En la reunión con representantes del gobierno del estado y de las fuerzas armadas que integrarán la Guardia Nacional, informa que van 26 vecinos de la sierra ejecutados por el grupo criminal que ahí impera.
Tecpan, Guerrero, 5 de diciembre de 2018. En la reunión con representantes del gobierno del estado y de la fuerzas armadas que integrarán la Guardia Nacional: Ejército, Marina y Policía Federal división Gendarmería, integrantes de la Policía Ciudadana de cinco municipios limítrofes de las regiones Tierra Caliente y Costa Grande manifestaron que no se van a desarmar, y que mantendrán retenes con armas de grueso calibre en la sierra de Petatlán para contrarrestar la violencia de la delincuencia organizada.
Los funcionarios coincidieron en indicarles que ninguno estaba facultado para autorizarles tal situación que está fuera de la ley, pero les respondieron que “nos atenemos a las consecuencias porque se trata de defender nuestras propias vidas y la de nuestras familias”.
La reunión inició al mediodía en la escuela primaria de la comunidad Santa Rosa y duró poco más de 4 horas y media.
El lunes vecinos e integrantes de esta nueva Policía Ciudadana bloquearon 8 horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, cerca de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana, donde exigieron la intervención de la Guardia Nacional para detener la violencia que viven en la zona serrana.
Ese lunes en la noche fueron atendidos por el delegado regional de Gobierno con sede en Tecpan de Galeana, Juan Méndez Nogueda, y un representante de la Policía Federal Preventiva división Caminos, quienes se comprometieron a que este martes tendrían una reunión con representantes de la Guardia Nacional, integrada por la Marina, el Ejército y la Policía Federal división Gendarmería, así como funcionarios federales, estatales y municipales relacionados con la seguridad.
Aunque la hora acordada para la reunión este martes fue a las 10 de la mañana, los integrantes de la Policía Ciudadana volvieron a bloquear de manera intermitente la carretera nacional desde las 6 de la mañana dando el paso a los vehículos cada 15 minutos, pero la dejaron libre a las 9, cuando llegaban los funcionarios.
La reunión inició al mediodía en la escuela primaria de la comunidad de Santa Rosa, fue coordinada por el delegado de Gobierno, Juan Méndez Nogueda, y estuvieron el delegado de la Dirección Gobernación estatal con sede en Tecpan, Virgilio Abarca Sánchez, la síndica procuradora de Tecpan, Magna Guadalupe Ríos Caro, el agente titular del Ministerio Público federal en Zihuatanejo, José Virgilio Teutle Mendoza, el inspector de la Policía Federal de Caminos en Tecpan, Héctor Peña Nicolás, el coordinador regional de Seguridad Pública estatal en la Costa Grande, Pedro Castro Muñoz, y el representante de la delegación estatal de Gobernación, Juan Moreno Barrios.
También estuvo el coordinador regional de la Marina Guardia Nacional, Jorge Daniel Bernal Lara, el titular del Ministerio Público del fuero común de Tecpan, Agustín Peña Fajardo, el inspector de la Policía Militar, Gustavo Chacala y el suboficial de la Policía Federal Gendarmería, Said Ruiz Flores.
De la Policía Ciudadana, que se informó está adherida a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), llevaron la batuta Guillermo Díaz Espino, Víctor Espino Cortés e Ignacio Chávez Arreola.
Acudieron 36 comunidades de la sierra de Petatlán y dos ejidos de Coyuca de Catalán, informan
Durante la exposición de los motivos por los que se formó la autodefensa, Ignacio Chávez dijo que en esos momentos se encontraban representando a 36 comunidades de la sierra del municipio de Petatlán y a dos ejidos limítrofes del municipio de Coyuca de Catalán, El Durazno y San Antonio de las Tejas, conformados “por muchas comunidades”.
Informó que un grupo de la delincuencia organizada asentado en la parte poniente de la sierra de Petatlán, desde hace meses asesina, secuestra, desaparece personas, roba ganado, quema ranchos, cobra piso, y envenena alimentos para provocarles la muerte a los habitantes de esas comunidades, entre otros ilícitos, sin que las autoridades los detengan.
Expuso que debido a lo grave de la situación de inseguridad decenas de familias han tenido que dejar sus comunidades “sólo con la ropa que traen puesta”, para poder salvaguardar sus vidas.
Apuntó que a consecuencia de las localidades abandonadas sólo en este año se han perdido “más de cien toneladas de aguacate y más de cien toneladas de manzanas orgánicas”, que son parte de los productos que cultivan en la parte alta de la sierra.
Dijo que el lunes en Santa Rosa recibieron una amenaza del jefe del grupo delincuencial en el sentido de que si las mujeres de esa zona de la sierra acudían este martes a la cabecera municipal de Petatlán a cobrar el dinero de un programa de gobierno, las matarían a ellas y a sus niños.
Enseguida pidió a los funcionarios que escucharan los testimonios de las víctimas de los criminales, que han asesinado a unos 26 habitantes de la sierra, según el registro que ellos llevan.
Algunos vecinos de la sierra expusieron a llanto abierto, cómo por presuntas órdenes del jefe criminal les han matado a sus hijos porque se negaron a formar parte de la organización criminal, y cómo ellos han tenido que huir dejando atrás su patrimonio producto de muchos años de trabajo.
Otros contaron cómo los delincuentes han llegado a sus casas y les quitan las tejas para llevárselas, uno más dijo que mataron a sus hermanos porque se negó a pagarles una cuota de 100 mil pesos que le exigían.
