Tlapa, Guerrero, a 16 de diciembre de 2024.- A casi tres meses del impacto del huracán John en Guerrero, aún no hay respuesta del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro), Alejandro Zepeda Castorena, ante la pérdida de más de 2 mil 500 sembradíos de maíz, café y otros cultivos, a pesar de haberse comprometido públicamente ante las comunidades de la Montaña a gestionar el recurso necesario.
En el inventario de pérdidas, representantes de los municipios de Acatepec, Atlixtac, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Metlatonoc, Malinaltepec y otros, entregaron en sus manos al titular de la dependencia, la relación precisa de daños agrícolas en 39 comunidades, y le subrayaron la importancia de activar un mecanismo económico y en especie, para resarcir daños por hectárea y para suministrar granos y productos básicos que pudieran evitar lo que más adelante podría convertirse en una crisis alimentaria.
El funcionario estatal se comprometió a gestionar ante su contraparte federal los recursos necesarios para solventar la necesidad, y ofreció respuesta “en dos semanas, pero ya han pasado dos meses y ahora ni siquiera contesta llamadas o mensajes”, aseguró en entrevista Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Los apoyos recibidos en esta zona han sido mínimos, como mínima fue la población censada, y se reducen a un puñado de despensas, láminas o colchonetas, pero sin atención al tema agrícola, a pesar de que el huracán arrasó justo cuando la milpa estaba cargándose de elotes, por lo que se afectó la reserva anual de más de 2 mil 500 familias que vieron devastadas sus parcelas.
La siembra de maíz en la montaña es de temporal y constituye la base de alimentación como lo ha sido por cientos de años. El maíz se cosecha en septiembre, el mes del huracán, y es elemento central en festividades religiosas en las que se agradece que la milpa haya dado el grano, junto al frijol, la calabaza y los quelites. La cosecha se administra hasta el siguiente temporal, por lo que ahora la reserva alimentaria está severamente comprometida ante la indolencia gubernamental.
Jesús Zavala Valerio, de Barrio de Guadalupe, del municipio de San Luis Acatlán, municipio que reportó cerca de 500 familias afectadas en sus cultivos, dijo que “hay mucha gente que está triste, y que está desesperada porque como quiera, por techo en cualquier parte se mete uno, ¿pero para comer?, ahí si no”, en breve charla, y añadió que “aún tenemos confianza de que la presidenta Claudia (Sheinbaum) no nos dejará morir de hambre o andar bien mal tragados”.
La zona de la Montaña está excluida de esta consideración, como lo muestra la información oficial de la Sagadegro, en la que aparece un Diagnóstico agropecuario tras el paso del huracán Jhon, Sierra, Costa Chica, Centro y Acapulco. Es decir, una nueva expresión del olvido crónico.
Por eso, para ciudadanos como Zavala Plácido no hay duda de que sólo con presión la autoridad les atiende, pues hasta ahora, recuerda, escuelas y clínicas, caminos y calles, carreteras y energía eléctrica, y “lo poco que tienen las comunidades, ha sido por luchas y sufrimientos”.
Abel Barrera dijo que sobre cultivos como de afectaciones a viviendas, caminos, energía eléctrica y otros estragos de John, se han celebrado al menos tres reuniones con los tres niveles de gobierno, y que hay un mediano avance, pero que no se ha entendido que la afectación de cultivos es fundamental para la dinámica diaria de la Montaña, por lo que “la gente pide que suba la presión para que haya respuesta, pues no se trata de platicar por platicar”.
Estima el directivo de Tlachinollan, organismo civil que recientemente celebró su trigésimo aniversario, que tanto el gobierno federal como el estatal, carecen de una estructura que dé seguimiento a políticas públicas para la región montañera, y que las reuniones de relumbrón, “como siempre, sólo son para no dejar”, y enseguida, una vez más, el olvido.
Advirtió que, de persistir la desatención, en los próximos meses se verá un incremento migratorio de los jornaleros.
Así, no han sido suficientes oficios, cartas públicas y movilizaciones de diversas agrupaciones para generar una respuesta gubernamental de atención a la pérdida parcial o total de 2 mil 500 parcelas, de igual número de familias.
Texto y foto: Martín Equihua
