Vidulfo Rosales Sierra
El garantismo penal desde sus orígenes fue planteado por el pensamiento liberal y seguido por otros pensadores de esa corriente ideológica, en oposición a las legislaciones fascistas y leyes de excepción. El garantismo penal se propone minimizar el poder punitivo sometiéndolo a estrictos límites constitucionales y legales mediante principios o garantías como la legalidad o taxatividad de los hechos punibles, la lesividad, materialidad, culpabilidad y la penalidad mínima o los principios procesales como la contradicción, paridad entre la acusación y la defensa, la presunción de inocencia, la carga acusatoria de la prueba, la independencia judicial y el juez natural.
Estos principios han sido bandera de lucha, si no de la izquierda, sí del pensamiento liberal y progresista en oposición a la derecha fascista que pugna por acendrar el poder punitivo. Impulsa una marcada violencia contra los efectos del delito, propone nulas garantías procesales ante la comisión del delito, penas severas incluso la de muerte.
La lucha contra la severidad de las penas y la prisión preventiva se inscribe en este caminar del movimiento de izquierda y progresista que desde hace décadas sostiene, entre otras cosas, que las penalidades altas generan un problema de sobrepoblación carcelaria y autogobiernos en los centros penitenciarios convirtiéndose en lugares donde se delinque, propiciando un fracaso de la reinserción social. Lejos de representar un mecanismo que inhiba la criminalidad, la propicia e incentiva. Tanto la severidad de las penas como la prisión preventiva oficiosa no son, por tanto, una solución a los altos índices de criminalidad, inseguridad y violencia.
Prisión preventiva oficiosa frente a violencia e inseguridad es un falso debate. Que la Suprema Corte haya fallado por su permanencia en el orden jurídico mexicano, es desafortunado. Representa un retroceso del garantismo penal y una derrota del movimiento progresista.
Lo mismo acontece con la militarización. Los movimientos populares que fueron reprimidos de manera cruenta por gobiernos autoritarios y dictaduras militares han impulsado una lucha contra la militarización de la sociedad y de la seguridad pública. Varios casos de cruentas represiones cometidas por militares fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los estados del hemisferio de las Américas recibieron sendas condenas. El alto tribunal había ordenado adecuar sus legislaciones para restringir el poder militar, establecer mecanismos de rendición de cuentas y tener controles civiles.
Las dictaduras militares dejaron experiencias amargas en las sociedades del hemisferio. Miles de desaparecidos y asesinados. En suma, hubo un quiebre de la democracia en estos lugares, por ello las sociedades militarizadas a nada bueno conducen.
En México el debate se ha dado desde hace décadas. La izquierda y el movimiento progresista pugnan porque no se militarice la seguridad pública. Organizaciones sociales y víctimas lucharon encarnizadamente para restringir el fuero militar, lo que se logró en el año 2010 mediante sendas sentencias que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
De igual forma en 1995 diputadas y diputados del PRD interpusieron la emblemática controversia constitucional 1/96 que cuestionaba que los militares asumieran tareas de seguridad pública al tenor de lo que señalaba la entonces Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las fuerzas armadas sí podían realizar tareas de seguridad pública, pero en situaciones puntuales a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles y subordinadas a ellas. Aunque las autoridades no se ajustaron al fallo, es claro que el movimiento de izquierda y progresista es el que viene impulsando esta lucha, no los actores de derecha.
Por lo tanto, el garantismo penal y la lucha contra la militarización son demandas de la izquierda y el movimiento progresista. Que una facción de la derecha intente impulsarlas hoy día, efectivamente es oportunismo político, pero ello no invalida la lucha que históricamente venimos impulsando, más bien, es desafortunado que Morena impulse una exigencia del fascismo.
Por lo tanto, la severidad de las penas y la prisión preventiva oficiosa no son la solución a la criminalidad, la violencia e inseguridad.
La prisión preventiva se puede seguir imponiendo de manera justificada. El Ministerio Público podrá justificar ante el juez la legalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de esta medida cautelar, por lo tanto, no es menester mantener su carácter oficioso, dado que ello da lugar a injusticias pues viola el principio de presunción de inocencia y constituye una pena anticipada. Estas medidas no son propias de sociedades democráticas, sino de regímenes autoritarios.
Por lo demás, nadie cuestiona la necesidad de combatir los delitos y la delincuencia organizada, lastres que están generando sufrimientos en la población. Miles de asesinados y más de cien mil desaparecidos son el resultado de esta violencia irracional. Lo que se cuestiona es que no son los militares quienes se deben hacer cargo de estas tareas, sino la policía y si ésta es débil y está corrompida se debe fortalecer y no recurrir a las fuerzas armadas, responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos que van desde los años sesenta en la mal llamada guerra sucia, pasando por la masacre de El Charco y violaciones de mujeres indígenas hasta su responsabilidad en el caso Ayotzinapa.
Contrario a lo que se dice, no tenemos un Ejército emanado del pueblo. A lo mejor lo fue en un tiempo, pero en los años 60 al fragor de las luchas de liberación en nuestro hemisferio, los gobiernos de derecha formaron a los militares en la Escuela de las Américas del ejército de Estados Unidos y desde entonces tenemos a unas fuerzas armadas que se asumen como enemigas del pueblo y de la izquierda. Un Ejército mexicano centrado en tareas de contrainsurgencia. Para esta institución los enemigos son los movimientos sociales, la disidencia política, los que piensan diferente y desafían el statu quo.
Prueba de ello es la infiltración a la Normal Rural de Ayotzinapa. Desde el año 2012 mandos militares ordenaron a soldados formados en tareas de espionaje inscribirse en una escuela donde se han forjado grades luchadores sociales para vigilarla y tener el control de ella. ¿Por qué un ejército del pueblo tendría interés en infiltrar a una escuela donde se forman estudiantes campesinos y pobres, cuyo único pecado es ser críticos?
Por donde se le mire, las del gobierno federal y su partido son posiciones conservadoras. Se han unido a los fascistas que pugnan por un derecho penal punitivo y por sociedades militarizadas.
