El abogado de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa responde que comenzaron a señalar la responsabilidad del Ejército cuando tuvieron pruebas, a partir de 2021 y 2022. Insiste en que se debe investigar que un testigo declaró que 25 estudiantes fueron llevados al 27 Batallón de Iguala donde fueron torturados y algunos murieron. Irán a la reunión del 29 con el presidente sin muchas expectativas, sólo para presentarse con Claudia Sheinbaum, dice
Chilpancingo, Guerrero, 24 de julio de 2024. El informe que entregó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, demuestra que el actual gobierno no investigó nada del caso, y, como consecuencia, no hubo avances, “por el contrario, hubo retrocesos”, declaró el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra.
“Es un informe del cual se tenían expectativas muy amplias. Se creía que se iban a presentar resultados, sobre todo porque se trata de un informe que se está rindiendo en la última recta de este gobierno y se esperaba que hubieran novedades respecto al paradero de los jóvenes”, dijo.
Sin embargo, agregó que “vemos que es todo lo contrario, es un informe con nulos resultados”.
Explicó por teléfono que en este documento sólo se enumeran 15 entrevistas que se hicieron con personas detenidas, 280 excavaciones en las búsquedas, 45 acciones judiciales y una ley de amnistía, “esa es la novedad que nos trae el informe”, cuestionó, el abogado.
Criticó que esas acciones no están seguidas de resultados, “es decir, las entrevistas y la ley de amnistía que tendría por objetivo encontrar información del paradero de los estudiantes, en el informe no se da cuenta de ello”.
Indicó que lo importante, sería que se informara cuántos testigos dieron información y si esa información derivó en resultados tangibles, “pero no hay nada”.
Precisó que de la ley de amnistía, hasta ahora, no se han visto los resultados, “no se ha dicho en qué resultados ha derivado, cuántos testigos tienen y si ya se rompieron los pactos de silencio”.
“Lo que sí venos en el informe, es un alegato demente del presidente de la República en defensa del Ejército mexicano, exculpándolo totalmente de su responsabilidad en el caso Ayotzinapa”, reprochó Rosales.
Indicó que en su narrativa insiste que el Ejército no tiene responsabilidad, que no hay pruebas en su contra y que, más bien, hay intereses de organizaciones y de gobiernos extranjeros, así como de las organizaciones sociales del país y de abogados “que queremos afectar al Ejército mexicano”.
Con respecto al señalamiento del presidente de que cuando pidieron las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no se señaló al Ejército de su participación y que ahora sí, Rosales Sierra explicó que no lo hicieron porque en ese momento no tenían elementos de prueba en su contra.
Recordó que las medidas cautelares las pidieron del 27 al 30 de septiembre de 2014, “y en esos momentos era lo que jurídicamente teníamos que hacer, y desplegamos esos actos legales sólo para salvaguardar la vida de los estudiantes”.
Explicó que los elementos de prueba en contra del Ejército surgieron en el curso de la investigación, a partir del 2021 y 2022, “cuando empieza a encaminar la investigación fueron saliendo los hilos que nos condujeron a la responsabilidad militar y se fue haciendo el señalamiento y hoy, si se señala, es porque existen y tenemos los elementos”, insistió.
Entre estos elementos reiteró el hecho de la infiltración de dos estudiantes en la Normal de Ayotzinapa, y que desde la salida de la Normal en Tixtla los soldados infiltrados estuvieron reportando las actividades.
“Y no es verdad lo que se dice en el informe que ellos tenían permiso para estudiar, hay elementos de prueba de que estos soldados estuvieron haciendo reportes, hay una bitácora de las actividades que estuvieron informando a sus superiores”.
Aseguró que nunca dejaron de pertenecer al Ejército y que siempre se estuvieron reportando, y en este caso su superior jerárquico estaba en las instalaciones del 50 Batallón de Infantería de Chilpancingo, “hay nombres y datos concretos, esta no es una aseveración política, sino que esos datos están en la investigación, si hubieran sido estudiantes con permiso, ¿por qué iban a estar haciendo reportes semanales?, cuestionó.
Dijo que los reportes de estos militares infiltrados se hacen hasta cuando los estudiantes ya van saliendo de la Normal de Ayotzinapa, pero ya no se tienen los que hicieron durante las agresiones a los estudiantes, y que es esa información la que también están requiriendo, “es decir, lo que reportaron en el momento crítico”, pero hubo un corte deliberado de la información que estaban reportando, denunció el abogado.
El abogado agregó que otra prueba en contra del Ejército es que ellos (los militares) intervinieron las comunicaciones de perpetradores claves de la desaparición de los estudiantes, como Francisco Salgado Valladares, el ex jefe de la Policía de Iguala.
“El Ejército pudo escuchar a perpetradores y a otras personas que están hablando de lo que estaba ocurriendo esa noche del 26 de septiembre en Iguala”, dijo.
Incluso, informó que en el último documento que les dio el gobierno se señala que al menos 11 normalistas fueron llevados a una fosa en la colonia del Sol de Iguala. Indicó que esta es información que salió del Ejército la noche del mismo 26 de septiembre.
Texto: Zacarías Cervantes
