Tras informe de ONU que asegura que 34 procesados por el caso han sido torturados, padres de los 43 informaron que no aceptarán esa verdad.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Jesús Eduardo Guerrero, Archivo El Sur
Ciudad de México, 16 de marzo de 2018. Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) a conducirse con legalidad en la investigación sobre la desaparición forzada.
En conferencia de prensa, agradecieron los hallazgos del informe “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de Derechos Humanos en la investigación del caso Ayotzinapa” de la ONU-DH, donde se documenta que 34 procesados fueron torturados y uno fue ejecutado.
“Nosotros no vamos a defender a ningún delincuente que esté detenido, pero tampoco queremos la verdad bajo tortura”, expresó Mario González, padre de César Manuel González.
“No se puede construir una verdad bajo tortura. No tiene sustento. Seguimos exigiendo al Gobierno federal la verdad de dónde están nuestros hijos”, añadió Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete.
Reunidos en las instalaciones del Centro ProDH, coincidieron en que no se darán por vencidos hasta agotar todas las instancias jurídicas que les permitan conocer la verdad sobre lo ocurrido con sus hijos.
También reiteraron su rechazo a la “verdad histórica” propuesta en su momento por el ex Procurador Jesús Murillo Karam, que sugiere que los jóvenes fueron asesinados y quemados en el basurero municipal de Cocula.
El abogado Vidulfo Rosales agregó que todas las declaraciones de los procesados que defienden dicha hipótesis fueron obtenidas mediante tortura, por lo que no tienen credibilidad ante los padres y madres de los normalistas.
“Ya está científicamente comprobado que no ocurrieron tales hechos. Ya les derrumbaron su verdad histórica. Sí hubo incendios, pero no la madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014. Le están apostando al olvido”, reclamó Clemente Rodríguez, padre de Christián Alfonso Rodríguez.
Los padres y madres consideraron que el informe de Naciones Unidas comprueba que la “verdad histórica” es una mentira que busca proteger a los elementos del Ejército, Marina, Policía Federal y policías municipales que, según las investigaciones de organismos internacionales, estuvieron involucrados con los hechos.
Sentados ante una mesa donde colgaban las imágenes de los jóvenes desaparecidos, las familias descartaron como irrelevante la reciente detención de Erick Sandoval Rodríguez, “La Rana”, quien está ligado con la desaparición.
“Eso para nosotros no es relevante, para nosotros sería relevante que agarraran a los tres policías federales, a Iñaki (Blanco, Procurador de Guerrero), a (Ángel) Aguirre. Este tipo solo apunta al basurero de Cocula”, señaló Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez.
Mario Patrón, director del Centro ProDH, alertó que el Gobierno de Enrique Peña se acerca a la responsabilidad internacional por las diversas violaciones en la investigación y la fabricación del caso.
Rosales dio su voto de confianza al Gobierno federal para que, en los últimos meses de la Administración, detenga a los agentes federales ligados al caso y atienda las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI).
Por último, los familiares de los normalistas urgieron a los candidatos presidenciales a pronunciarse sobre el caso y definir el rumbo que llevaría la investigación, en particular sobre los agentes federales involucrados.
Uno de los crímenes más atroces
Por su lado, Amnistía Internacional (AI) urgió al gobierno mexicano a implementar “de manera oportuna y efectiva” las 15 recomendaciones formuladas en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en particular las relativas a establecer un sistema “auténticamente independiente e imparcial” de investigación penal sobre el caso Ayotzinapa.
Ello, luego del informe condenatorio publicado la víspera por la ONU sobre la investigación realizada por el gobierno mexicano en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas en septiembre de 2014.
En dicho informe se revela la detención arbitraria y la tortura de sospechosos; la manipulación y ocultación de pruebas, y se subraya la necesidad urgente de reformar las investigaciones penales llevadas a cabo en México.
Por ello AI considero que “el gobierno mexicano debe abrir de inmediato una investigación independiente y exhaustiva basada en las conclusiones de este informe”.
Y subrayó:
“Todos los funcionarios públicos sospechosos de estar implicados en actos de tortura u otras violaciones de derechos humanos deben ser suspendidos de su puesto en espera de los resultados de la investigación”.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI recalcó que las conclusiones de la ONU confirman lo que activistas y organizaciones de derechos humanos llevan años exponiendo y denunciando: “el uso generalizado de la tortura por parte de las autoridades mexicanas y la manipulación de pruebas para encubrir terribles violaciones de derechos humanos y garantizar la impunidad de sus autores.
La investigación “indignantemente deficiente sobre uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de México”, dijo, lustra la manera en que las autoridades abusan del sistema judicial y cómo se niegan a hacer frente a las violaciones de derechos humanos.
AI recordó que el 26 de septiembre de 2014, la policía atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, sin que a la fecha se conozca su paradero, mientras que otros tres estudiantes y tres transeúntes murieron.
Desde entonces, siguió, los expertos internacionales han echado por tierra repetidamente la teoría planteada por la Procuraduría General de la República (PGR), según la cual la policía municipal entregó a los estudiantes a miembros de una banda local de narcotraficantes, quienes los asesinaron, quemaron sus cadáveres en un vertedero en la cercana Cocula y arrojaron sus cenizas al río San Juan.
El informe publicado el jueves por la OACNUDH, abundó, “muestra que la investigación de la PGR implicó múltiples violaciones de derechos humanos”, entre ellas 34 casos de detención arbitraria y tortura, y la posible ejecución extrajudicial de un sospechoso, Emmanuel Alejandro Blas Patiño, muerto presuntamente por tortura a manos de miembros de la Armada el 27 de octubre de 2014.
“La OACNUDH también revela cómo las autoridades mexicanas violaron los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, pues documenta irregularidades en la investigación en el río San Juan y la obstrucción de una investigación interna sobre detenciones ilegales a manos de agentes de la PGR”, señaló AI.
