Demandan a la presidenta Claudia Sheinbaum que se atienda a las víctimas, y la libertad del preso de la OCSS Antonio Barragán. Unos 300 manifestantes participaron en el aniversario de la matanza ordenada por el entonces gobernador priista Rubén Figueroa, actividad que concluyó con un mitin con intervenciones de sobrevivientes, familiares y activistas y un acto cultural en el vado
Coyuca de Benítez, Guerrero, 30 de junio de 2025. La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y organizaciones sociales marcharon el sábado en la comunidad de Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, para conmemorar los 30 años de la masacre de 17 campesinos y exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atender a las víctimas, castigar a los responsables y liberar al preso político Antonio Barragán Carrasco.
Unos 300 manifestantes participaron en el aniversario de la matanza ordenada el 28 de junio de 1995 por el entonces gobernador priista Rubén Figueroa Alcocer, actividad que concluyó con un mitin de más de 3 horas de posicionamientos de sobrevivientes, familiares y activistas en el vado de Aguas Blancas, y de un acto cultural.
La marcha empezó pocos minutos después de las 10 de la mañana afuera de la comunidad ubicada a unos 10 minutos en automóvil de la cabecera municipal, el contingente fue encabezado por integrantes de la OCSS, sobrevivientes de la masacre y familiares de las víctimas.
Fueron alrededor de 20 minutos de caminata en la carretera que conduce a la Sierra de Coyuca de Benítez, donde se encuentran las comunidades de donde provenían los campesinos masacrados hace 30 años, principalmente Atoyaquillo y Paso Real. Los manifestantes gritaron consignas reivindicativas de las luchas campesinas y de justicia por la masacre.
No hubo pacto con Figueroa Alcocer, responde Norma Mesino a María de la Luz Núñez
En la marcha, la dirigenta de la OCSS, Norma Mesino dijo con micrófono en mano que es “mentira” que la organización haya tenido un pacto con Figueroa Alcocer, respondiendo a la ex alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, quien señaló en una entrevista publicada el sábado en El Sur que la organización tenía “compromisos con el gobernador y que se prestó a que me atacaran”, por la desaparición de Gilberto Romero Vázquez, campesino visto por última vez el 24 de mayo de 1995.
Preguntó que si Núñez Ramos tenía información desde el 27 de junio de 1995 de que en el hospital de Atoyac sabían que habría una masacre, “por qué calló, por qué permitió que se perpetrara también esta masacre, no se vale, no estamos de acuerdo y rechazamos categóricamente que nos quiera inculpar o que nos quiera relacionar con el figueroísmo”.
Mesino subrayó que el “pueblo organizado” ha sido quien ha pedido justicia, pero es un “muro de impunidad con el que nos hemos encontrado, con los gobiernos de ayer y hoy, ese muro que solamente con la lucha y del lado del pueblo vamos a derribar”.
El reproche a las declaraciones de Núñez Ramos se repitió algunas veces por los moderadores del mitin en el monumento con los nombres de los campesinos asesinados en el vado de Aguas Blancas, el cruce del río sumido en la carretera, una fila considerable de automóviles se formó a las horas que duró la actividad, sólo a un carro con una mujer embarazada le fue permitido el paso.
Norma Mesino leyó el posicionamiento de la OCSS en el 30 aniversario de la masacre, con el que reiteró que por órdenes de Figueroa Alcocer, con asesoría del general Mario Arturo Acosta Chaparro y el consentimiento de Ernesto Zedillo, la Policía Motorizada asesinó a 17 campesinos e hirió a otros 23, lo que trajo consigo “cientos de víctimas indirectas, familias desplazadas, compañeros torturados y encarcelados con delitos prefabricados”.
Mencionó que la OCSS nació en 1994 por “precios justos de la venta del café, copra y maíz, crédito para los campesinos, también demandamos libertad de manifestación, de expresión y de tránsito, que se pare la tala inmoderada de la madera y el fin de los abusos de los cuerpos policiacos quienes constantemente golpeaban y asesinaban con impunidad a campesinos pobres”.
“Además demandábamos educación, salud, vivienda para las comunidades marginadas de Guerrero; la irrupción de nuestra organización en 1994 cimbró las estructuras del poder político y económico de tipo caciquil que históricamente han imperado en Guerrero”.
Lamentó el asesinato de sus compañeros, por exigir justicia: Miguel Ángel Mesino, Arturo Hernández Cardona, Rocío Mesino, Luis Olivares Enrique, Raymundo Velázquez, Ranferi Hernández y “el más reciente”, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Expuso cuatro demandas a la mandataria federal: “mesa de atención” con la OCSS, familiares de los campesinos asesinados y víctimas directas e indirectas de la masacre; la reapertura del caso de Aguas Blancas para castigar a los autores materiales como lo establecieron la resolución 3/96 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la 49/97 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
El caso debe ser atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) “ya que en Guerrero no existen garantías para que se haga una investigación imparcial puesto que los responsables de la masacre presumen tener una buena amistad con el gobierno estatal actual”.
La tercera demanda es la libertad incondicional de Antonio Barragán y la última es la reactivación de las medidas cautelares para los integrantes de la OCSS, retiradas en febrero pasado.
“La masacre de Aguas Blancas es un crimen de lesa humanidad al que no se le puede dar carpetazo o dejar en el olvido porque las masacres no prescriben, se trata de un acontecimiento que marcó la historia de México”, subrayó Norma Mesino.
