Ciudad de México, a 29 de julio de 2026.- La opacidad en la entrega de información sobre fosas clandestinas en México no es un accidente operativo, sino una muestra clara del desinterés del gobierno por garantizar la verdad a las familias de las víctimas, afirma Andrea Horcasitas Martínez, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, y alerta respecto de las inconsistencias u omisiones institucionales: “Lo que esto comunica es que no hay un interés de fortalecer el ejercicio de la transparencia; la desconfianza no es gratuita, se la han ganado con los años, con las malas actuaciones y con la indolencia”.
Los hallazgos del informe Enterrar la verdad. Opacidad en la calidad de la información sobre fosas en México, elaborado conjuntamente por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Data Cívica y Artículo 19, revelan un desplome severo en las obligaciones de acceso a la información pública. A un año de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el monitoreo sobre las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) arroja respuestas cada vez más escasas, incompletas y totalmente inútiles para documentar la magnitud de la crisis de desapariciones en el país.
Pamela Benítez, coordinadora del Área de Datos en Data Cívica, detalla en entrevista con El Sur cómo este ejercicio de seguimiento, iniciado en 2021 para alimentar la Plataforma Ciudadana de Fosas, detectó focos rojos durante la recolección de cifras correspondientes a 2025. “Notamos que los estados dejaron de contestarnos, notamos que las respuestas eran de muy mala calidad, antes no eran perfectas pero ahora eran de peor calidad, y sobre todo nos llamó mucho la atención que ya hay estados que se están reservando la información”, explica Benítez.
Los registros consignados en el diagnóstico confirman el deterioro acelerado del acceso a la información en las fiscalías de justicia del país. Las respuestas clasificadas con buena calidad –aquellas que contienen variables cuantitativas suficientes y detalladas– sufrieron un desplome al pasar de 57.6 por ciento en 2024 a 39.3 por ciento en 2025. Entretanto, las contestaciones deficientes aumentaron en el mismo periodo de 27.3 por ciento a 39.3 por ciento, lo que evidencia un retroceso generalizado en la rendición de cuentas.
A la par del deterioro en los contenidos, ocho fiscalías estatales que habían proporcionado información de manera constante en ejercicios anteriores optaron por dejar de responder en 2025. Pamela Benítez resalta que la curva de evaluación realizada entre 2021 a la fecha muestra que 2025 registró el colapso más severo. “La caída más pronunciada de todas las respuestas, tanto de la calidad como de la capacidad de respuesta de las entidades, justo fue en 2025, el año en que empezó a operar el organismo Transparencia para el Pueblo, porque pasamos de tener un porcentaje de respuesta del 84.4 al 62.5 en tan solo un año”, enfatiza.
Retroceso en las entidades
La eliminación del Inai, dice Benítez, dejó a la ciudadanía y a los colectivos de búsqueda sin herramientas legales eficientes frente a la negativa de las autoridades. Se trata de “un retroceso gigantesco – lamenta Benítez–. Ya no contamos con este órgano descentralizado que podía intervenir cuando los estados simplemente no responden o mandan enlaces rotos”. Ahora las autoridades “pueden darse el lujo de ya no contestar y listo”.
Entre las entidades con los retrocesos más drásticos destaca Quintana Roo, que pasó de sostener una calificación perfecta de 10 en 2024 a no entregar ninguna información útil para 2025. Asimismo, en Baja California las autoridades tomaron la determinación de clasificar y reservar por un periodo de cinco años toda la información relacionada con los datos de fosas clandestinas, a pesar de haber mantenido una conducta constante de respuesta desde 2021.
El informe también documenta abiertas contradicciones y dilaciones fuera de los plazos legales por parte de las fiscalías locales. La Fiscalía de Nayarit, por ejemplo, respondió con dos meses de retraso a las solicitudes presentadas para el informe y terminó reportando cero fosas clandestinas en 2025. Esta cifra entra en directa contradicción con los propios registros históricos de la propia institución, que reportó 41 fosas clandestinas en la entidad entre 2018 y 2024.
Andrea Horcasitas menciona al El Sur la grave incertidumbre que generan las respuestas oficiales: “De un año a otro, la misma fiscalía se contradijo en la información que entregó, y esto es muy preocupante porque pone en duda toda la información que las fiscalías nos han entregado hasta ahora; si entre las mismas fiscalías se están contradiciendo, ¿qué nos garantiza que la información sea certera?”, cuestiona.
El encubrimiento de datos se apoya en una amplia variedad de barreras burocráticas y legales empleadas por los estados para eludir sus responsabilidades básicas. El diagnóstico identificó que entidades como Colima canalizan las peticiones a enlaces de internet completamente inactivos, mientras que Guanajuato remite a portales institucionales que carecen del desglose necesario para identificar con precisión la ubicación o existencia de entierros clandestinos.
Morelos acumula cuatro años consecutivos sin responder a los requerimientos de información pública, mientras que Hidalgo declaró su absoluta incompetencia ante las peticiones.
