Los del municipio de Leonardo Bravo exigen que el gobierno tome el control de la zona de la que salieron expulsados por el Frente de Comunitarias, y se repliegue a los civiles armados. Los indígenas nahuas de Tlaltempanapa solicitaron tierras para construir sus viviendas, debido a que ya no piensan regresar a su pueblo por miedo al grupo Paz y Justicia.
Chichihualco, Guerrero, 12 de noviembre de 2019. A un año de la expulsión de sus pueblos, con lo que perdieron todo: patrimonio, paz y tranquilidad, las familias desplazadas por la violencia del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) y de Tlaltempanpa, municipio de Zitlala, denunciaron omisión, complicidad con los civiles armados que los expulsaron, incapacidad, así como falta de atención y de voluntad de las autoridades federales y estatales para resolver su problema de desplazamiento.
Con una marcha de protesta en esta cabecera municipal los más de 300 desplazados de los dos municipios exigieron, en el caso de los de Chichihualco, el repliegue del grupo armado que los desplazó, la instalación de un perímetro de seguridad en los límites de los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo (Tlacotepec), y que el gobierno federal se haga cargo de la seguridad en el corredor Corralitos-Casa Verde y Corralitos-Polixtepec.
Asimismo, demandaron un avalúo vivienda por vivienda y familia por familia para conocer el monto de las pérdidas, y el resarcimiento. Además, exigieron investigación y castigo a los responsables de la violencia y garantías de no repetición.
A su vez los indígenas nahuas desplazados de Tlaltempanapa solicitaron la compra de tierras donde las víctimas decidan la construcción de sus viviendas, debido a que ya no piensan regresar a su pueblo, por miedo al grupo armado que los echó.
Las familias de Tlaltempanapa fueron desplazadas los días 3 y 4 de noviembre del año pasado por civiles armados del grupo autodenominado Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, mientras que las familias de 9 comunidades de Chichihualco fueron expulsadas el 11 de noviembre por el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG).
Ambos grupos de desplazados marcharon ayer para recordar el primer año de permanecer fuera de sus casas y pueblos.
La marcha partió de la salida de Chichihualco en la desviación de la carretera que comunica a esta cabecera municipal con Carrizal. Fue encabezada por una veintena de niños con vestimenta y globos blancos en los que escribieron demandas de justicia, paz y seguridad. “Los niños queremos vivir en paz”, decía el mensaje escrito en uno de estos globos.
Caminaron unos 3 kilómetros por la calle principal rumbo al centro de la población coreando consignas como: “¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan si somos personas, personas campesinas?”. Así como: “Libertad, libertad, queremos paz y libertad”.
Los gritos de los menores se sobreponían a los de sus padres, quienes, la mayoría en silencio y cabizbajos, caminaban atrás de ellos portando lonas y pancartas con sus consignas.
“Sr. Presidente Andrés Manuel López Obrador, las comunidades del municipio de Leonardo Bravo, Polixtepec, Campo de Aviación, y 3 Cruces de Eduardo Neri, le pedimos de la manera más atenta que haga justicia a nuestras denuncias para saber dónde están nuestros familiares desaparecidos”, demandaron en una lona. En estas tres localidades hay tres desaparecidos.
En otra manta denunciaron: “Los Desplazados de Leonardo Bravo estamos cumpliendo un año fuera de nuestras comunidades sin tener solución de los tres niveles de Gobierno. Pedimos nuestro retorno a nuestras comunidades y paz en la sierra de Guerrero”.
Lo han perdido todo
La marcha llegó a la explanada del Palacio Municipal en donde el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández leyó un boletín en el que denunció que a 365 días de haber perdido todo: paz, tranquilidad, patrimonio, el tejido social de sus comunidades, además de los daños sicológicos irreversibles que padecen, los gobiernos federal y estatal no han garantizado a las familias desplazadas las condiciones de seguridad para el retorno a sus pueblos.
Reseñó las penurias que han pasado durante este año fuera de sus localidades, desde su agrupamiento en el auditorio municipal de esta cabecera municipal, el intento del gobierno estatal de regresarlos a sus comunidades sin las garantías de seguridad el 16 de noviembre, cuando los dejó abandonados en la carretera después de escuchar disparos al aire cerca de Los Morros, y la fallida negociación para el repliegue de los civiles armados que siguen en Filo de Caballos.
Asimismo, recordó el plantón de 38 días afuera del Palacio Nacional en la Ciudad de México en marzo pasado que terminó con la firma de una minuta el 27 de marzo con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, cuyos acuerdos se cumplieron parcialmente, pero el más importante, el regreso a sus pueblos, no se ha cumplido.
Relató que en este año dos de los desplazados han fallecido fuera de sus pueblos: Francisco Barragán Nava el 21 de marzo durante el plantón en México, y Virginia Zúñiga Maldonado el 12 de mayo, quien perdió la vida en el Hospital Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, “víctima de enfermedades agravadas por la depresión”.
