim.
El problema de pensiones y primas de antigüedad es uno de los más fuertes en Telmex. En 2016 la empresa reconoció un costo laboral de 4 mil 240 millones de pesos y un interés neto de 7 mil 375 millones de pesos “de la porción no fondeada de las obligaciones de las pensiones”, según el reporte de diciembre de 2016 de la propia empresa.
El debate en el IFT
La resolución de la “separación funcional” de Telmex se tomó por cuatro votos a favor contra tres de los comisionados del pleno del IFT. El comisionado presidente, Gabriel Contreras, más Mario Fromow, Javier Juárez y Arturo Robles votaron a favor, sin argumentar mucho ni responder a la polémica interna; Adolfo Cuevas, Adriana Labardini y María Elena Estavillo votaron en contra, argumentando que no impulsará la competencia y tampoco incentivará la inversión en fibra óptica.
La resolución ordena que las empresas mayoristas que se constituirán a partir de Telmex y Telnor deberán “proveer los servicios de desagregación de la red local, así como los enlaces dedicados locales y la infraestructura pasiva a operadores que ofrezcan servicios a usuarios finales”.
También deberán presentar trimestralmente al IFT reportes sobre el cumplimiento de las medidas de preponderancia y “establecer el principio de no discriminación como un lineamiento general a ser aplicado en todos los códigos de ética y actuación de sus empleados”.
Deberán contar con un consejo de administración diferente a las empresas integrantes de América Móvil (Telcel, Telmex y Telnor) y que estará formado por un mínimo de siete miembros, los cuales deberán ser independientes en su mayoría.
Los consejeros independientes “deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores y no podrán ser removidos sin la aprobación del IFT”.
Los domicilios y las marcas de las dos empresas que surgirán de la escisión de Telmex deberán ser distintos, con nombres comerciales diferentes a los de Telmex, Telnor y Telcel. También deberán contar con sistemas operativos y de gestión independientes del AEP para el trámite y atención de las solicitudes de servicios mayoristas.
En su comunicado, el IFT aclaró que esta decisión “no supone una separación estructural ni desincorporación de las empresas que componen el AEP, por lo que éste será responsable de la viabilidad técnica, económica y financiera de las nuevas empresas mayoristas, para lo cual deberá aportar los recursos necesarios para que cumplan con su objetivo social, contemplando en todo momento el respeto de los derechos laborales de los trabajadores”.
Se creará un “grupo de transición”, integrado por funcionarios del IFT y de América Móvil, para dar seguimiento al cumplimiento de los distintos plazos adoptados en los dos años.
Según el calendario de la resolución, son cuatro etapas en dos años: primero, el plan de transferencia de recursos, entre agosto y diciembre de 2018; el plan de transferencia del personal, al cierre del primer trimestre de 2019; el cambio de sistemas de gestión y de operación a la nueva empresa, al tercer trimestre de 2019; y la aprobación de los estatutos de la nueva compañía, en el cuarto trimestre de 2019.
Durante la discusión en el pleno del IFT, Labardini advirtió que “en ninguna parte del mundo se plantea una reestructura corporativa por razones regulatorias a través de un procedimiento administrativo” y esta separación no va a resolver el problema del declive del servicio de telefonía fija, la escasa competencia y que México esté en “último lugar en penetración de banda ancha fija en los países de la OCDE”.
(En la imagen: El director general de Teléfonos de México, Héctor Slim Seade; y el líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, durante el inicio de los trabajos de la XLI Convención Nacional Ordinaria Democrática del STRM en septiembre de 2016 t Foto: Adolfo Vladimir / Cuartoscuro)
