Demandan la intervención de Derechos Humanos de la ONU y del gobernador Héctor Astudillo
Texto: Luis Luis Blancas
Foto: Jessica Torres Barrea
Chilpancingo, Guerrero. Reporteros de la capital marcharon en las principales calles y se manifestaron en Palacio de Gobierno para exigir al representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y al gobernador Héctor Astudillo Flores que intervengan para que haya garantías para el desarrollo de su actividad.
A las 10 de la mañana, los comunicadores se congregaron en la Plaza de la Libertad de Expresión ubicada en el centro de la ciudad y de ahí marcharon.
En el Palacio de Gobierno los agentes estatales intentaron impedir que entraran en las explanada y colocaron un candado en la malla metálica, pero los reporteros la saltaron.
Además pintaron los muros de metal de Palacio de Gobierno con: “Nos están matando”, “No+agresiones a la prensa”, “#SOS PRENSA”, entre otras.
El reportero Jesús Saavedra leyó un posicionamiento en la que solicitó al representante de la ONU su intervención ante las graves condiciones que se viven en Guerrero para el desarrollo de la actividad de los periodistas.
Aseguró que las acciones que el gobernador no ha atendido las recomendaciones de la Asamblea General de las Organizaciones de los Estados Americanos, “sobre el derecho de libertar de pensamiento, expresión, seguridad de los periodistas”.
Recordó que el 23 de junio del año pasado, Astudillo Flores designó a María Elena Jaimes Martínez como coordinadora ejecutiva del Mecanismo Estatal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, quien ha sido señalada por tener nexos de la delincuencia.
Mientras que Rigoberta Román Orea, designada como Fiscal Especial para la investigación de delitos en agravio de personas que realizan actividades periodísticas y defensores humanos, carece de certificación y no cuenta con el perfil.
Recordó algunos casos de periodistas en la entidad como el asesinato de Francisco Pacheco Beltrán, que ocurrió el 25 de abril del 2016 en Taxco, y este hecho obligó que la familia de él huyera; el homicidio del reportero Cecilio Pineda Birto que sucedió el 2 de marzo del año pasado en Ciudad Altamirano, “quien horas antes de su crimen había advertido de la colusión del crimen organizado con autoridades”.
Saavedra Lezama dijo que hace 11 meses que la corresponsal de Zihuatanejo de El Sur, Brenda Escobar, interpuso una denuncia ante la Fiscalía, luego que el 1 de junio del año pasado fue amenazada por cubrir el asesinato de la doctora Adela Rivas Orbe, y a la fecha las investigaciones se encuentran estancadas.
Y en el caso de la locutora de RTG Marcela de Jesús Natalia que el 4 de junio del años pasado fue víctima de un atentado cuando salía de realizar su labor periodística en Ometepec, “hace un par de semana ella regresó de Acapulco para denunciar que la Fiscalía no ha avanzado las investigaciones de la agresión a balazos que puso en peligro su vida”.
Agregó que el caso reciente fue la agresión que sufrieron dos reporteros, Fabián Trigo de la agencia IRZA y Pablo Maldonado de Milenio, quienes fueron retenidos por la llamada Policía Rural de Petaquillas, al cubrir una accidente vehicular en Petaquillas la noche del domingo.
Hizo un llamado a la sociedad a no dejar solos a los reporteros y al gobierno que cumpla su obligación de garantizar la libre expresión, el derecho de información y la protección a los periodistas.
Agregó que los días 22 de cada mes realizaran movilizaciones en la ciudad para exigir a los gobiernos estatal y federal que haya condiciones para realizar el trabajo periodístico de lo que ocurre en el estado.
Por su parte el secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández se quejó porque es preocupante que el gobernador no tenga la capacidad de controlar a los grupos de poder que atentan contra la libertad de expresión.
En la movilización participaron unas 100 personas: miembros del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), delegación 17 con sede en Chilpancingo; Red Guerrerense de Derechos Humanos; Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG); Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach).
(En la imagen: Reporteros de Chilpancingo por las principales calles de la ciudad para demandar al gobernador Héctor Astudillo Flores garantías para la labor periodística ante las agresiones que ha sufrido el gremio. La movilización partió de la Plaza de la Libertad de Expresión, ubicada en el centro de la ciudad, y terminó en el Palacio de Gobierno. Foto: Jessica Torres Barrera)
Rechaza directora de atención a periodistas
denuncia de éstos de estar ligada al crimen
Texto: Anarsis Pacheco
Chilpancingo, Guerrero. La directora de la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría General de Gobierno del Estado, María Elena Jaimes Martínez, expuso que quienes la acusan de tener nexos con el crimen organizado no han aportado pruebas y que en su momento acudió a la Fiscalía estatal para que se le investigara.
Este martes por la mañana, reporteros y periodistas de distintos medios de comunicación protestaron en la entrada a Palacio de Gobierno para exigir garantías de seguridad. En el comunicado leído se hizo referencia a la funcionaria de la siguiente manera:
“El 23 de junio del 2017, el mandatario (Héctor Astudillo Flores), designó a María Elena Jaimes Martínez, señalada por familiares de personas desaparecidas de tener presuntos nexos con la delincuencia, como coordinadora ejecutiva del Mecanismo Estatal para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas”.
Ante esto, en un boletín de prensa difundido por la noche del martes, la funcionaria respondió que “son difamaciones que no tienen ningún sustento”.
Insistió que sobre dichas acusaciones el día 1 de mayo del año 2017 se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía General del Estado (FGE), con el propósito de solicitar a la autoridad ministerial que realizará las investigaciones necesarias para que las personas que la acusaban de tal delito presentaran las pruebas del caso.
“Al efecto se levantó la carpeta de investigación número 1202006070001203051E.
Es importante señalar que en la carpeta ministerial tales pruebas no han sido exhibidas a la fecha”, agregó.
En el comunicado subrayó que “esa acusación sin sustento vulneran de modo grave mi vida personal y familiar, pues me exponen al descrédito público de manera injusta, por lo que reitero mi solicitud a la (FGE) para que cite a declarar a las personas que hicieron tales señalamientos para que presenten las pruebas de sus acusaciones”.
Lea toda la información en la edición impresa de este miércoles 23 de mayo:
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