Sandibel Tacuba Bautista denuncia abusos y explotación contra las mujeres campesinas en los campos agrícolas, las cuales deben tener acompañamiento del Estado. Demandan atención sicológica a mujeres víctimas de violencia de género a cargo de las instituciones
Chilpancingo, Guerrero, 9 de mayo de 2023. En el Parlamento de Mujeres Guerrerenses 2023, además de propuestas de reformas y adiciones a leyes en favor de las mujeres y en contra de la violencia de género, se plantearon demandas como el que no haya impunidad a los agresores y a quienes imponen matrimonios forzados a jóvenes y niñas, el acompañamiento a jornaleras agrícolas, y que se garantice la salud a las mujeres indígenas.
Ayer, en el Congreso local se realizó el Parlamento que en otros años se había realizado en marzo en el contexto del Día Internacional de la Mujer.
En tribuna, la parlamentarista Yanet Leyva Salgado presentó una propuesta para la creación de una Defensoría Pública Electoral como un órgano garante con autonomía técnica y operativa auxiliar del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y del Tribunal Electoral del Estado (TEE), al cual planteó que se cree y asigne presupuesto para el próximo ejercicio fiscal el cual también será electoral.
Otra parlamentarista indígena, Sandibel Tacuba Bautista, se refirió a los abusos y explotación que sufren las mujeres campesinas en los campos agrícolas, las cuales, consideró, deben tener acompañamiento por parte del Estado.
De la población me’ phaa, Arlet Bello Solano planteó la misma demanda que en cada parlamento de mujeres, juvenil, infantil, y el más reciente de lenguas originarias, han planteado los representantes de comunidades indígenas, la deficiencia o nulo servicio de salud pública.
Planteó que no hay médicos en zonas rurales e indígenas, pero tampoco infraestructura, y mucho menos especialistas, y el poco personal médico que tienen solo hablan español sin que existan intérpretes “para evitar tragedias”.
Otras propuestas presentadas fueron el que se brinde por parte del Estado atención sicológica a mujeres víctimas de violencia de género, presentada por Evelyn Morales Silvestre. Mientras que Amalian Román Flores planteó que operen de manera más amplia los refugios temporales, y que se apruebe la ley Tres de tres, para que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar pueda tener un cargo de elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno.
La parlamentarista Paola Cisneros Sánchez, propuso tipificar como delito los crímenes de odio en contra de lesbianas, y Diana Elizabetht sanciones a medios de comunicación que se expresen de manera peyorativa de las víctimas de violencia para evitar la revictimización.
Alma Pérez Vargas y Ana Claudia Perea Rojo plantearon tipificar e incrementar las sanciones del acoso sexual escolar cometido por docentes, para lo que se modificarían diferentes leyes, para que también se incluya la educación con perspectiva de género con la que se promocionen los derechos humanos.
Otra propuesta fue la presentada por Aimme Guadalupe Ortega Salgado quien planteó tipificación de las agresiones con ácido en contra de mujeres; Daniela Jiménez Carrasco propuso un protocolo emergente para atender la violencia política de género, medidas de seguridad y seguimiento en todos los órganos de gobierno.
También se presentó una propuesta para que se reforme la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Salud, para que las mujeres que sufren dismenorrea (afección menstrual que produce calambres y dolor frecuentes) se les otorgue suspensión de dos días con goce de sueldo.
En la inauguración, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género la priista Gabriela Bernal Reséndiz dijo en su mensaje que “tan solo el año pasado se reportaron 339 mil 451 llamadas al 911 por violencia de género, y delitos como el homicidio culposo, las lesiones, la extorsión, la corrupción de menores, la violencia de género, feminicidios presentaron un máximo histórico en el 2022, un total 122 mil 111 mujeres fueron víctimas de un delito en este país”.
De las cuales, señaló que el 73 por ciento reportaron haber sufrido algún tipo de lesión “por eso cualquier agresión debe ser señalada y rechazada sin importar de quien venga, sea conocido o desconocido, un agresor no solo hace daño por sí mismo, sino que expande el alcance de un sistema que ha sido tolerado y alimentado muchos años, frente a cualquier agresión respondemos todas”.
También se comprometió a realizar “un análisis profundo” de todo lo que en el parlamento se proponga.
Por su parte la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)Yoloczin Domínguez Serna se refirió a que a pesar de que la Constitución general de la República establecen igualdad entre hombres y mujeres esto aún no es una realidad porque existe todo un catálogo de violencias solo por ser mujeres.
La morenista pidió dos minutos de silencio uno por las mujeres que han muerto a consecuencia de la violencia política de género y otro con el puño levantado “por todas las mujeres que se levantan todos los días para construir su propio destino”.
También estuvieron presentes la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Luz Fabiola Matildes Gama; las consejeras electorales Vicenta Molina Revuelta y Dulce Merari Villalobos Tlatempa; y la magistrada del Tribunal Electoral del Estado Alma Delia Eugenio Alcaraz.
Texto: Rosalba Ramírez García
