Ciudad de México, 18 de marzo de 2026.- Las centrales de Combustión Interna de La Paz y Termoeléctrica de Punta Prieta, ambas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no acreditaron cumplir con los límites máximos de emisiones contaminantes establecidos en las normas de salud y ambientales, por lo cual fueron multadas, reportó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Indicó que inspecciones recientes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), resultado de una sentencia en un juicio de amparo, confirmaron irregularidades en las centrales de generación eléctrica.
Entre las irregularidades, detalló en un comunicado, están la falta de registros sobre su operación, omisiones en los reportes de emisiones contaminantes y la ausencia de información que permita verificar si cumplen con los límites de contaminación establecidos por la normativa ambiental.
En ambas centrales se identificaron además faltas en los registros de consumo de combustibles y en el seguimiento al funcionamiento y mantenimiento de los equipos para controlar emisiones.
Como resultado de las inconsistencias, señaló, la Profepa impuso multas por 610 mil 956 pesos a la Central de Combustión Interna y por 678 mil 840 pesos a la Central Termoeléctrica.
“Las multas no reparan el daño ambiental ni reducen las emisiones que afectan la calidad del aire en La Paz. La legislación ambiental es clara: cuando se detectan irregularidades, la autoridad debe ordenar medidas correctivas para garantizar que las instalaciones cumplan con los límites de contaminación y protejan la salud de las personas”, remarcó Mario Sánchez, director de la Oficina Regional Noroeste del CEMDA.
La organización ambientalista explicó que La Paz es el principal centro energético de Baja California Sur y gran parte de la electricidad del estado se produce en centrales eléctricas ubicadas en la ciudad, que queman combustibles fósiles y emiten contaminantes, afectando la calidad del aire que respira la población.
Apuntó que el caso de las centrales sancionadas continúa en revisión, mientras la autoridad judicial evalúa si la Profepa cumplió con lo ordenado en la sentencia.
Agencia Reforma
