Diana Baptista / Agencia Reforma/ Foto: Agencia Reforma
Ciudad de México, 16 de marzo de 2018. Madres solteras, en pobreza y de comunidades vulnerables llenan las cárceles de México, acusadas por delitos contra la salud, señaló la organización EQUIS Justicia para las Mujeres.
El informe Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México: Una guía para políticas públicas incluyentes, reveló que la primer causa de encarcelamiento de mujeres es por delitos contra la salud: el 43 por ciento de las procesadas por delitos federales son acusadas por dichos delitos.
En el fuero común, el ingreso de mujeres aumentó en 103 por ciento en los últimos dos años.
“Son las mujeres en la parte baja de las pirámides, (detenidas) por posesión simple, las mal llamadas mulas son las que están siendo sancionadas. La mayoría tenían educación básica y narraban que cometieron el delito porque tenían la labor de cuidado de sus hijos y debían buscar alguna forma de salir adelante”, indicó Isabel Erreguerena, coordinadora del área de Políticas Públicas de EQUIS.
“La política carcelaria respecto a la droga está sirviendo para que personas en situación marginada reproduzcan su desigualdad”.
La investigadora Corina Giacomello explicó que las mujeres nacen en comunidades que sobreviven de la maquila de la amapola, y que desde niñas son enseñadas a obedecer a los hombres.
Un testimonio reunido en el informe es el de Gaby, de 25 años de edad, quien cumple una condena en Oaxaca por delitos contra la salud.
La joven fue violada a los 16 años y quedó embarazada; posteriormente, tuvo otros dos hijos con un hombre que la abandonó. Uno de sus hijos tiene una parálisis que le exige atención médica constante.
Gaby se involucró en el delito a través de su pareja. Según su narración, limpiar y empaquetar la droga era tan común en su pueblo como vender pan.
“Lo encontramos una y otra vez: las relaciones patriarcales son reales y son el vector de involucramiento de las mujeres. Las relaciones de parentesco y personales son los primeros ejes narrativos”, señaló Giacomello.
“Cuando hay abuso sexual contra las niñas no hay Estado, pero para encarcelar comunidades indígenas sí está”.
Tras su encarcelamiento, los hijos de Gaby quedaron a merced de instituciones de gobierno. El juez rechazó su petición de llevar su condena en arraigo domiciliario para cuidar de su hijo con discapacidad.
Las activistas recomendaron una iniciativa de reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, al Código Penal Federal y al Código de Procedimientos Penales para que las mujeres con hijos tengan acceso a medidas sustitutivas, y para que cierto tipo de población tenga una reducción de penas por delitos contra la salud.
