Texto: Redacción / Fotos: Arturo Pérez Alfonso, Cuartoscuro. En la portada, maestros de la CNTE apoyados por ciudadanos se enfrentan con Policías Federales que pretenden retirar un bloqueo carretero, en el marco de lucha en contra de la Reforma Educativa, el 19 de junio de 2016, en Nochixtlán, Oaxaca.
Ciudad de México, 28 de septiembre de 2018. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el caso de Nochixtlán sigue sin ser aclarado y está lejos de que se haga justicia.
Así lo afirmó el representante adjunto en México del Alto Comisionado de la ONU, Jesús Peña Palacios en el marco del Informe Ciudadano, “Bajo ataque. Los derechos Humanos en Oaxaca”, que tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO).
Peña Palacios abundó que el caso también sirve para ahondar en las demandas establecidas desde la oficina del Alto Comisionado, al respecto de la urgencia de un marco que regule el uso de la fuerza policial que debe sujetarse a los más altos estándares internacionales.
El 19 de junio de 2016, policías federales desalojaron a profesores y padres de familia que se manifestaban en el municipio de La Asunción Nochixtlán, por las reformas educativas impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El operativo dejó como resultado ocho personas muertas, 226 civiles lesionados, de los que 84 fueron heridos por arma de fuego de acuerdo con datos del informe.
“La respuesta del gobierno federal fue atribuir el ataque a los propios manifestantes; incluso negó que sus agentes fueran armados”, informa el documento producto del trabajo de organizaciones de la sociedad civil.
Luego de dos años de los hechos, “todo permanece impune tanto en el ámbito estatal como en el federal”.
Estos casos envían un mensaje peligroso a la población: “La impunidad en sí misma es terrible porque niega el derecho a la justicia, pero además encía un mensaje a los agresores de que decir, amenazar, agredir, asesinar sale gratis”.
El adjunto dijo que la impunidad representa una garantía de repetición y escalamiento de agresiones, “por ello combatir la impunidad es la mejor medida de prevención que puede haber”, afirmó.
Concluyó que la defensa de los derechos humanos debe hacerse desde las políticas públicas porque atiende a una lógica de prevención y tiene justificación porque su objetivo es transformar las estructuras políticas, económicas, culturales y sociales, lo que implica atender las causas y no sólo las consecuencias.
