El problema de “violencia extrema” que se vive en el país es enorme, advierte Olga Noriega. “Después de la Revolución no habíamos vivido tanta violencia como la que estamos viviendo”, y por ello se deben diseñar políticas públicas adecuadas a cada situación y “no creadas desde un escritorio”, dice la investigadora del Inacipe.
Acapulco, Guerrero, 8 de octubre de 2019. La justicia transicional es “necesaria y urgente” en México para romper el círculo de violencia e impunidad que hay en el país, expuso la investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) Olga Noriega Sáenz durante su participación en el panel sobre Justicia Transicional.
La Justicia Transicional se refiere a una serie de mecanismos para acceder a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición posterior a periodos de conflicto, represión y/o niveles de violencia a gran escala y de alto impacto, que el Estado no puede dar respuesta con el sistema de justicia ordinario.
El coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García Campos, llamó a poner al servicio de la justicia, la verdad, la reparación y garantías de no repetición todo el aparato institucional del país para enfrentar la “emergencia nacional, la crisis humanitaria” que vive el país por la violencia criminal.
Consideró que “para romper un ciclo, de un momento aciago, como el que enfrenta México todavía hay un camino muy fuerte que recorrer”.
Ayer, en un salón del Grand Hotel se llevó a cabo el panel Justicia Transicional organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), el Tribunal Electoral del Estado y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana como parte del Cuarto Ciclo de Diálogos Democráticos titulado Los desafíos para fortalecer la democracia en México.
El panel sobre Justicia Transicional parte de la premisa expuesta por el gobierno federal en el Plan Nacional de Desarrollo en el que propone que para construir la paz se deben aplicar mecanismos de justicia transicional.
Los participantes fueron el coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Alan García Campos, la especialista en justicia restaurativa y profesora de la UNAM y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Alejandra Betanzos de la Rosa y la investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales e integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Olga Noriega Sáenz.
Emergencia nacional, crisis humanitaria
El coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García Campos, consideró que el país enfrenta una crisis humanitaria y debe hacer uso de todos sus recursos para enfrentar este problema.
Consideró que “los niveles de violencia que tiene México no se explican sin los niveles de connivencia, colusión, corrupción, cooptación de algunos grupos delictivos del aparato público vía los partidos y candidaturas”.
Luego llamó al Estado mexicano a disponer de todos los recursos del aparato institucional para hacer frente a la “emergencia nacional, crisis humanitaria” que enfrenta el país por la violencia.
“En México hay mas de 40 mil desaparecidos, no solo los 43, algunos desaparecidos desde la década de los 60 y 70 de acuerdo con registros oficiales, de tal suerte la cifra puede ser mayor, hay mas de 30 mil cuerpos sin identificar que han pasado por las instituciones del estado mexicano y que están quizá en la fosa común o en la morgue”.
Llamó a hacer los cambios legales que sean necesarios para poner la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE) del Registro Nacional de Electores para identificar a los cuerpos que permanecen en el anonimato. “La base de datos del INE puede ser un instrumento vital para auspiciar un proceso de identificación de las personas que hoy por hoy no han sido identificadas”.
“La emergencia nacional, la crisis humanitaria por la que atraviesa México requiere poner todos los instrumentos con que cuenta la institucionalidad pública al servicio de la justicia, la verdad, reparación y garantías de no repetición”.
La identificación de los cuerpos “permitirá superar ese duelo ambiguo que enfrentan miles de personas en el país por desconocer cual es la suerte, cual es el paradero, cual es el destino, donde está su familiar”.
Del impacto de la violencia criminal en el proceso democrático del país, García Campos opinó que si ha tenido repercusión pues hay candidatos extorsionados, otros declinan en sus aspiraciones o ejercen autocensura en su discurso.
“La violencia que hoy se experimenta en el país sí está teniendo una repercusión que sí menoscaba el ejercicio de las libertades democráticas y el ejercicio de los derechos políticos por consiguiente es fundamental desarrollar políticas de pacificación que abonen a la consolidación democrática y la justicia transicional tiene mucho que aportar”.
Olga Noriega añadió que el crimen organizado se ha infiltrado en los partidos políticos, en los candidatos y el dinero que entra a las campañas “y sin duda merma la vida democrática del país”, propuso que el financiamiento que reciben los candidatos debe auditarse y probarse que es “limpio”.
Agregó que la filtración del crimen en las campañas políticas es un “problema gravísimo” porque “son conductas que nos han rebasado y han rebasado a los operadores del sistema de justicia penal”.
Necesaria y urgente
En su participación Olga Noriega señaló que el problema de “violencia extrema” que se vive en el país es enorme, “después de la Revolución (1910-1917) no habíamos vivido tanta violencia como la que estamos viviendo”.
Indicó que la Justicia transicional se debe aplicar atendiendo el contexto de cada comunidad para que se diseñen políticas públicas adecuadas al problema de violencia que se vive en cada población “no con políticas públicas creadas desde un escritorio”.
Añadió que esas acciones deben considerar medidores de resultados, modelos de atención con principios por persona, órganos multidisciplinarios que den seguimiento a las medidas que se adopten y comunicación constante con las autoridades
La justicia transicional “resulta necesaria y urgente pero se debe implementar de manera muy cuidadosa porque si no la podemos implementar, sería la revictimización”.
Me parece urgente implementar estos mecanismos siempre y cuando estén muy resguardados, muy vigilados con una medición palpable donde intervengan todos los involucrados en el drama de la violencia tanto los servidores públicos, los operadores del sistema penal, las organizaciones civiles pero ante todo las víctimas porque si no se cae en el riesgo de la revictimización”.
Instituciones desgastadas
La especialista en justicia restaurativa Alejandra Betanzos de la Rosa, expuso que la justicia transicional “propone poner punto final al círculo vicioso de querer combatir la violencia con mas violencia” pero advirtió que se debe “examinar muy bien” el pensar en su aplicación porque se trata de violencia criminal.
Agregó que requiere de “respaldo social y político amplio” y en el contexto del país las instituciones “ya están desgastadas, gozan de muy poca confianza de los ciudadanos, ese es el reto mas grande que enfrentaría una política de justicia transicional ¿Quiénes serían los actores que la llevarían a cabo?”.
Agregó que en México hay capacidad “pero requiere de un nivel de especialidad muy alto” por lo que consideró que es crucial que se cuente con apoyo técnico internacional y vigilancia cercana de parte de organizaciones civiles e instituciones académicas “es como se podría apuntalar el entramado institucional que requeriría una política de justicia transicional”.
En el caso de la violencia que se vive en el país que está relacionada con el crimen organizado pero hay violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad “que son perpetrados por el propio sistema” y este sistema es el que llevaría a la practica la justicia transicional “y ahí se va atorando el asunto”.
Opinó que la justicia transicional debería dirigirse a los jóvenes que se encuentran en la condición de víctimas-victimarios por la falta de expectativas de futuro y que son arrastrados por la vorágine de violencia.
Agregó que la justicia restaurativa tiene como base la idea de que el perpetrador se puede recuperar, que puede cambiar su conducta y reintegrarse a la sociedad pero no se debe perder de vista que en el contexto de la violencia criminal que hay en el país “hay una parte de estas personas que llevan a cabo estos crímenes” que requerían de un esfuerzo focalizado y de seguimiento que van asociados con altas inversiones.
Texto: Daniel Velázquez / Foto: Carlos Alberto Carbajal
