Relatores sobre derechos humanos e indígenas y sobre ejecuciones extrajudiciales solicitaron información del estado de la investigación y el gobierno de AMLO les respondió con un escueto documento oficial. La Compañía de Jesús reprochó que el Estado sigue sin dar avances sustantivos en materia de justicia y seguridad para la Sierra Tarahumara
Ciudad de México, 2 de diciembre de 2022. Relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron al Estado mexicano información sobre el avance de las investigaciones por el asesinato de los sacerdotes jesuitas Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales, el 20 de junio pasado en Cerocahui, Chihuahua.
Así lo dio a conocer la Compañía de Jesús en México desde su cuenta de Twitter, en la que dio a conocer un escrito fechado en Ginebra, Suiza, el 22 de julio pasado, y suscrito por Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Morris Tidball-Binz; relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y José Francisco Cali Tzay; relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La Compañía de Jesús destacó que los relatores de la ONU se pronunciaron sobre la obligación del Estado mexicano de investigar y esclarecer los asesinatos en Cerocahui, Chihuahua.
“A pesar del pronunciamiento y solicitud de los procedimientos especiales de Naciones Unidas, el Estado sigue sin dar avances sustantivos en materia de justicia y seguridad para la Sierra Tarahumara”, reprochan los jesuitas. “
El documento de los relatores fue entregado en la Misión Permanente de México ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra, y fue dado a conocer ayer luego de que transcurrieran los 60 días de plazo que se dio para la respuesta del Estado.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por el asesinato de los defensores de derechos humanos y sacerdotes jesuitas Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales, que tememos haya estado directamente relacionado con su labor en defensa de los derechos humanos”, dicen los relatores en su documento.
En ese contexto solicitaron información sobre si existen pruebas de la investigación de las amenazas que sufrieron los religiosos todo el tiempo de su trabajo para la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
“Sírvase proporcionar información detallada sobre el estado actual de cualquier investigación realizada para identificar a los autores del asesinato de los defensores Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales, incluyendo cualquier información sobre la posible relación entre su asesinato y su trabajo en favor de los derechos humanos, así que sobre las medidas que se han tomado para mantener a las familias de los defensores informada sobre el progreso de la investigación”, señalan.
De acuerdo con una nota del diario español El País, las autoridades respondieron dos días antes de que venciera el plazo de 60 días con un escueto documento oficial, en el que afirmaron que la Fiscalía estatal no consignó ninguna amenaza contra los sacerdotes, y tampoco entraron en detalles más allá de la información que ya es pública sobre las indagatorias para dar con José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, el principal sospechoso que sigue prófugo de la justicia.
Texto: Redacción