El primer discurso fue del sobreviviente Mauro Hernández Lozano, chofer de una de las dos camionetas en las que los campesinos se trasladaban el día de la masacre, quien criticó que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se avanzó en la atención del caso pese a las insistencias de parte de la OCSS para que lo hiciera.
“No se ha hecho justicia porque no ha habido un gobierno moral que tenga su conciencia tranquila, los sobrevivientes del caso Aguas Blancas estábamos esperanzados hasta ahorita con el nuevo gobierno que llegó”.
Otro de los sobrevivientes y preso político durante 21 años hasta 2023, Gilberto Aguirre Bahena expuso que fue uno de los desplazados después de la masacre debido a la persecución de Figueroa Alcocer y que su familia ya había sido reprimida, su papá fue desaparecido durante la guerra sucia y su hermano Eugenio Aguirre Bahena fue asesinado un poco después de la fundación de la OCSS.
Informó que fue en Mexicali, Baja California, donde fue detenido “por un delito sembrado, por un delito que no cometí, siempre se les demostró que yo no fui culpable de esos homicidios que se me imputaban, yo fui brutalmente torturado”.
El dirigente de la OCSS, Hilario Mesino relató que el día de la masacre estaba en Zihuatanejo para manifestarse por la presentación de Gilberto Romero, después del multihomicidio acudió a Atoyac, donde su hija Rocío realizaba un mitin pidiendo justicia y llamó a las organizaciones sociales a seguir luchando.
En un audio transmitido por celular, el preso político en Morelos, Antonio Barragán dijo que está preso por pertenecer a la OCSS y recordó cómo fueron atacadas las dos camionetas provenientes de Tepetixtla por “esos policías criminales, corruptos”, y pidió justicia para las esposas y los hijos de los muertos.
El integrante de los Solidarios de la Voz del Amate y promotor de su liberación, Miguel Ángel Zenón recordó que fue el empresario Eduardo Gallo quien torturó a Antonio Barragán, acusado de secuestrar a su hija Paola Gallo y matar a tres cómplices.
Critican al gobierno Efrén Cortés, Nicomedes Fuentes, Micaela Cabañas, Diana Hernández y Elvira Veleces
El sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés dijo que “la lucha no son las elecciones como lo está pensando el gobierno, la lucha es esa constante reivindicación de necesidades, de causas de los pueblos”.
Afirmó que la demanda por la presentación de los desaparecidos persiste porque “el sistema no se ha desmontado, sí, se cambió el gobierno, pero las estructuras que deciden ahí están”.
El integrante de la desaparecida Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad), Nicomedes Fuentes dijo que las represiones vienen desde las luchas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, e indicó que hay que exigir la verdad, la justicia, la reparación integral, medidas de no repetición y el rescate de la memoria histórica.
La representante de la CNDH en Guerrero e hija de Lucio Cabañas, Micaela Cabañas expuso que “esta organización y este caminar de todos nosotros y nosotras ofende al gobierno, les ofende que les digamos que están mal en algo, y tienen razón muchos de mis compañeros cuando dicen que no ha cambiado en gran parte, que quizás luchamos para algo, pero no hemos logrado tener la victoria de ese gobierno que necesitamos”.
Diana Hernández, hija del asesinado luchador social, exiliado en la década de 1990 por el caso Aguas Blancas, Ranferi Hernández, aseveró que falta voluntad política para hacer justicia “o no hay la capacidad de poder afrontar a todos aquellos que ostentan el poder”.
La secretaria general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Elvira Veleces Morales, dijo que “nos ha demostrado el gobierno federal que aunque se autodenominen Cuarta Transformación, y aunque quieran cambiar el discurso de que este gobierno se hace justicia, nos damos cuenta de que a 30 años de impunidad y de este crimen, seguimos en las mismas condiciones”.
Fueron leídos los nombres de los 17 campesinos asesinados con la respuesta unísona “en pie de lucha”: Victorio Flores Balanzar, Paz Hernández González, Tomás Porfirio Rondín, Amado Sánchez Gil, Fabián Gallardo García, Francisco Rogel Gervasio, Heliodoro López, Climaco Martínez Reza y Mario Pineda Infante.
Asimismo, Anacleto Ahuehueteco Coyote, José Rebolledo Gallardo, Gregorio Analco Tabares, Efraín Vargas Sabayo, Florente Rafael Ventura, Simplicio Martínez Reza y Francisco Blanco Muñoz y Daniel López Castañeda, de este último una nieta dijo que nació en Coyuca de Catalán, “hombre conocedor de la tierra y su juego, con el tiempo para cosechar frijol, chile, maíz, café”.
También se pronunciaron por la justicia de Aguas Blancas la hija del asesinado luchador Luis Olivares, Selene, quien expuso la detención reciente de una tía involucrada en la lucha por la vivienda.
También asistieron el responsable de la Comisión Política en Acapulco de la CETEG, Walter Añorve Rodríguez; la dirigenta del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara; la integrante del Frente Socialista Juana Guzmán; el dirigente de la Asociación Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez; y el universitario Leopoldo Calderón.
Asistieron el alcalde de Coyuca de Benítez, Víctor Hugo Catalán Díaz, el luchador social Eloy Cisneros, el miembro de la organización Siuat Yoltechikatli, Raymundo Díaz Taboada, e integrantes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), el colectivo de desaparecidos Lupita Rodríguez y más organizaciones sociales.
Ramón Gracida Gómez/ Foto: Carlos Carbajal
