La negación de los servicios médicos porque vienen de comunidades originarias o no hablan español es una realidad en entidades como Guerrero, donde diversas asociaciones civiles proporcionan acompañamiento y asesoría
Chilpancingo, Guerrero, 23 de noviembre de 2021. “Nunca he caído en un hospital hasta ahora que ya voy para 61” años, dice Elena a su salida del Hospital General de Chilpancingo, con un diagnóstico de cáncer. El primer lunes del mes viajó desde la comunidad nahua de Chicotlán, en Guerrero, con dos hijas, una nieta y su esposo, con maletas al hombro para tres días de un tratamiento programado que se canceló por falta de materiales y porque no llegó el especialista.
Elena recibió, en sustitución, un pase a un hospital de especialidad en Acapulco. En tres meses gastó 22 mil pesos en estudios, medicamentos y estancia en la capital del estado, sin hospedaje para sus familiares, quienes durmieron una semana sobre cartón, afuera del hospital.
En la salud, las comunidades indígenas son las más desprotegidas y las mujeres llevan la peor parte, asiente en entrevista Nadia Maciel Paulino, integrante de la Red de Mujeres Jóvenes Indígenas y Afromexicanas (Remjina). “Siempre están trabajando, reciben menos cuidados y menos alimentación que merma su salud”, añade.
Maciel Paulino destaca que en las instituciones de salud someten a las mujeres indígenas a prácticas que violentan su cultura y sus costumbres, o llegan a enfrentar desigualdades por la lengua indígena que hablan, cuando este tipo de servicios son esenciales para la vida de las personas.
“Son discriminadas por ser mujeres, también indígenas, y también si son jóvenes. Las violencias se concretan en el campo médico con fuertes asimetrías, de una autoridad médica que es muy difícil de cuestionar porque la respalda toda la institución de Salud, la lengua en español, luego también el vocabulario técnico médico, que es de difícil acceso y más aún para mujeres indígenas”, menciona por separado Pierre Gaussens, académico del Colegio de México.
En Acapulco, una mujer náhuatl necesitó hace unos días del acompañamiento de la Asociación de Mujeres Indígenas y Afromexicanas Radicadas en Acapulco (Amiara) para acceder a los servicios médicos en un Centro de Salud. La primera vez que pidió la consulta no recibió atención por ser monolingüe, cuenta Magda Valtierra García, síndica y activista de la organización.
“La compañera tuvo una infección en el estómago, su mamá le dio tés y no se calmó el dolor que tenía. Fue al centro de salud de la colonia Zapata. Al siguiente día, volvió con una traductora y el personal se disculpó porque es discriminación cuando no se da la atención que se debe”, relata.
Amiara tiene intérpretes, asesoría legal y psicológica en lenguas originarias de Guerrero para temas de justicia penal, agraria y de salud. La asociación está colocando letreros en los hospitales para brindar este servicio a más personas y busca convenios con las autoridades estatales y de salud.
Derechos sexuales y reproductivos frente a la violencia obstétrica
Una alumna de Medicina le confesó a Nadia Maciel Paulino, de la Remjina, que lloró con una paciente cuando tuvo que introducir una mano en la vagina para revisar que no quedaran restos tras el parto. “Ella (la estudiante) me dijo que de acuerdo con sus valores eso no era oportuno ni necesario, pero lo tenía que hacer como una práctica que debía aprender”, expresa.
A la activista han llegado casos de mujeres a las que les hacen tactos sin avisarles, las rasuran, hay muchas con episiotomías (corte vaginal) hasta sin anestesia, o a quienes les han introducido objetos para sacar rápido al bebé durante el alumbramiento.
“Por un lado, son procedimientos que han sido pensados desde el hospital, desde el cuerpo médico, desde las instituciones hospitalarias, desde sus requerimientos, pero no desde los requerimientos de las mujeres, y reconocer este hecho de la violencia implicaría cambiar muchas cosas”, afirma Pierre Gaussens, quien se ha especializado en la violencia obstétrica.
El Estudio sobre la Aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 por parte de las Instituciones de Salud confirma la prevalencia de prejuicios y estereotipos de género en el sector salud. “El principal obstáculo que impide a la mujer alcanzar el más alto nivel posible de salud es la desigualdad entre la mujer y el hombre y entre mujeres de diferentes regiones geográficas, clases sociales y grupos indígenas y étnicos. Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva; y decidir libremente respecto de esas cuestiones sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia”, destaca el documento.
En esto coincide Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, al enlistar algunos casos en los que la discriminación y violencia gineco-obstétrica hacia las mujeres indígenas se manifiesta.
“En varios lugares persiste la falsa creencia de que las mujeres indígenas son incapaces de tomar decisiones responsables sobre la anticoncepción, el número de hijos que quieren tener, que no están en condiciones de ser ‘buenas madres’ o que no es aconsejable que tengan descendencia. Esto las expone a actos de discriminación y violencia, incluso en la forma de violencia gineco-obstétrica, incluyendo la negación de servicios de salud, la segregación o esterilizaciones forzadas. Como ha expresado la Relatora Especial de la ONU sobre Violencia contra la Mujer, es imperativo prohibir cualquier práctica discriminatoria y violenta hacia las mujeres indígenas que limiten su pleno goce del derecho a la salud”, indica.
Las Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana (Cami) son una red de 35 asociaciones civiles –seis de las cuales están en Guerrero– que acompañan con servicios de salud sexual y reproductiva; su principal objetivo es frenar estas prácticas discriminatorias y violentas de las instituciones a las que se suma el machismo en los hogares.
“Acá el machismo está al día, si una mujer busca controles de natalidad, para los esposos celosos ya anda con otro. También luchamos para que se respete el control prenatal de la mujer cuando ella dice que no lo quiere”, dice en entrevista Francisca de la Cruz Victoria, de la Cami Manos Unidas en Ometepec, pionera en el país.
Isabel Dircio Chautla, de la Cami Zihuachikahuac –que significa mujer fuerte, sana y valiente–, en Chilapa, indica que la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos aumentó en la pandemia. Con la conversión parcial de total de hospitales Covid-19, el sector salud no recibía a las mujeres embarazadas que acudían sin tener una dilatación muy avanzada.
“El sistema de salud es ineficiente y en muchas comunidades es como si no existiera, porque no se cuenta con los servicios de salud, por lo que muchas mujeres tienen que trasladarse a otra comunidad si es que requieren atención médica. Con la pandemia se agudizó este problema, ya que si los médicos iban poco a sus comunidades, en este tiempo la ausencia fue mayor”, asegura.
La activista indígena por los derechos sexuales y reproductivos menciona que otra práctica es la implantación de métodos anticonceptivos sin autorización de las pacientes o la falta de información oportuna y suficiente. “Hay personal insensible que se desespera si las personas no entienden las indicaciones y si alguien les pide más datos”.
La negativa a la prestación de los servicios de salud, como en el caso de Elena –cuyo nombre real fue cambiado por cuestiones de seguridad– o de las mujeres indígenas que no hablan español es una forma de discriminación. La prestación indebida de los servicios de salud también constituye violencia obstétrica y va en contra de los derechos sexuales y reproductivos.