En el recuento se menciona que actualmente de las más de 200 familias que salieron desplazadas en noviembre de 2018, en mayo pasado solamente se registraron 82 ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y hasta este lunes permanecían organizadas solamente 62, 20 de ellas actualmente solicitan asilo en Estados Unidos, entre ellas hay 13 niños y 16 niñas menores de 18 años.
En el escrito los desplazados denunciaron omisión y complicidad de las autoridades con los civiles armados que los desplazaron, pues “sospechosamente no quieren actuar en contra de esos grupos delincuenciales que van tomando el control de amplias regiones en el estado”.
Explicaron que los eventos de ayer fueron precisamente parte de la lucha de resistencia, “contra la desmoralización, desesperación y depresión en que están cayendo las personas desplazadas como consecuencia de la falta de atención, voluntad y capacidad de las autoridades federales y estatales para devolver la paz en las comunidades de donde fuimos desplazados”.
El escrito concluye: “actualmente las familias enfrentan la incertidumbre en cuanto a la probabilidad de no recibir el apoyo para la alimentación y el pago de renta, pues actualmente la CEAV no cuenta con un titular para firmar el nuevo convenio”.
En una conferencia de prensa al final de la marcha, la desplazada de Los Morros, Maricela Cástulo Guzmán, declaró que es fácil decir que hoy cumplieron un año fuera de sus pueblos, “pero solamente nosotros sabemos lo que hemos pasado desde que salimos de nuestros pueblos, dejando todo allá y trayéndonos a nuestros niños”.
Sin embargo, dio “gracias Dios por cumplir un año y estar bien, aunque no completos, pero los que estamos seguiremos luchando hasta donde podamos y hasta que seamos escuchados”.
Reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador que no los haya recibido en audiencia a pesar del plantón que realizaron afuera del Palacio Nacional, “somos humanos y personas mexicanas, necesitamos que nos reciba para que nos diga cuánto tiempo más vamos a esperar”.
Dijo que la CEAV pregona como un logro que ya son víctimas registradas y reconocidas, pero que a ellos eso no les sirve de nada, “si nosotros que ya somos reconocidos no recibimos nada, ¿ahora los que no son, que se espera de ellos? Protestó que para recibir los apoyos les piden tanto papeleo, “que mejor nos habrían de decir ya no les vamos a dar nada, y ya”.
Al gobernador le pidió que ya intervenga en este asunto que le pertenece, “porque nosotros somos guerrerenses, y no vamos a ir a pedir apoyo a Estados Unidos”.
Demandó que ya deje libre el corredor Casa Verde-Corralitos y Corralitos-Polixtepec en donde quien se encargue de la seguridad sea el gobierno, “y que esa gente que está en nuestros pueblos que se vayan al lugar de donde vinieron para que podamos regresar”.
Reprochó que esa gente hasta sus tradiciones les están arrebatando porque el Día de Muertos ni si quiera flores pudieron llevar a sus padres, “siendo que somos originarios de nuestros pueblos”.
Si de armas se trata…
Otro de los desplazados, Gilberto Hernández Ortiz, vecino de Tres Cruces, al borde de la desesperación exigió: “Le pedimos al presidente y al gobernador que se pongan las pilas, que ya se pongan a trabajar, que no le anden haciendo al pendejo diciendo que nos están apoyando con todo cuando no han hecho nada”.
Advirtió que a un año de que los desplazaron, “ya estamos bien encabronados, y nos vamos a armar si es posible porque no hay de otra, el gobierno anda con aquellos delincuentes y si de armas se trata también nos podemos armar”.
Reprochó que en la campaña para presidente votaron por López Obrador para que los apoyara retirando a toda la “pinche delincuencia que existe en Guerrero, pero no lo ha hecho, a ver qué hace cuando ya todos nos estemos matando unos con otros”, advirtió.
Por su parte, Joaquina Cantor Gasparillo, representante de los desplazados de Tlaltempanapa, demandó al gobierno la reubicación de las familias, “ya llevamos más de un año fuera de nuestro pueblo, sin nada, sin justicia, sin seguridad, sin empleo”.
Dijo que por vivir fuera de su comunidad tampoco reciben becas para sus hijos ni la pensión de los ancianos, “no recibimos nada”.
Denunció que el gobierno estatal les ha informado que en el municipio de Zitlala ya se arregló todo, que ya está tranquilo, “y lo dice para que regresemos, pero ya no vamos a regresar porque sabemos que es mentira, en Zitlala siguen matando gente”.
Como parte de las actividades por el año que llevan desplazados, las familias participaron en una misa y en una convivencia, en la que departieron una barbacoa de res.
El director del Centro Morelos, Olivares Hernández declaró que la convivencia es, también, una forma de resistencia ante el intento del gobierno de desgastarlos, cansarlos y el grupo se siga disgregando para que ya no le exija nada.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jessica Torres Barrera
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