Saúl Escobar Toledo
Apenas el domingo pasado, 10 de febrero, se anunció, por parte del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIM), el fin del conflicto laboral en 48 plantas maquiladoras de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Según el dirigente de este gremio, en todos los establecimientos en los que había paros o emplazamientos a huelga, se logró un acuerdo favorable para los trabajadores. De confirmarse esta noticia, y esperando se resuelva positivamente el caso de los trabajadores despedidos, estaríamos frente a una situación inédita y, por supuesto, plausible.
La movilización había comenzado a principios de este año con el reclamo de un aumento de salarios. La suspensión de actividades paralizó casi por completo la producción de piezas para la industria automotriz, eléctrica, de maquinaria pesada y metalmecánica. Seis días después, 39 empresas habían accedido a las peticiones obreras.
La inconformidad de los trabajadores de la maquila adoptó como petición fundamental el 20/32, es decir un aumento de 20 por ciento en los salarios y un bono anual de 32 mil pesos. Esta demanda se basaba en el hecho de que, en los últimos años, los empleadores habían decidido otorgar un bono anual en lugar de aplicar un incremento directo a los salarios contractuales. De esta manera, los obreros recibían durante la primera quincena de enero, por única vez, una prestación en efectivo que aumentaba anualmente en la proporción que decretaba la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Cuando el año pasado esta Comisión decidió otorgar un aumento de 100 por ciento a las remuneraciones en la franja de la frontera norte, el esquema tradicional se derrumbó. Habría que recordar, sin embargo, que esta disposición fue acompañada por una rebaja sustancial del impuesto sobre la renta y del IVA, lo cual daba a las empresas un subsidio extraordinario y mayor capacidad para responder a las demandas de sus empleados.
El movimiento fue casi total pues involucró a 45 mil operarios. Según cifras de Inegi, en la industria catalogada como programa IMMEX (industrias manufactureras de exportación, sobre todo maquiladoras), en Matamoros laboran 52 mil 500 obreros.
Para entender mejor las causas del descontento debe señalarse que, según esa misma fuente, las remuneraciones reales por persona ocupada (incluyendo obreros, técnicos y personal administrativo) en noviembre del año pasado eran, en Tamaulipas, 11 por ciento menores que el promedio nacional. Las prestaciones, con todo y los bonos, eran todavía más bajas pues el personal empleado en Matamoros obtenía una cantidad equivalente en pesos, 34 por ciento más reducidas que el promedio nacional. Tomando en cuenta sólo a los obreros y técnicos, el salario diario promedio a nivel nacional era de 314 pesos diarios, pero en Matamoros sólo alcanzaba 286 pesos. Por su parte, la jornada de trabajo promedio en esta misma ciudad, es 5 por ciento más larga que el promedio nacional.
Como puede observarse, el panorama local presentaba cifras desventajosas que explican el enojo de los trabajadores. La rebelión no fue sólo contra los patrones sino también contra los dirigentes formales de los sindicatos. Ello se debe a la existencia de un sindicalismo de protección patronal, cuyos representantes no gozan del apoyo de sus agremiados y que desde hace años han ignorado el descontento obrero. La protesta se organizó, en esta ocasión, según diversas fuentes, por las redes sociales: mensajes digitales y videos que pronto se esparcieron por todas las fábricas por medio de los teléfonos celulares.
Hay que destacar, por otra parte, el papel jugado por una asesora independiente, Susana Prieto, quien pudo darle confianza y orientación a miles de trabajadores descontentos y ayudarlos a superar la presión de los supuestos líderes, los empleadores y la prensa local. Este fenómeno ha sido interpretado sobre todo por las organizaciones patronales y sus voceros, como prueba de una conjura de origen oscuro. La verdad, sin embargo, es que nos revela la ausencia de una organización sindical auténtica y de canales institucionales capaces de recoger la inconformidad laboral. Despojados de una verdadera representación, no es inusual que los trabajadores acudan a un abogado, en este caso a una mujer prestigiada localmente por su desempeño profesional, dispuesta a aportar su experiencia en un contexto desfavorable y hasta riesgoso para su seguridad personal.
Cuando se habla de la industria maquiladora, hay que destacar la participación femenina. Según cifras de Inegi, aunque ésta ha venido declinando en términos relativos, todavía es mayoritaria en las ciudades fronterizas del norte. En el caso de Matamoros, por cada cien mujeres laboran alrededor de 80 hombres según datos de hace unos años. Los más grave es que, de acuerdo con otras fuentes, el 42 por ciento de ellas ha sufrido algún tipo de violencia por parte de sus patrones y recibe salarios inferiores a los hombres.
Además, la maquila, impulsada como política de Estado desde mediados de los años 60, desató un tipo de crecimiento urbano salvaje y desordenado. En unos cuantos años, las ciudades crecieron rápidamente sin planeación ni recursos para ofrecer habitaciones y servicios dignos. Dado que al principio la participación femenina en la ocupación era abrumadora, ello generó otro tipo de fenómenos sociales. A partir de los años noventa se produjo una grave crisis de feminicidios en diversas ciudades de la frontera norte, particularmente en Ciudad Juárez. En pocas palabras, las obreras de la maquila han sido, desde hace décadas, víctimas de un trato indigno y peligroso dentro y fuera de su centro de trabajo.
El profesor Enrique de la Garza ha dedicado varios estudios al tema de la industria maquiladora. En ellos muestra la importancia de esta rama en el conjunto de las exportaciones manufactureras. Generan actualmente, según estadísticas del Consejo respectivo, un superávit comercial de más de 60 mil millones de dólares al año y dan ocupación a tres millones de personas en más de seis mil establecimientos. Se trata por lo general de fábricas donde laboran más de 500 trabajadores que son, en su gran mayoría, subcontratistas de grandes corporaciones multinacionales. Sin embargo, dice el especialista, compran la mayoría de sus insumos en Estados Unidos y ahí también venden sus productos terminados. Cifras recientes señalan que, como promedio nacional, importan el 74 por ciento de las materias primas y refacciones que procesan, aunque en el caso de Matamoros, el índice es del 94 por ciento. Las maquiladoras tampoco han logrado altos niveles de automatización y el equipo básico es manual o herramental. No sorprende entonces que la calificación de la mano de obra sea, en más del 70 por ciento de los casos, la que corresponde a obreros generales, sin especialidad ni capacitación mayor. La maquila es, en resumen, una industria intensiva en mano de obra y su competitividad se ha recargado en bajos salarios y en jornadas de trabajo sin descansos y frecuentemente más largas. Sin tecnología de punta y condiciones de trabajo precarias, enfrenta desde hace años, serios problemas de productividad.
La nueva situación laboral y el programa de estímulos gubernamentales para la frontera deberían conjugarse virtuosamente para generar un tipo de industrialización alternativa, basada en la producción y adquisición de insumos locales y de nuevas tecnologías, aumentando así su valor agregado. Podrían orientarse más hacia el mercado interno y dejar de depender tanto del externo. Ser materia de una política industrial ordenada, con el apoyo de la banca de desarrollo. Y basarse en un aumento gradual y sostenido de los salarios y la democratización de los sindicatos.
En conclusión, la rebelión obrera de Matamoros no sólo ha sido justificada desde el punto de vista de las precarias condiciones salariales: dada la situación de la industria maquiladora, también debería servir para impulsar un nuevo esquema de desarrollo más productivo y beneficioso para el país y su gente.
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