Reprocha la activista que después de dos años y medio apenas hayan sesionado las comisiones en las que interviene el Poder Judicial
Chilpancingo, Guerrero, 22 de diciembre de 2020. Pasaron dos años y medio para que volvieran a sesionar las comisiones para Seguimiento de los Homicidios Cometidos en Agravio de Mujeres en el estado de Guerrero, y de Órdenes de Protección, que encabeza el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El retraso evidencia el desinterés del presidente, el magistrado Alberto López Celis, en dar seguimiento a la Alerta por Violencia feminicida que se decretó a mediados de 2017, denunció la peticionaria del mecanismo, Marina Reyna Aguilar.
Ayer, la feminista fue consultada en su oficina de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, sobre las sesiones del viernes de dichas comisiones que son parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Guerrero, donde participa como representante de la sociedad civil.
Señaló que las comisiones que preside del TSJ, son las de mayor importancia en un estado alertado, y ni siquiera respetaron la programación se aprobó en la primera sesión de 2018, para ese año.
Como referencia, mostró el programa que se aprobó el 31 de mayo, con las cuatro sesiones ordinarias, las señaladas en la ley. Las dos comisiones también sesionaron aquel día.
Añadió que los acuerdos de las sesiones del 31 de mayo de hace dos años, no tuvieron seguimiento este viernes 18 de diciembre, donde principalmente hubo proyecciones de trabajos para 2021, “y no se justifican dos años y meses de ausencia de acciones para la comisión del sistema”.
De acuerdo con el orden del día de la sesión del 31 de mayo de 2018, ahí se aprobó la incorporación a la Comisión de la Fiscalía General del Estado, de las secretarías de Seguridad Pública, de la Mujer y de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como su Programa de Trabajo.
Reyna Aguilar mostró que en el programa de trabajo de la Comisión de Homicidios en Agravio de Mujeres tampoco había acciones de coordinación interinstitucional, sólo temas que tocan a cada dependencia de manera específica.
También acordaron entonces, reuniones regionales de trabajo sólo con funcionarios, y de manera aislada convocaron a otra reunión a organizaciones de la sociedad civil, “para justificar la intervención yo diría, porque no interactuamos”, dijo. Sólo se tiene antecedente de una reunión interinstitucional en 2019.
En la sesión de Órdenes de Protección de 2018, señaló que se habló de la contratación de una consultora para elaborar el Protocolo de Órdenes de Protección, que a la fecha no se conoce, “lo que tengo entendido es que se pagó y no está acabado”.
De la sesión reciente, añadió que preguntó sobre aquel Protocolo, y el TSJ aclaró que no ejerció ese recurso, porque eran fondos estatales asignados para la Alerta de Violencia de Género que recién se había decretado.
En 2019, 22 condenas por asesinatos de mujeres
En la última sesión del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, el miércoles de la semana pasada, rindieron informes anuales en cinco minutos los ayuntamientos alertados por violencia feminicida, y en tres, las dependencias que presiden las comisiones que integran el mecanismo.
Quedaron pendientes los informes de la comisiones del TSJ, hasta después de sus sesión del viernes, como de la de Asuntos Legislativos, que preside la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso local.
Reyna Aguilar reconoció que el presidente del TSJ presidió las sesiones de trabajo de sus comisiones que se realizaron de manera continua.
Destacó de los informes las capacitaciones al personal, aunque aclaró que falta por conocer qué porcentaje del total de los trabajadores participó en los procesos de formación, y cuánto de ellos van a aplicar de manera directa el conocimiento recibido.
Asimismo, indicó que hubo un reporte de los expedientes judiciales de homicidios de mujeres, del 2019 y de enero a agosto de 2020, donde se reportaron 324 casos, de los cuales 90 fueron clasificados como feminicidios, de los cuales, cien son revisados en el sistema penal acusatorio y 224 en el tradicional mixto.
Sólo en 2019, hubo 22 sentencias condenatorias y cinco absoluciones.
Reyna Aguilar añadió que está próximo el cierre de una administración estatal, incluso el cambio del presente del TSJ, y los poderes ejecutivo como el estatal, sólo llevan dos sesiones de comisiones que tendrían que estar más activas, en lo que va del sexenio. Confió en que el tema no sea abandonado en los cierre de gobierno.
Según el orden del día, se incorporó a una comisión la magistrada de la tercera sala penal del TSJ, y de la Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, Norma Leticia Méndez Abarca, a la Comisión para Seguimiento de Homicidios en Agravio de Mujeres, “para la consecución de los trabajos”.
también se aprobó la integración como invitados especiales permanentes a los municipios alertados, Acapulco, Chilpancingo, Ayutla, Chilapa, Coyuca de Catalán, Iguala, Zihuatanejo, Ometepec y Tlapa.
Se presentó el Protocolo para Juzgar con perspectiva de género, actualizado con lo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Texto: Lourdes Chávez