Otro contó que su hermano fue sacado de su casa y desde hace un mes se desconoce su paradero, a algunos más les han robado su ganado y los sicarios se han quedado con sus tierras y sus casas.
Coincidieron en que se cansaron de ser víctimas de todos esos abusos y se organizaron para defender sus vidas, ya que las corporaciones policiacas pese a que conocen la inseguridad que se vive en la sierra, no han intervenido para detener al jefe criminal, del cual dieron detalles de dónde puede ser localizado, al tiempo que consideraron inverosímil que no haya podido ser detenido, “no estamos diciendo que estén coludidos, pero no han podido acabar con esta inseguridad”.
Uno de los campesinos expresó que con la inseguridad que se vive en la sierra, principalmente en el ejido El Durazno, el jefe criminal tiene la vista puesta en que toda esa zona “se quede sola” para explotar los recursos maderables de ese núcleo agrario, que cuenta con 1 millón de metros cúbicos de madera en rollo, la cual “vendida en Papanoa cuesta mil 700 pesos el metro cúbico, estamos hablando de miles de millones de pesos que piensa sacar si se queda con toda nuestra madera, por eso anda matando a la gente”.
También expusieron que en la sierra hay comunidades que ya no tienen maestros ni doctores, y las pocas familias que quedan allá han preferido mandar a otros lugares a sus hijos varones para que no sean obligados a integrarse al grupo criminal.
Uno de los campesinos se dolió de la ineficiencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), contó que desde hace un año que le mataron a su hijo ha dado vueltas en la agencia del Ministerio Público en Coyuca de Catalán y no han girado una orden de aprehensión en contra de los autores intelectuales y materiales del asesinato. Lamentó que hay justicia sólo para quienes tienen el dinero para conseguirla.
Otro señaló que requieren de nueva cuenta los documentos de sus tierras y demostrar que son los legítimos dueños, pues al salir de sus lugares de origen no tuvieron posibilidad de traérselos consigo.
Tienen que poner la denuncia, responden las autoridades y ofrecen un módulo móvil del MP en Santa Rosa
Los funcionarios dijeron que para que puedan intervenir en los homicidios tienen que poner una denuncia ante la Fiscalía General, y en ese punto durante varios minutos se enfrascaron en un intercambio de comentarios respecto a la ineficiencia de los agentes del Ministerio Público para procurar justicia pronta y expedita.
Luego, el delegado Juan Méndez informó que se autorizó que durante dos días a partir de este miércoles un módulo móvil del MP estará en Santa Rosa para registrar todas las denuncias por homicidio y demás delitos por los cuales se sientan agraviados.
Asimismo, también por dos días estará un módulo con servidores públicos del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria atendiéndolos en esta localidad para que puedan recuperar sus documentos.
Enseguida Méndez Nogueda les pidió que fijaran su postura respecto a su decisión de conformar una Policía Ciudadana, pues indicó que aunque estén adheridos a la UPOEG carecen de legalidad, ya que las policías comunitarias consideradas en la Ley 701 sólo son para un territorio especial del estado (la Costa Chica-Montaña donde opera la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias –CRAC-), “y ustedes están fuera de ese territorio”.
Uno de los representantes comentó que lo que buscan es coordinarse con la Guardia Nacional para hacer frente al grupo delincuencial que tiene asolada esa región.
Expuso que están cansados de la inseguridad en la que viven y que sólo tienen dos propuestas: trabajar en coordinación con la Guardia Nacional, “porque nosotros sí sabemos y conocemos por dónde se mueve esa gente”, o que los dejen hacerle frente ellos mismos, “nosotros ya nos conformamos como Policía Ciudadana y retroceder significa la muerte”.
Pidieron que además de buscar una coordinación con la Guardia Nacional se revise la situación legal de los policías municipales de Petatlán, pues aseguraron que esa corporación no sirve a los intereses del pueblo, sino a los del grupo criminal, al tiempo que consideraron que policías que no estén acreditados ni evaluados por los exámenes de control de confianza no pueden trabajar como tales.
Admitieron que quizás ellos como Policía Ciudadana no están constituidos de manera legítima, por lo que pidieron que sean asesorados para poder defender sus vidas, las de sus familias y su patrimonio.
Este viernes tendrán una reunión con asesores jurídicos del gobierno federal en las oficinas de la Policía Federal en Acapulco, según acordaron.
El coordinador de la Guardia Nacional dijo entender como ciudadano y como militar la situación de inseguridad que están padeciendo, pero que no pueden coordinarse con ellos como Policía Ciudadana pues esa figura no está en la nueva ley de la Guardia Nacional, pero ofreció que “como ciudadanos” sí se pueden coordinar aportando información sobre los lugares en dónde encontrar al grupo criminal para combatirlo.
La respuesta que obtuvo fue que no van a dejar las armas, sino que harán retenes de vigilancia en la sierra, “con el mismo calibre de armas que trae esa gente, ellos traen rifles AK-47, AR-15, calibre 50”, y que están dispuestos a atenerse a las consecuencias, “lo que estamos pidiendo es que ustedes nos ayuden y nosotros ayudarlos para que ya se acabe toda esta violencia”, por lo que acordaron que mientras resuelven la situación legal, “como ciudadanos” aportarán información a la Guardia Nacional para que acuda a la sierra a combatir a los hombres armados, “vamos a buscar la legalidad, pero mientras tanto, nos vamos a defender”.
Enseguida los funcionarios aseguraron que seguirán reuniéndose con ellos para darle seguimiento al tema de inseguridad en la sierra de la Costa Grande y la Tierra Caliente.
Texto y foto: Brenda Escobar
