Aunque reconoce que se tienen problemas, el secretario de Finanzas estatal afirma que la liquidación de esa prestación está asegurada. En su comparecencia en el Congreso, fija los problemas del gobierno estatal en la deuda que heredó de la administración anterior.
Chilpancingo, Guerrero, 27 de noviembre de 2018. El secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Tulio Pérez Calvo, informó que este año el gobierno estatal como los ayuntamientos tienen dificultades para pagar el aguinaldo de los trabajadores del estado.
En la primera comparecencia de la glosa del tercer informe del gobernador Héctor Astudillo Flores que comenzó ayer a las 11 de la mañana, en el Congreso local, señaló que el problema viene desde la deuda de 3 mil 500 millones de pesos que recibió del gobierno estatal anterior, más la deuda para el pago obras de infraestructura que rondaba los 18 mil millones, que causaron problemas para el pago de la nómina y prestaciones de fin de año en 2015.
En los siguientes años, explicó, se han tenido problemas también por la reducción de participaciones federales.
Pérez Calvo reconoció que el gobierno del estado también enfrenta problemas para cubrir el pago de aguinaldos a sus trabajadores, como a los de organismos autónomos y descentralizados.
Sin embargo, aseguró que salarios y prestaciones de fin de año están garantizados, puesto que el gobernador y otros mandatarios, están concluyendo gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tener un adelanto de participaciones. No precisó de cuánto.
El funcionario reconoció que las deudas por laudos del poder Ejecutivo y ayuntamientos “son incalculables”, y existen expedientes en ejecución desde 1984. Indicó que sólo en este ejercicio fiscal, hasta el tercer trimestre del año, se han pagado 20.6 millones por juicios laborales y se siguen acumulando.
Anuncio que se diseñó un protocolo sobre cómo concluir una relación apegada a la normatividad de la Ley Federal del Trabajo, y se están haciendo reuniones con los ayuntamientos para evitar nuevos laudos millonarios en las siguientes administraciones.
El secretario fue cuestionado por los diputados insistentemente sobre los laudos laborales, la deuda pública y las retenciones de impuestos sobre la renta no enteradas a la hacienda pública por parte de las secretarías de Salud y de Educación, así como las problemas de liquidez del ISSSPEG y del Plan de Previsión Social de trabajadores del sector educativo, para pagar bonos e indemnizaciones por jubilación.
También señalaron que la dependencia es opaca, porque no presenta información clave para el análisis de su desempeño. La diputada Saira Reyes Iruegas, de Morena, requirió información detallada, en los formatos que establece la ley, “porque el gobierno del estado hace una programación, pero termina gastando en rubros muy diferentes a los programados”.
Pérez Calvo secretario insistió en que la información está disponible en el portal en internet de la Sefina, actualizada al tercer trimestre 2018.
Exenciones fiscales
Para comenzar, Pérez Calvo presentó en 10 minutos una síntesis de su informe, de acuerdo con el formato aprobado para la comparecencia, y destacó la aplicación de estímulos fiscales del gobierno en 90 por ciento en impuestos de regulación de la tierra, la excepción total en el pago de impuestos a la profesión médica, la reducción del monto del impuesto sobre la nómina a los ayuntamientos, de 2 por ciento, “los que cubrieron oportunamente sólo pagaron el equivalente a 10 por ciento del monto total determinado”.
La diputada del PRD, Dimna Salgado Apátiga, cuestionó la excepción de impuestos en la situación que se encuentra estado, y el diputado del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, quiso saber cuánto se deja de recaudar con estas medidas.
Pérez Calvo precisó que por aplicar incentivos fiscales se dejan de recaudar 772 millones de pesos, que incluye contribuyentes cumplidos y morosos para regular su situación fiscal. Indicó que el padrón total de contribuyentes estatales y federales de 2017 y 2018, se incrementó a 81 mil 110 nuevos contribuyentes, casi un 7 por cierto del total. Estimó que se logró disminuir la morosidad casi en 11 por ciento.
Sobre la deuda pública, informó que en 2015 se recibió de 2 mil 374, 4 millones de pesos, 95.3 por ciento de deuda directa, y 4.7 por ciento, indirecta que corresponde a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), ahora (COAGUA). Precisó que Coagua es la responsable de cubrir lo que le corresponde en los términos pactados.
Destacó que en tres años de administración, la deuda se redujo a mil 981.8 millones de pesos, o 16.6 por ciento, que de acuerdo con los criterios del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), clasifica al estado en un nivel de endeudamiento sostenible.
El debate
En el debate, el diputado de Morena, Jesús Villanueva Vega, recriminó que el secretario no entregó una memoria para explicar con detalle su desempeño, y en su lugar dio a los diputados locales una copia de cinco cuartillas del apartado de Finanzas del informe del gobernador Héctor Astudillo Flores. Más tarde, el diputado del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, precisó que fueron 15 las hojas del informe de la Sefina.
