Metales pesados
Tryno Maldonado
Uno de los argumentos de los defensores de la autoproclamada Cuarta Transformación ha sido que no existen propuestas alternas a la militarización. No es verdad. Organizaciones, víctimas y múltiples luchas de los abajos han insistido desde el comienzo de esta administración –y desde muchísimo antes– en que la transición era la oportunidad perfecta para iniciar un verdadero proceso de justicia transicional. El EZLN, desde su Marcha del Color de la Tierra en 2001, que una movilización sin precedentes; el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que puso en el centro a la víctimas, y las familias de Ayotzinapa y familias buscadoras de desaparecidos, por ejemplo, son luchas con las que el actual poder no sólo se ha negado a dialogar, sino que, violando acuerdos, los ataca mediante una guerra informal de comunicación y, en el primer caso, contrainsurgente.
Andrés Manuel López Obrador había prometido delante de las víctimas no sólo que retiraría al Ejército de las calles, sino que instauraría un proceso auténtico de justicia transicional tras el enorme legado de violaciones masivas a los derechos humanos durante las administraciones predecesoras a la suya. Vimos durante años en persona a sus seguidores marchar codo a codo con las familias de las víctimas, pero fue para sacarles raja política y después darles la espalda. Les mintió en la cara. Y sus seguidores con él. La historia los juzgará.
Contrario a la promesa central de López Obrador de devolver a los militares a sus cuarteles –tras brutales masacres extrajudiciales y desapariciones forzadas en las que han participado, como Tlatlaya o Ayotzinapa–, al día de hoy, con sus más 80 mil efectivos patrullando el territorio mexicano, la llamada 4T ha puesto al mayor número histórico de militares en las calles para realizar labores de seguridad. El necronegocio va viento en popa.
Al día de hoy, la Guardia Nacional ha investigado mil 300 acusaciones de casos de abusos contra la población civil por parte de sus elementos. Además, México ha recibido 41 recomendaciones internacionales en contra del proceso de militarización que se ha llevado a cabo durante los últimos tres sexenios.
Al conocerse que la Guardia Nacional pasaría al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, la ONU se pronunció por considerarlo “un retroceso en seguridad pública”. Resaltaron que las fuerzas armadas (Ejército, Marina, Guardia Nacional) no tienen un sistema de rendición de cuentas, por lo que en los casos de abusos y ejecuciones extrajudiciales impera la impunidad.
En el valioso reportaje La tropa. Por qué mata un soldado (Aguilar, 2019) de Daniela Rea y Pablo Ferri, se da constancia de la historia contrainsurgente del Ejército mexicano, así como de la naturaleza de la violencia y la banalización del mal que ocurre en los cuerpos y en las mentes de los soldados que llevan a cabo cotidianamente su objetivo primordial por todo México: aniquilar al enemigo. Matar.
Desde la construcción retórica de un enemigo, ellos, que amenaza a un nosotros colectivo, hasta el desenlace en el recuento de las trágicas masacres de inocentes más recientes, los cuerpos no combatientes de esta guerra que terminan siendo estigmatizados y criminalizados por esas mismas fuerzas armadas al hacerlos pasar sistemáticamente por enemigos caídos o bajas colaterales. “Matar, mentir”, ha sido la consigna durante estos últimos tres sexenios de gradual militarización. “Daños colaterales”, como afirmaba Felipe Calderón. O “la excepción”, como refirió López Obrador al referirse al asesinato extrajudicial de la menor Heidi Pérez el mes pasado a manos de militares.
“Una tropa que es enviada a realizar tareas de seguridad interior para las que no fue entrenada y reacciona con el ADN de su entrenamiento para la guerra: quien está enfrente es un enemigo al que se debe matar”, afirman los autores del libro. “Disparan primero y preguntan después, si acaso preguntan”.
La más reciente masacre perpetrada por la barbarie de los militares en funciones de patrullaje policial ocurrió el pasado 31 de agosto en Nuevo Laredo. La niña de cuatro años de edad Heidi Pérez viajaba en un automóvil, trasladada por su cuidadora junto a su hermano Kevin, para ser atendida en un centro médico por un malestar estomacal. Alrededor de las 22 horas, a la altura de la calle 20 de Noviembre, la conductora notó que un vehículo militar le cerraba el paso. Apenas unos metros más adelante el coche fue acribillado por balas trazadoras de uso exclusivo del Ejército. Una de esas balas de uso militar impactó en el cráneo de la pequeña Heidi.
A decir del abogado de la familia, parece ser que la única particularidad que motivaría a los militares a abrir fuego contra los niños y su cuidadora sería ésta: los cristales polarizados.
Estas tropas continúan hoy en día en las calles con el uniforme de Guardia Nacional imponiendo entre la población una pedagogía de la crueldad. Sembrando una didáctica cotidiana del terror para la contrainsurgencia, la desmovilización y el despojo de los recursos, los cuerpos y el territorio. Hoy, más que nunca, se vuelve vital como sociedad re-imaginar y desmontar los dispositivos del poder en los convulsos tiempos de la 4T.
