Se reúnen por segunda vez en sesión de la Comisión de la Verdad y participan cuatro miembros del GIEI. Se informó de la búsqueda de los desaparecidos en 10 localidades, explicó Vidulfo Rosales. El presidente ofreció a apoyar a los expertos y proporcionar todos los recursos necesarios a la Comisión.
Ciudad de México, 12 de noviembre de 2019. Familiares de los 43 normalistas desaparecidos hace cinco años participaron este lunes en la segunda reunión privada de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa. Su exigencia principal fue la consignación de los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala; de no haber resultados satisfactorios el próximo mes de enero, advirtieron, las movilizaciones subirán de tono.
En la sesión de trabajo estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de gobernación; Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, y Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
En esta ocasión participaron también, por primera vez desde la creación de la Comisión, cuatro integrantes de lo que fue el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI): Ángela Buitrago, Claudia Paz, Francisco Cox y Carlos Beristáin.
Asimismo, asistieron representantes de las organizaciones que acompañan a padres y madres de los 43: el Centro Prodh, Tlachinollan y Serapaz.
Durante casi dos horas, la Comisión revisó los avances en materia de investigación del caso Ayotzinapa.
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y vocero de los familiares, explicó que existen pruebas suficientes para consignar a varios presuntos responsables –agentes de la Policía Federal que estuvieron en Iguala esa noche–, pero se reservó mayores detalles para no perjudicar las investigaciones.
“En varias líneas de investigación hay elementos para poder consignar a personas responsables. Principalmente son exfuncionarios públicos que participaron en los hechos. Pedimos que se consignen servidores policiales que participaron en las agresiones a los estudiantes el 26 y 27 de septiembre y funcionarios que hicieron mal las investigaciones”, expresó.
Con respecto a las búsquedas, Rosales informó que éstas se están realizando en 10 distintas localidades ubicadas principalmente en Guerrero, como Tepecoacuilco, Cocula, Iguala y municipios aledaños a Taxco.
Aunque en uno de los parajes haya habido resultados, éstos todavía se encuentran sujetos a análisis, explicó a El Sur el abogado.
Calificó como importante la participación de Durazo Montaño en la sesión de trabajo de la Comisión, pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana –de la que es titular– podría presentar aportes significativos, ya que hubo policías federales involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes.
Queda pendiente la información que podría aportar el Ejército. “Dieron una parte, pero es incompleta. Por otro lado, han dado una participación importante en brindar seguridad en el tema de las búsquedas”, detalló Rosales.
Emplazan al Ejecutivo a actuar legalmente contra Murillo Karam
Los familiares de los 43 también emplazaron a López Obrador a que se actúe penalmente contra el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam y demandaron procesar a Tomás Zerón, jefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Vidulfo Rosales mencionó que también pidieron al gobierno federal la consignación de los policías involucrados en la agresión a los normalistas, así como la de los funcionarios públicos que hicieron mal la investigación del caso.
El abogado criticó el hecho de que todavía no se han hecho nuevas imputaciones.
En el encuentro, López Obrador se comprometió a facilitar el trabajo de los expertos y a proporcionar todos los recursos necesarios para el funcionamiento de la Comisión para la Verdad, creada por decreto presidencial en diciembre del año pasado.
El subsecretario Alejandro Encinas recordó que el expediente del caso Ayotzinapa está en “un proceso de reconstrucción total, no está partiendo de cero, hay muchos asuntos que ya se investigaron pero adolece de muchas fallas en la forma en que se integró”.
Anunció que para diciembre el fiscal especial rendirá un informe de los avances logrados hasta entonces.
“Regresa un equipo al que le tenemos confianza y cariño”
A pesar de no contar todavía con adelantos contundentes, Mario César González Contreras, padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, reconoció por su lado que existe una apertura total por parte del jefe del Ejecutivo para seguir con búsquedas detalladas.
Entrevistado por El Sur al término de la reunión, celebró el regreso del GIEI y manifestó su confianza en que gracias a su presencia las investigaciones se agilicen.
“No estaremos conformes hasta que encontremos a nuestros muchachos o tengamos líneas de investigación para dar con su paradero. Desafortunadamente no las hemos tenido, pero nos vamos contentos porque regresa un equipo al que le tenemos confianza y cariño y que va a empezar a trabajar lo más pronto posible”, comentó González Contreras
Aunque las liberaciones de los presuntos implicados en el caso Ayotzinapa no fueron materia de debate en la reunión, González Contreras dejó en claro que este tema aún genera preocupación entre los familiares.
“Existe el riesgo de que vayan a liberar a otros implicados porque desgraciadamente el sexenio pasado hizo una porquería y manipuló la información; esto benefició a los inculpados y no a las víctimas”, resaltó.
La próxima sesión de trabajo se llevará a cabo el 9 de enero de 2020. Para esta fecha, madres y padres de los 43 estudiantes y sus representantes legales esperan que el caso ya haya avanzado de forma significativa.
Texto: Caterina Morbiato / Foto: Cuartoscuro
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