La Fiscalía de Ciudad de México evade el registro manifestando que la definición técnica de fosa clandestina no existe formalmente en su normativa local. Usa, en opinión de las entrevistadas, el lenguaje jurídico como un escudo para evitar la documentación de hallazgos.
Enfrentar el vacío y la opacidad oficial
La manipulación o falta de datos por parte de las autoridades se traduce en una afectación directa hacia las víctimas de la crisis de desapariciones en México. Andrea Horcasitas califica el actual panorama como un estancamiento prolongado y perjudicial: “Si no tenemos registros precisos, es complejo poder reconstruir la historia y lo que ha ocurrido con el paradero de las personas”.
A las omisiones de los gobiernos estatales se suma el incumplimiento del marco federal vigente en materia de búsqueda e identificación forense. A casi una década de la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, señala Horcasitas, la FGR sigue sin cumplir la obligación estipulada en su artículo 48, el cual exige la publicación de un Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas.
Por otra parte, la falta de coordinación institucional entre el fuero federal y los fueros locales agrava las inconsistencias de la información pública disponible: “Los números de la Fiscalía General no corresponden a los números que entregan las fiscalías estatales, lo cual indica que no hay una comunicación entre las partes cuando por ley la FGR debería tener la información de las locales”, subraya Horcasitas.
Esta constante omisión, remarca, representa una carga desproporcionada sobre los colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas. Aparte de tener que encarar el trabajo físico de localización en campo debido al abandono de las autoridades, quienes buscan a sus seres queridos ahora se ven forzados a reconstruir la información que las instituciones omiten, ocultan o entregan de forma deficiente.
Pamela Benítez califica esta actitud gubernamental como un fallo institucional que deja sin amparo a los ciudadanos que ejercen el derecho a saber: “Cuando las instituciones entregan oficios que omiten información útil y sólo se limitan al ejercicio formal del derecho, están debilitando la rendición de cuentas, particularmente cuando estamos hablando de información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos”.
La investigadora de Data Cívica enfatiza que el acceso a la información sobre fosas clandestinas no es una concesión voluntaria del Estado, sino una obligación legal reforzada: “El acceso a la información sobre fosas debe garantizarse conforme a los principios de máxima publicidad, calidad y accesibilidad; las interpretaciones restrictivas y las respuestas fragmentadas reducen la eficacia del derecho a saber de todos”.
El impacto de este desmantelamiento institucional, agrega, se agudizó tras las reformas presupuestales aplicadas a la estructura encargada de tutelar la transparencia en el país. Con el cierre del Inai y la puesta en marcha de Transparencia para el Pueblo, los recursos financieros destinados a la gestión y garantía del derecho a la información sufrieron una drástica reducción en la práctica.
Esta pérdida de recursos, explica Andrea Horcasitas, no fue producto del azar ni un imprevisto administrativo, es el resultado de políticas gubernamentales deliberadas. “Con la desaparición del Inai se redujo 52 por ciento el presupuesto para operar Transparencia para el Pueblo, y esa es una decisión que se toma desde el Estado; lo que eso comunica es que no hay un interés de fortalecer el ejercicio de la transparencia”, sostiene la coordinadora de la Ibero.
Ante el cierre de datos oficiales, monitorear
A pesar del entorno adverso y las crecientes barreras gubernamentales, las organizaciones civiles aseguran que no suspenderán el rastreo de fosas clandestinas. El equipo interdisciplinario continuará sistematizando los hallazgos que logren recabar para sostener la Plataforma Ciudadana de Fosas, integrando reportes periodísticos y la reducida información oficial que aún se entregue.
Pamela Benítez aclara cómo responderá la plataforma ciudadana ante el cerco informativo impuesto –en la vía de los hechos– por la mayoría de las fiscalías del país: “La vamos a seguir actualizando con los datos que tengamos y vamos a hacer la especificación de que no hay datos de todas estas entidades; si nada más tenemos siete estados que nos respondieron, actualizamos los siete estados y creo que la respuesta está implícita ahí: no es que no haya fosas en los demás estados, es que no lo sabemos porque no nos quieren decir”.
Las organizaciones anunciaron que en octubre de 2026 presentarán la actualización pública de los datos correspondientes a los hallazgos de fosas clandestinas registrados durante 2025. Este esfuerzo ciudadano busca contrarrestar la narrativa oficial y documentar la dimensión real de la crisis forense ante el constante ocultamiento de datos por parte de las autoridades.
El informe concluye con un llamado directo a las autoridades salientes y entrantes para reasumir las obligaciones legales de transparencia pasiva y activa. Para las organizaciones y colectivos, restituir el acceso completo a los expedientes y registros sobre fosas es una condición mínima para garantizar el derecho a la verdad, la rendición de cuentas y la justicia en favor de las familias de las víctimas.
Andrea Horcasitas recuerda que la responsabilidad recae de forma “ineludible” sobre las instituciones de procuración de justicia: “Es indispensable que el Estado nos cumpla con lo que está en la ley; frente a un hallazgo forense, el Estado tiene que hacerse responsable y hacerse cargo”.
Texto: Guillermo Rivera