Villanueva Vega consideró que lo reducido del informe es una falta de respeto a su jefe político que aceptó hacer la glosa del informe anual de trabajo, así como al Congreso local, y una mala señal de una dependencia de por sí opaca.
Por otro lado, lo cuestionó sobre una observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por errores de cálculo en asignación de dos fondos federales a 32 municipios, además de las acciones para promover la armonización contable en los municipios, y las estrategias para mejorar la recaudación fiscal.
Pérez Calvo confirmó que hubo un error en la aplicación de la fórmula en el gasto fiscal de 2017, para la distribución de los recursos en 20 municipios, no 32, por 22.8 millones, y sólo correspondía redistribuir 11.4 millones. Aclaró que la falla no fue premeditada, y la observación fue solventada.
De las estrategias para mejorar la recaudación, dijo que se simplificaron los procesos de pago a contribuyentes.
En el periodo de efervescencia social por el aumento a las gasolinas, se recortaron salarios en 30 por ciento al gobernador, en 20 por ciento a mandos superiores, en 10 por ciento a mandos medios del sistema estatal, autónomos y paraestatales; se redujeron choferes y escoltas para mandos medios, se compactaron horarios de oficina, se congelaron plazas vacantes, bajaron gastes de telefonía, de representación y viáticos, excepto en Seguridad Pública y Salud.
Sin datos específicos, Villanueva Vega insistió en que la brevedad del informe releva que “es más lo que se esconde”.
Por otro lado, el secretario aseguró que no se ha ampliado la deuda pública en esta administración, y se está cumpliendo con los pagos en condiciones pactadas con los mecanismos definidos por la comisión nacional bancaria, en respuesta a la diputada del PAN, Guadalupe González Suástegui.
El diputado de Morena, Antonio Helguera Jiménez, pidió una explicación sobre el desabasto de medicamentos en el sector Salud, y Pérez Calvo precisó que 30 por ciento del medicamento se adquiere con fondos estatales, el resto con fondos federales, pero los hospitales toman sus definiciones sobre las medidas de distribución.
Pendientes en los ayuntamientos
En el apartado de preguntas y respuestas, Pérez Calvo informó que seis ayuntamiento han solicitado formalmente un adelanto de las participaciones federales para cumplir con el pago de salarios y prestaciones de fin de año, y 32, de manera extraoficial, han expresado interés en esta posibilidad.
Recordó que el gobierno del estado no está obligado cubrir faltantes de los ayuntamientos, y que es responsabilidad primero de la Auditoria Superior del Estado (ASE) detectar las irregularidades, y después presentar las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se apliquen las sanciones incluso penales, por el manejo inapropiado de los recursos públicos municipales.
Asimismo, reconoció que el número de beneficiarios de programa Pensión Guerrero, al que se destinaron 60 millones de pesos, disminuyó considerablemente, y las economías fueron redireccionadas conforme a lo establece la Ley, y no presentó el dato de los beneficiarios que pidió conocer la diputada del PRD, Fabiola Rafael Dircio.
En otro tema, el secretario de Finanzas consideró “morboso” hablar de aviadores en el gobierno del estado. Indicó que en 2015, había 879 comisionados en diferentes dependencias estatales, y en 2018 sólo quedan 260. Insistió en que los trabajadores están apoyando funciones en otras áreas y siguen asignados en su dependencia de origen.
El diputado del PRI, Jorge Salgado Parra, pidió al funcionario que explicará por qué el gobierno del estado recurrió a un adeudo adicional por 2 mil 950 millones de pesos, y el funcionario aclaró que el empréstito será cubierto en esta misma anualidad, no se dejará como deuda a otras administraciones.
El diputado de Morena, Carlos Castillo Peña, pidió una explicación sobre la operación sobre el Fondo de Previsión Social que se construyó con aportaciones de los trabajadores de la Secretaría de Educación Guerrero, otorgaba créditos de vivienda, y prestados a trabajadores, y que ahora en quiebra.
Pérez Calvo aseguró que el estado ha entregado recursos extraordinarios por casi 900 millones de pesos para pagos y retroactivos para los jubilados o pensionados, que esperaban los beneficios del PPS, evitar inconformidades en Chilpancingo y Acapulco.
Sobre el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), que tampoco tiene fondos para cubrir las indemnizaciones de jubilados y pensionados del gobierno del estado y de los ayuntamientos, aclaró que el organismos es autónomo y se han presentado 17 denuncias ante la ASE, en dos periodos, cuatro ante la FGE, para recuperar los recursos que se adeudan.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jesús Guerrero
